La inseguridad que sienten millones de inquilinos a la hora de gestionar sus alquileres en Europa preocupa a los máximos organismos continentales. Según los datos oficiales que maneja el Parlamento Europeo, el 40% de los ciudadanos de la UE ―unos 180 millones de personas―, viven de alquiler. Un colectivo, el de arrendatarios, en que son mayoría los jóvenes; y no por vocación, sino por falta de músculo económico para afrontar la compra de una casa. Para combatir esta incertidumbre, un informe que previsiblemente aprobará en breve el legislativo comunitario alienta a los Estados miembros a que condenen las prácticas abusivas que empujan a muchos inquilinos a vivir en “condiciones inadecuadas, inseguras o insalubres”.
La Eurocámara también insta a aumentar la transparencia en el sector del alquiler privado a través del refuerzo de la legislación nacional de cada país. Este sostén adicional, que reclama igualmente para los propietarios la defensa del derecho a la propiedad privada, se incluye, junto a otras demandas (mejorar la oferta, atenuar la burocracia, y movilizar más recursos económicos europeos) en un documento elaborado por la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión. El texto, cuyas líneas maestras se han presentado este viernes en Madrid, será sometido a votación en Bruselas en el pleno del próximo 10 de marzo.
El informe, en el que han participado partidos de distinto espectro y que cuenta con aval de los dos grupos mayoritarios, concentra en sus 95 páginas distintos elementos que dibujan el verdadero tamaño de la crisis de vivienda que asola a Europa. El marco sobre el que se encuadran las distintas actuaciones nace de la imperiosa necesidad de aumentar el parque inmobiliario actual. La Comisión sitúa en los diez millones de viviendas el déficit actual para todo el continente. Esta escasez ha provocado que los precios de las compraventas aumentaran un 61% entre 2010 y 2025; al tiempo que los alquileres los hicieron un 29% durante ese periodo, también según datos oficiales. El cóctel ha derivado en que la edad de emancipación en Europa se haya estancado en los 26 años; una cifra que en España crece hasta los 30.
Es por este atasco que los inquilinos se han visto, en muchos casos, atrapados en una espiral inflacionista sobre la que el Parlamento Europeo quiere ahora intervenir. Si bien todas las recomendaciones que concentra el informe no tienen mayor vocación que la de actuar como una guía para los Estados miembros, donde residen las competencias en la materia, estas deberán pasar antes el filtro del Pleno. La votación en la Eurocámara se espera dentro de dos semanas y el texto llega con consenso de populares y socialdemócratas. “Es un éxito que seamos capaces de aprobar una visión conjunta”, ha celebrado Borja Giménez, eurodiputado del Partido Popular Europeo, y miembro de la comisión especial que ha elaborado el informe. “Es una visión complementaria que tiene que servir de base para que se den los pasos que son necesarios”, ha añadido.
Información desactualizada
“El informe está lejos de ser perfecto, pero hay aspectos positivos que queremos poner en valor y que salgan adelante”, ha apuntado Alicia Homs, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y miembro también de la comisión. “Creíamos que había que reforzar el papel de los inquilinos. La gente joven en su mayoría viven de alquiler y están, además, compartiendo pisos. Este es un problema que afecta gravemente a la desigualdad social”, ha explicado. El borrador inicial del informe fue criticado por centrarse en soluciones centradas en los propietarios, aunque en esta versión definitiva se ha recogido la defensa de los derechos de ambas partes.
Corregir la falta de información fiable y actualizada sobre la situación real del mercado de la vivienda es la espita por la que debe pasar la aplicación de cualquier medida política dirigida a combatir esta crisis. Esta reflexión, compartida por muchos agentes del sector inmobiliario, ha llegado también hasta el Parlamento Europeo. La propuesta para enfrentar el problema es la de otorgar a Eurostat, la oficina estadística comunitaria, el papel de recopilar, armonizar y difundir los datos de vivienda de la UE.
Junto con esta reformulación, el informe también propone la creación de una plataforma digital europea específica, gestionada con datos de Eurostat; la publicación de un informe anual europeo de la vivienda organizado con estos datos; y nuevos proyectos piloto en materia de estudios liderados por la Comisión. “Sin datos estamos ciegos para poder implementar políticas”, ha reconocido Giménez. Pese a esta evidencia, el documento no determina un plazo para estos objetivos.
Rebajas fiscales
Otra de las patas fundamentales del paquete de recomendaciones aborda la necesidad de impulsar la construcción, para lo que propone rebajas fiscales que dinamicen el sector. Entre ellas se encuentra la reforma de la directiva del IVA, para permitir la aplicación de un tipo de IVA superreducido al suministro y la construcción de viviendas. Todo ello, “como parte de una política social definida por los Estados miembros”.
A todo lo anterior se suma también la reclamación por parte de los eurodiputados de asignaciones específicas de los fondos incluidos en el Plan de Vivienda Asequible “para mejorar el rendimiento energético de los edificios residenciales y combatir la pobreza energética”; y la reducción de la burocracia para la construcción de unidades residenciales. En este sentido, el texto reclama la implementación de procedimientos digitales, y un plazo máximo de 60 días para responder por parte de las administraciones cuando los permisos estén relacionados con propuestas de vivienda sostenible y asequible.
