Telefónica ha accedido a la solicitud sindical de extender la vigencia del actual Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), que regula las condiciones laborales de sus tres filiales principales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones), hasta el 31 de diciembre de 2030. Sin embargo, la compañía se mantiene firme en su postura de rechazar la demanda de los sindicatos de que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sea totalmente voluntario, insistiendo en que se reserva la posibilidad de aplicar salidas forzosas si fuera necesario.
Este miércoles se llevó a cabo una doble jornada de negociaciones, incluyendo la cuarta reunión de la Comisión Negociadora del Despido Colectivo y la segunda sobre la prórroga del CEV. Aunque las conversaciones sobre el ERE se mantienen muy distantes, se han reportado “avances significativos” en la mesa del convenio.
Según la información facilitada por UGT, la dirección de la compañía ha aceptado prorrogar la validez del III CEV hasta el 31 de diciembre de 2030, alineándose con el plazo del Plan Estratégico de la empresa y proporcionando así “estabilidad para la plantilla”. Además, se ha llegado a un acuerdo para consolidar el sexto día de asuntos propios personales y ofrecer la opción de fraccionar dos de ellos en horas. La empresa también ha presentado un borrador de un Protocolo ante Emergencias Climáticas, el cual UGT se ha comprometido a revisar y mejorar para asegurar mecanismos de actuación automáticos.
A pesar de estos progresos, UGT advierte que el acuerdo final “está aún lejos”, debido a la propuesta empresarial de eliminar beneficios clave como la desaparición de los bienios, la supresión de los ascensos automáticos de nivel y la retirada del complemento de Incapacidad Temporal (IT) que está actualmente ligado al absentismo. El sindicato considera estas medidas inaceptables por comprometer el modelo retributivo, la progresión de carrera y el desarrollo salarial. UGT exige, además, un compromiso para crear un 10% de empleo en caso de que se aplique el ERE, múltiples revisiones salariales vinculadas al IPC durante el convenio, mejoras en las condiciones de teletrabajo y la ampliación de la jornada flexible, entre otras peticiones. El sindicato recuerda que las negociaciones del convenio y del ERE “constituyen un proceso único”, enfatizando la necesidad de que ambas mesas avancen de manera equilibrada y paralela.
Sin acuerdo en el ERE
En lo relativo al despido colectivo, las posturas son notablemente más divergentes. UGT califica el escenario como “no optimista” y alerta de que, si no hay avances sustanciales la próxima semana, será imposible alcanzar un acuerdo. Los sindicatos han constatado que la empresa mantiene su intención de no renunciar a las salidas forzosas, mientras ellos continúan reclamando la “voluntariedad total”. Insisten en que solo aceptarán fijar un número mínimo de adhesiones si se garantiza que el ERE se cerrará de forma íntegramente voluntaria. Estas tres filiales sujetas al CEV concentran el grueso de la afectación, con 5.040 de las 6.036 salidas planteadas en el proceso de despido colectivo que se llevará a cabo en siete sociedades del grupo.
La dirección ha notificado a los sindicatos que cualquier reducción en el número total de extinciones podría impactar la aceptación de solicitudes en las áreas excedentarias (donde sobra personal). No obstante, la empresa se muestra abierta a admitir adhesiones voluntarias en áreas no excedentarias, aunque sin comprometerse a un porcentaje mínimo. También se ha planteado la necesidad de acreditar 15 años de antigüedad para acogerse al proceso y se ha garantizado la salida de los empleados que fueron vetados en el ERE anterior. En este contexto, CC OO exige progresos “en aras de llegar a un posible acuerdo”, mientras que UGT considera “imprescindible” que se acelere la negociación y reclama a la empresa una nueva propuesta que responda a sus demandas.
En cuanto a las condiciones económicas para el ERE en las empresas del CEV, la teleco ha propuesto unas indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa. En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65. Además, la propuesta inicial incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones. Cabe destacar que a comienzos de esta semana los sindicatos ya habían rechazado la primera propuesta económica de la empresa para el ERE en las tres principales sociedades del grupo.
En concreto, la afectación del ERE en las siete sociedades se divide de la siguiente manera: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 245 en Movistar+ (28,48% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla total de 1.160).
