terremotos de 1987

Recordar las catástrofes pasadas no significa rememorar los malos momentos que vivió un sector, sino de prestar atención a las fallas para evitar accidentes futuros. Hace 28 años, en marzo de 1987, Ecuador experimentó dos terremotos que ocurrieron en las faldas orientales de los Andes, en la provincia de Napo, uno de ellos a 25 km al norte del volcán El Reventador.

El libro “Los Terremotos del Ecuador del 5 de marzo de 1987”, de Minar Hall, recoge algunos datos importantes de las consecuencia que trajo esta catástrofe, tanto a nivel económico como social.

De acuerdo con Hall, el saldo final que produjo estos movimientos telúricos fue de 1.000 muertos, 60 mil viviendas dañadas, bloqueo de ríos y cerca de 1.000 millones de dólares en daños materiales. Sin embargo, las mayores pérdidas no se dieron directamente por los sismos, sino por los deslizamientos de tierra e inundaciones que provocaron los terremotos.

Más allá de las lamentables pérdidas humanas, cerca de 40 km de la tubería del oleoducto (crudo) y Poliducto (propano) Trans-Ecuatoriano fue destruido por la avalancha de escombros, así como la única vía que unía Quito-Lago Agrio, hacia los bosques y campos petroleros del Oriente.

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¿Cómo afecto los terremotos de 1987 a la economía del país?

terremotos de 1987
Campamentos provisionales para los damnificados de los terremotos de 1987 (Imagen de Renee Bafalis/USAlD/OFDA).

“El daño de estas tuberías fue tan severo y tan amplio que tuvo un impacto económico devastador en la nación, con posibles repercusiones a nivel mundial”, manifestó Hall en su libro. Y es que aproximadamente 40 km de la tubería del oleoducto de 498 km de longitud tuvo que ser reconstruida, lo que la convirtió –en palabras de Hall- en “la falla más grande de una sola tubería en la historia”.

En 1987, los campos de petróleo generaban cerca del 60% de las ganancias del país por exportación de crudo, y el oleoducto Trans-Ecuatoriano (1972) era el principal medio de transporte de petróleo en Ecuador. Por lo tanto,  la pérdida de esta parte del oleoducto privó al Estado de dichas ganancias, teniendo un efecto dramático en la economía del país.

Según Hall, la pérdida total de ingresos -previo a que fuere reconstruido el oleoducto- fue de aproximadamente 800 millones de dólares, sin contar los otros 50 millones que costó repararlo. Incluso, según datos de la época, el Producto Interno Bruto (PIB) del país cayó en 6%.

Ante este hecho, el Gobierno del entonces Presidente de la República, León Febres-Cordero, tuvo que tomar medidas extremas para amortiguar las pérdidas, lo que incluyó la suspensión temporal del pago de la deuda externa y el aumento del precio del combustible.

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