El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a mostrar este sábado lo errática y arbitraria que es su política económica: ha anunciado que el arancel global que se dispone a aplicar al resto de países —para sustituir a los gravámenes recíprocos anulados el viernes por el Tribunal Supremo— será del 15% y no del 10%, como anunció solo 24 horas antes. Tendrá que cambiar, por tanto, la orden ejecutiva dictada y publicada el viernes.
En un mensaje en su red social, Truth, Trump ha afirmado: “Con base en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tras muchos meses de reflexión, les ruego que esta declaración sirva para indicar que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% impuesto a países que, muchos de ellos, han estado estafando a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%“.
Pese a que había muchos indicios del sentido del fallo del Supremo contra los aranceles recíprocos y que miembros destacados de la Administración Trump aseguraron que tenían preparada una rápida respuesta en caso de que la Corte Suprema los anulase, la Casa Blanca ha vuelto a dar muestras de improvisación al rectificar el nivel de la tasa arancelaria a las pocas horas de aprobarla.
El presidente se apoya en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que le permite imponer aranceles temporales cuando existan “problemas fundamentales de balanza de pagos que requieran restringir importaciones”. Es la vía más directa para sustituir los aranceles recíprocos que ha tumbado el Supremo, porque Trump invocó los déficits comerciales para justificar aquellas tasas.
“Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro extraordinario proceso de Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, ¡MÁS GRANDE QUE NUNCA!“, ha abundado el mandatario republicano.
Esta norma establece una serie de limitaciones: los gravámenes no podrán superar el 15% y tendrán un límite temporal de 150 días. Además, requiere la aprobación del Congreso para mantenerlos. Un trámite que será un duro examen para el presidente en año electoral, cuando se celebran elecciones de mitad de mandato y la cámara empieza a mostrar señales de rebeldía respecto al poder de la Casa Blanca. Los legisladores están más preocupados en mantener su escaño que en obedecer a Trump, al que le quedan apenas tres años de presidencia y arrastra una baja valoración en las encuestas.
Algunos expertos señalan que la vía de la sección 122 puede servir de puente mientras la Administración Trump intenta reconstruir el muro arancelario tal y como estaba antes de la sentencia del Supremo.
El presidente estadounidense estaba el viernes furioso tras la sentencia del Supremo contra la piedra angular de su política económica. “Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra. Francamente, son una vergüenza para nuestro país, porque se dejaron influir por intereses extranjeros y no han tenido el coraje de hacer lo correcto”, dijo el mandatario visiblemente enojado tras el varapalo judicial de un tribunal con mayoría conservadora.
Tras la derrota judicial, el inquilino de la Casa Blanca se apresuró para dictar tres órdenes presidenciales. La primera para aprobar el arancel general del 10%, que ahora quiere elevar hasta el 15%. Para ello invoca la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente establecer gravámenes ante problemas de pago internacionales. “La Proclamación impone, por un período de 150 días, un arancel de importación ad valorem del 10% sobre los artículos importados a los Estados Unidos», señala la orden ejecutiva, que tendrá que enmendar. “El arancel de importación temporal entrará en vigor el 24 de febrero a las 12:01 am (hora de Washington)”.
En otra de las órdenes presidenciales, Trump mantiene la suspensión de la exención del sistema de minimis, por el que millones de envíos de bajo valor ―inferior a 800 euros―, incluidos los bienes enviados a través del sistema postal, la mayor parte procedentes de China por la compras en Shein o Temu, pasan a pagar aranceles.
La tercera orden ejecutiva dictada el viernes insta a la Oficina Comercial de los Estados Unidos (USTR) que utilice su autoridad de la Sección 301 para investigar ciertos actos, políticas y prácticas irrazonables y discriminatorias que obstaculizan o restringen el comercio estadounidense con el fin de establecer nuevos aranceles si es preciso. La norma exige que antes de fijar el gravamen se apruebe una investigación del Departamento de Comercio (USTR). La práctica habitual es que se produzcan alegaciones del Gobierno extranjero antes de aprobar estos aranceles, lo que hace que el procedimiento no sea inmediato.
La maraña arancelaria se complica con las exenciones aprobadas por Trump para una amplia variedad de productos. “Algunos bienes no estarán sujetos al derecho de importación temporal debido a las necesidades de la economía estadounidense”, señala la primera orden presidencial. Entre los elementos que no pagarán gravamen comercial a la importación figuran ciertos minerales críticos y productos energéticos; fertilizantes, productos agrícolas como la carne de vacuno, los tomates, el café y las naranjas; productos farmacéuticos; aparatos electrónicos; camiones ligeros, autobuses y vehículos pesados; productos aeroespaciales y materiales informativos, entre otros.
