La pena de nueve años emitida el 13 de noviembre último contra dos exjueces y un funcionario judicial dentro del caso Plaga cierra un 2025 en el que se ha confirmado procesalmente la infiltración del sistema de justicia por estructuras vinculadas al crimen organizado, las cuales buscaban beneficios penitenciarios, fallos favorables en causas de interés, la obtención de recursos económicos y favores políticos.
