El Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó en octubre del año pasado una iniciativa novedosa relacionada con el mundo financiero: quiere promocionar a la banca “ética” frente a las grandes entidades financieras. La secretaría de Estado de Economía Social elaboró el real decreto “de fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas”, texto que ya ha pasado los trámites de información pública, pero aún no ha llegado al Consejo de Ministros. Fuentes del ministerio que dirige Yolanda Díaz acusan al de Economía de bloquear la iniciativa y de pretender sacar a las cooperativas de crédito de la misma, cuando en opinión de Economía Social son el puntal del proyecto. Es un enfrentamiento más en el largo historial de peleas entre estos dos departamentos del Ejecutivo.
Consultado por este periódico, el Ministerio de Economía no ha contestado al señalamiento de Trabajo.
Pese a tratarse del ámbito financiero, este proyecto entra en las competencias de la vicepresidenta segunda porque interpela a la economía social, el segundo apellido del ministerio. La idea fuerza del decreto es fijar diez criterios de responsabilidad social corporativa y que se premie a las entidades que los cumplan con campañas de promoción y subvenciones.
Según establece el decreto, las entidades que podrán beneficiarse de las medidas planteadas son las citadas cooperativas de crédito, de servicios financieros y fundaciones que desarrollen su actividad financiera “exclusivamente desde la economía social”, así como asociaciones “que promuevan la concesión de ayudas reintegrables a colectivos en riesgo de exclusión financiera”. Un ejemplo de banca cooperativa en España es el Grupo Caja Rural o la catalana Coop57.
Según explica Economía Social, el ministerio de Carlos Cuerpo pretende sacar a las cooperativas de crédito del proyecto, el tipo de entidad más importante en lo que denominan “finanzas éticas”. En opinión del ministerio de Díaz, esto dejaría el proyecto muy descafeinado, sustraería la parte central del mismo. El proyecto se encuentra aún en una fase inicial, pendiente de los informes previos que deben elaborar los ministerios concernidos, antes de que sea analizado por el Consejo de Estado.
Las mismas fuentes indican que ya habían aceptado varias enmiendas de Economía y que también habían accedido a la creación de un órgano rector especializado en finanzas sostenibles, y que el mismo dependiera del departamento de Cuerpo. Pero, pese a que indican que había un acuerdo político para que las cooperativas de crédito se quedaran en el decreto de Economía Social, este ministerio insiste en que Economía no acepta esta posibilidad.
Ya en octubre, cuando se presentó la iniciativa, trascendieron algunas diferencias de opinión entre los departamentos. Además, se armó cierto revuelo porque Trabajo acusó a las grandes entidades financieras (concretamente al Santander y al BBVA) de invertir los ahorros de la ciudadanía en el negocio armamentístico o los combustibles fósiles
Criterios “éticos”
Entre los criterios establecidos por el ministerio para definir a una entidad como “ética” se encuentran: “Priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico”; “reinvertir el 75% de sus beneficios en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad”; “evaluar con especial atención al impacto social y ambiental y a la economía social”; y “adoptar políticas de remuneración que reducen la diferencia salarial en la entidad, con una ratio retributiva entre el sueldo máximo y mínimo no superior a siete”.
Las entidades que cumplan con estos criterios se beneficiarán de varias medidas, como subvenciones, estudios de interés para esas finanzas éticas, campañas de comunicación y otros mecanismos específicos “de fomento y financiación que se determinen para las entidades financieras de la economía social”. El proyecto está pensado para reivindicar la responsabilidad social y corporativa de esas entidades “éticas”, pero no contempla castigos ni sanciones ni señalamientos para las que no lo hagan.
Según adelantó eldiario.es en diciembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió a Trabajo que este el real decreto carece de precisión y que las subvenciones previstas en la norma podrían ser consideradas como ayudas de Estado, por lo que deberían cumplir con la normativa europea.
Al tratarse de un real decreto, este proyecto no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados para entrar en vigor, en línea con la petición de Pedro Sánchez a los ministerios de sacar adelante iniciativas que no necesiten respaldo parlamentario. Otros proyectos de Trabajo que no requerirán la luz vede del Parlamento son el endurecimiento del registro de jornada o el incremento del salario mínimo interprofesional.
Choques recurrentes
Para llegar al Consejo de Ministros, cualquier iniciativa debe pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, órgano que controla el Ministerio de Economía. Trabajo se ha quejado en múltiples ocasiones de que Economía para o al menos retrasa muchas de sus iniciativas en este trámite: sucedió con la reducción de jornada, que finalmente fracasó en el Congreso por los votos en contra de PP, Vox y Junts, y también en el estatuto del becario.
Los desencuentros de Díaz y el responsable de Economía, ya sea Nadia Calviño en la primera etapa de la coalición o ahora Carlos Cuerpo, son un clásico en el seno del Ejecutivo. Ha habido rifirrafes en público y en privado por el alcance de la ley rider, por la reforma laboral, por los subsidios de desempleo, por la reducción de jornada, por la reforma de la indemnización por despido o por el estatuto del becario, entre otros asuntos. Esta vez, el choque se da por un decreto de la Secretaría de Estado de Economía Social.
Grupo de expertos
Este proyecto se enmarca en una estrategia mayor en materia de responsabilidad social y corporativa. En abril del año pasado Díaz presentó un grupo de expertos al que encargó que analice y actualice el marco normativo “con el que dar un impulso a la responsabilidad social de las empresas” en España. Estaba previsto que el informe estuviera listo en diciembre del año pasado, pero aún no ha sido presentado. Fuentes de Economía Social indican que se está “ultimando”.
