El Gobierno de Keir Starmer ha decidido finalmente impulsar una de las reformas económicas de su programa electoral que más entusiasmo suscita en el ala izquierda del Partido Laborista y más resistencia genera entre los particulares, empresas, fondos e instituciones propietarias de patrimonio inmobiliario en el Reino Unido. El primer ministro anunció este martes que la renta anual que pagan los propietarios de una vivienda en régimen de leasehold —a medio camino entre la propiedad y un alquiler de muy larga duración— no podrá superar las 250 libras esterlinas (unos 288 euros). Los nuevos apartamentos que se construyan, añadió Starmer en un vídeo en Tik Tok (que el dirigente nunca había usado para un anuncio de este tipo), no podrán ser vendidos bajo ese régimen. Y los vecinos de bloques que actualmente tienen este peculiar contrato de compraventa podrán organizarse para pasar a un régimen de propiedad mancomunada.
Una de las reformas en materia de propiedad inmobiliaria de más calado histórico en el Reino Unido se ha topado así con la férrea oposición de la Iglesia anglicana, además de las empresas y fondos que esgrimen frente a Downing Street el sacrosanto derecho a la propiedad privada. Para sus críticos, la Iglesia de Inglaterra se ha convertido en la defensora de un “sistema feudal” que perjudica a muchos ciudadanos. Para sus defensores, en el último baluarte frente a unos cambios que detraerían recursos destinados a obra social para acabar enriqueciendo más a grandes corporaciones.
Hay que empezar por entender en qué consiste el sistema de leasehold, cuya traducción literal sería arrendamiento, pero que comporta consecuencias jurídicas muy diferentes al del tradicional alquiler de una vivienda. Con este sistema, el leaseholder (en alguna medida, el comprador) se convierte con su desembolso por la casa en tenedor de un derecho de uso y posesión del inmueble por un periodo muy largo de tiempo. Pero no en el propietario definitivo.
Más de 4,7 millones de viviendas en el Reino Unido, en torno al 19% del parque inmobiliario, se encuentran en esta situación legal, según datos del periodo fiscal 2022-2023. La inmensa mayoría de ellas son apartamentos en bloques y solo un 8% se corresponden con casas unifamiliares.
Cuando un cliente adquiere una vivienda bajo este régimen, lo hace por un tiempo. El terreno en el que se encuentra sigue perteneciendo al vendedor. En España, por ejemplo, lo normal es comprar una propiedad absoluta. El inquilino se hace dueño de su vivienda y de la parte proporcional de terreno que le corresponde, si se trata, por ejemplo, de un edificio de apartamentos.
En situación de leasehold, el contrato puede ser por 99 años, 125 años o más, y existe siempre la posibilidad de prorrogar estos plazos. Pero el inquilino, aunque a todos los efectos sienta que la vivienda le pertenece, debe pagar un alquiler anual por el terreno, y sufre limitaciones importantes a la hora, por ejemplo, de plantearse una reforma. Desde hace un par de años, sin embargo, se ha suprimido la renta anual por el terreno en el caso de nuevas adquisiciones.
Grandes propietarios
Una inmensa parte del Reino Unido es propiedad privada. Los dueños son diversos: el propio Gobierno, a través de ministerio como el de Defensa o de la Comisión Forestal; la llamada Crown State, que es el patrimonio inmobiliario de la casa real gestionado de modo público; grandes familias aristocráticas, como el ducado de Westminster o el de Wellington; organizaciones caritativas; y fondos de pensiones nacionales o internacionales.
El Gobierno del Partido Laborista incluyó en su programa electoral la reforma del sistema, con la intención de frenar sus abusos y de mejorar las condiciones de los compradores (aunque sigan siendo legalmente leaseholders, es decir, arrendatarios).
El trámite legislativo de estos cambios, sin embargo, ha sido complicado porque son muchos los intereses privados que se juegan su situación financiera si se modifica un sistema que ha perdurado durante siglos. La Iglesia anglicana de Inglaterra, por ejemplo, es propietaria de más de 81.000 hectáreas de terreno por todo el país, unos 810 kilómetros cuadrados. Gran parte de lo que gana revierte en obra social y proyectos caritativos.
Una de las medidas propuestas por el Gobierno es la supresión del llamado marriage value, que a pesar de la palabra no tiene nada que ver con la condición legal de casados o solteros de los inquilinos. Este mecanismo, que muchos de sus críticos consideran abusivo, reparte entre propietario y arrendatario el incremento del valor en el mercado de la vivienda cuando el segundo de ellos compra una prórroga de su alquiler (que suele ser de 25 o 50 años más).
A la hora de comprar una casa bajo este régimen, lo normal es que a medida que se reduce el tiempo que resta para que expire el contrato, la vivienda pierda valor en el mercado. No se paga lo mismo por un apartamento al que le quedan 30 años de leasehold que por otro al que le quedan 90. Porque el primero implica la pérdida de propiedad o tener que hacer un nuevo desembolso para permanecer en el inmueble, al cabo de poco.
Sobre el papel, el marriage value es así un modo de repartir la plusvalía derivada de la extensión del alquiler entre propietario y arrendatario. Pero en la práctica el que se ve obligado a desembolsar esa cantidad es solo el segundo. Y hace que muchos inquilinos no puedan permitirse la posibilidad de prorrogar su contrato.
Queja de la Iglesia
La Iglesia anglicana, sin embargo, cree que la renuncia a este ingreso extraordinario sería en detrimento de mucha de su obra social. Y señala que, en muchos casos, los inquilinos de sus edificios son grandes corporaciones o firmas que acaban obteniendo grandes beneficios de su inversión inmobiliaria sin apenas pagar nada a cambio.
“Con la ley propuesta se transferirá dinero que hoy se usaba, por ejemplo, para promover empleo juvenil, a organizaciones e individuos ya de por sí muy ricos. Les dará un ingreso extraordinario e inesperado. Por eso creo que esto es como Robin Hood pero al revés”, argumentaba en la Cámara de los Lores, de la que forma parte, el arzobispo de Mánchester, David Walker.
Londres acumula casi una cuarta parte de todos estos apartamentos en régimen de leasehold, y su alcalde laborista, Sadiq Khan, es uno de los principales defensores de la reforma de un sistema que resulta abusivo en la mayoría de las ocasiones. Recientemente, cuando muchos de los propietarios decidieron aumentar de modo exagerado los gastos de gestión y servicios que cobran a los inquilinos, el propio ayuntamiento emitió una serie de recomendaciones y pautas para que se negaran a pagar el recargo si no se cumplían unas condiciones muy estrictas.
El Gobierno de Keir Starmer se ha comprometido a que los apartamentos de nueva construcción y venta comporten que la propiedad del suelo corresponda a los compradores, como en la mayoría de Europa. Propone además que las nuevas prórrogas de los contratos ya existentes sean hasta de 990 años, lo que equivaldría a suprimir de un modo prácticamente definitivo la espada de Damócles que pende sobre muchos inquilinos. Y finalmente, busca mejorar los derechos de unos arrendatarios que poco han podido hacer hasta ahora frente a unas exigencias contractuales que en muchas ocasiones eran claramente leoninas.
