El dictamen con orientaciones de política energética que el Ministerio de Transición Energética envió hace dos semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para dar su opinión sobre la propuesta de circular de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes de distribución eléctrica a partir del 1 de enero, incluye dos “observaciones críticas”, según fuentes que han tenido acceso a un informe por el momento secreto. Este fue enviado por el ministerio a la CNMC fuera de plazo, una vez que el consejo de administración del organismo hubiese aprobado y remitido su propuesta normativa al Consejo de Estado, vía Ministerio de Economía. Aunque la Comisión asegura haber enviado dicho informe por separado se desconoce si el Consejo de Estado se lo devolverá para que lo analice o, cuando menos, lo incluya en la memoria de la circular; o si lo aceptará calificándolo como “fuera de plazo”. Lo cierto es que una parte del expediente no ha sido considerada en la memoria.
Una de las puntualizaciones que el departamento que dirige Sara Aagesen hace a la circular es que, dado que por primera vez se va a introducir la posibilidad de asumir riesgo en las inversiones en distribución eléctrica, este debería tener su reflejo adecuado en la nueva tasa. De aplicarse esta orientación del ministerio, la TRF propuesta por la CNMC, del 6,58%, se incrementaría en 0,45 puntos, lo que la situaría en poco más de un 7%, más en línea con lo solicitado por las empresas. Aunque públicamente estas apuntan a un 7,5%, en privado se dan por satisfechas con el 7%.
Otra observación importante de Transición alude a que la TRF de la distribución no debería ser similar a la del transporte de electricidad (el de alta tensión que gestiona Red Eléctrica), como así lo plantea la CNMC (otro 6,58%), ya que la actividad de transporte no asume riesgos (todas las inversiones en infraestructuras, tengan o no demanda posterior, se retribuyen). Otro tanto ocurre con las TRF de la distribución y el transporte de gas, que no difieren mucho de las de la distribución eléctrica, cuando “esta actividad es un servicio universal y la del gas no”, señalan fuentes empresariales. En este punto, la orientación del ministerio es que la electrificación es una apuesta de la transición energética en la que el gas no tiene protagonismo.
En 2019, la CNMC aprobó al mismo tiempo las circulares de retribución de la distribución de electricidad y la del gas para los siguientes periodos regulatorios de seis años. Pero, si bien la circular de la luz entró en vigor en 2020 (y termina este año), la del gas no lo hacía hasta un año después, a finales de 2021 (caduca en 2026), por lo que se aprobó con un año de antelación. A comienzos de 2025, el regulador decidió revisar conjuntamente las retribuciones de la luz y el gas, tal como hizo en 2019. Sin embargo, según fuentes próximas al organismo, dado que las propuestas de las TRF que se barajaron resultaban muy similares (en principio, del 6,4%), la Dirección de Energía de la CNMC, que encabeza Rocío Prieto, optó por separar sus revisiones para evitar las críticas por las comparaciones, y porque, al fin y al cabo, la del gas no caduca hasta diciembre del año que viene.
La CNMC ha optado por trasladar el modelo del gas a la electricidad, pues para esta actividad sí se tiene en cuenta el riesgo. Este implica que las eléctricas pueden acometer inversiones cuyos costes podrían no recuperar. El actual modelo regulatorio, por el que se retribuyen todas las inversiones que se hayan llevado a cabo, se cambia por otro de fórmulas paramétricas, según el cual, la retribución de las empresas puede no reflejar los costes de las inversiones que se hayan realizado.
El error de la CNMC, que destaca el ministerio, está en la fórmula que recoge el riesgo específico del mercado financiero español y el de la actividad de la distribución (lo que técnicamente de denomina beta). En ella se tiene en cuenta los costes de capital propio (o rentabilidad que exige el accionista) y los costes ajenos (el endeudamiento externo). El mínimo es la tasa sin riesgo, el bono del Estado a 10 años, y a partir de ahí se le añaden los dos riesgos citados: el específico del mercado financiero español, y el de la actividad propia de la distribución. En el primer caso, la CNMC no ha equiparado el riesgo del mercado financiero español que tiene en cuenta para otros sectores que regula (como el aeroportuario, ferroviario o comunicaciones) con el de la electricidad, “cuando el mercado es el mismo para todos”, señalan fuentes empresariales.
En cuanto al riesgo de la propia actividad, se ha aplicado la misma del anterior modelo sin riesgo, cuando antes se pagaba por kilómetro construido y ahora por un precio: 257 euros/kW contratado.
Pese a las discrepancias, todo apunta a que el ministerio no parece dispuesto a imponer estas orientaciones ante la CNMC (lo que podría hacer convocando la Comisión de Cooperación para la conciliación de discrepancias). Lo ocurrido con el retraso en el envío del dictamen tarde y el hecho de que el consejo de la CNMC no esperase a recibirlo es calificado en el sector como “una crisis institucional inédita hasta ahora”. Las mismas fuentes aseguran que el dictamen del Consejo de Estado se publicará el próximo día 24. Las grandes eléctricas, (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) y los cientos de pequeñas y medianas distribuidoras de Cide y Aseme preparan ya sus alegaciones.
