Telefónica está más cerca de consumar su salida de Colombia. En un movimiento normativo que elimina el último gran obstáculo para la retirada del gigante español, el Gobierno colombiano oficializó el pasado 30 de diciembre de 2025, mediante el Decreto 1481, el programa para vender la participación estatal del 32,5% en Colombia Telecomunicaciones (Coltel). Esta autorización para enajenar más de 1.108 millones de acciones no solo marca el retiro del Estado del capital, sino que despeja la pista para que Telefónica complete el traspaso de su participación en la empresa a Millicom, cerrando un capítulo histórico de la multinacional española en el país y permitiendo la consolidación del nuevo gigante Tigo-Movistar.
El Ministerio de Hacienda ha fijado un precio inicial de 772,38 pesos por acción, con lo que se proyecta una recaudación cercana a los 856.000 millones de pesos (aproximadamente 181 millones de euros). Según el Ejecutivo, estos recursos no solo responden a una necesidad de ajuste fiscal, sino que se integrarán al presupuesto nacional para financiar programas de inversión social y otras prioridades del Estado, enmarcadas en “una política de optimización de activos y democratización de la propiedad accionarial”.
El comprador es Millicom, el conglomerado luxemburgués dueño de la marca Tigo, que busca consolidar el 100% de la propiedad de la entidad resultante. Para lograrlo, ya pactó la compra del 67,5% de las acciones que pertenecen a Telefónica España por 400 millones de dólares (342,3 millones de euros al cambio actual). A su vez, Millicom posee actualmente el 49,98% de Tigo-UNE, el principal rival de Movistar, y se ha asegurado la adquisición de la participación en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), una empresa estatal de servicios públicos como energía, agua o saneamiento, por otros 525 millones de dólares (449,2 millones de euros). En total, la inversión de Millicom para unificar ambas compañías superará los 1.137 millones de dólares (972,9 millones de euros), convirtiéndose en la mayor operación corporativa del sector en la última década.
Sin embargo, para que esta integración sea una realidad jurídica y comercial plena, existen pasos regulatorios que Telefónica y Millicom deben superar. Hace apenas un mes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó una aprobación condicionada a la fusión, estableciendo una serie de “candados” o requisitos indispensables. El más relevante es la devolución obligatoria de una porción del espectro radioeléctrico. Al unirse, la nueva entidad fusionada superaría los topes legales permitidos por la normativa colombiana, lo que obligará a la empresa a reintegrar parte de esta “autopista de señales” al Estado para evitar una ventaja injusta frente a sus competidores y garantizar un equilibrio en el mercado.
Condiciones
Además, la SIC y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han impuesto condiciones estrictas para proteger a los usuarios y a los competidores más pequeños. La nueva empresa tiene prohibido realizar modificaciones unilaterales o injustificadas en los contratos con los Operadores Móviles Virtuales (OMV), como Virgin o WOM, que actualmente dependen de sus redes para funcionar. También se les exige garantizar que la creación de NetCo —la red compartida de acceso móvil que ambas empresas operan en más de 900 municipios desde 2023— mantenga los más altos estándares de calidad y no degrade el servicio en zonas rurales.
El proceso de venta de la parte estatal se llevará a cabo bajo los lineamientos de la Ley 226 de 1995, que exige un proceso en dos etapas. En la primera fase, de carácter preferencial, las acciones serán ofrecidas exclusivamente a trabajadores, extrabajadores, pensionados y organizaciones solidarias vinculadas a la empresa. Esta etapa busca fomentar que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía antes que los grandes capitales. Solo una vez agotado este término, se abrirá la segunda fase para el público en general e inversionistas extranjeros, momento en el cual Millicom podrá completar la compra del paquete accionarial estatal.
A pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno sobre la continuidad y calidad del servicio, la operación ha generado fuertes resistencias. El operador WOM ha elevado una queja formal ante la Presidencia de la República, solicitando condiciones aún más rigurosas. La preocupación radica en que la unión de Tigo y Movistar podría dar lugar a un “duopolio” que, junto a Claro, controlaría más del 90% del mercado móvil en Colombia, reduciendo las opciones de competencia y afectando potencialmente las tarifas a largo plazo.
En respuesta, el Gobierno ha sido enfático en que la vigilancia sobre la gobernanza de datos y la portabilidad numérica será constante. Hasta que no se cierren todos los trámites legales, financieros y regulatorios, Movistar y Tigo continuarán operando de manera independiente. Los usuarios no verán cambios inmediatos en sus planes o cobertura, y se les garantiza el derecho a mantener sus condiciones contractuales actuales.
Con esta venta, Colombia no solo busca sanear sus cuentas, sino también propiciar un mercado con actores de mayor escala que puedan competir con la infraestructura necesaria para el despliegue de tecnologías como el 5G, en un entorno donde la conectividad se ha vuelto un servicio público esencial para el desarrollo social, según ha señalado el Ejecutivo de Gustavo Petro.
