Con el objetivo de observar y fiscalizar la designación de un titular de la Fiscalía General del Estado, en un concurso público que se llevará a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se creó la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal.
El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña y la expresidenta y actual síndica de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, presidirán esta Comisión que estará enfocada en observar cómo se lleva a cabo el concurso público para elegir al reemplazo de Diana Salazar Méndez, que renunció el 20 de mayo; y, de Wilson Toainga Toainga, quien asumió la titularidad en su calidad de fiscal subrogante.
Esta Comisión Cívica es independiente del CPCCS, es decir, no se acreditó como veeduría oficial y según Ocaña, “¿para qué? Si las veedurías no son escuchadas”, refirió.
Tendrán como respaldo, el de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y la integran representantes de unas diez organizaciones de la sociedad civil como el Colegio de Abogados de Pichincha, la UNP, el Observatorio de la Justicia (ODJ) y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; y, desde la academia, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad de los Hemisferios.
La Comisión se presentó este 3 de mayo de 2025, en un foro que se realizó en la Universidad Católica, al que asistieron Ocaña, Fierro, Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; y, el subdecano de la Facultad de Derecho de la PUCE, Oswaldo Navas, quienes reflexionaron sobre la importancia de este proceso de selección en un contexto de violencia criminal en el Ecuador.
El concurso para elegir a esta autoridad no empieza en el CPCCS, pese a que el mandato de Diana Salazar y Toainga concluyó el 8 de abril de 2025, por lo que se prorrogaron en funciones.
Sin embargo, Salazar renunció a continuar en esta función el 20 de mayo y la sucedió Wilson Toainga.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, ha ofrecido que la nueva autoridad estaría designada en febrero de 2025, pero en la Comisión Cívica no se descarta que esto tome un año o más.
Es más, el CPCCS no inicia todavía con la conformación de la comisión ciudadana de selección, que la integran diez personas, y que será la que se encargue de hacer el concurso público de méritos, oposición e impugnación.
Sobre el informe que emita este cuerpo colegiado, con base en los mejores puntuados, será el CPCCS el que designe a la autoridad para los siguientes seis años.
Uno de los factores que incidirían en que demore el concurso, podrían ser las acciones de protección que planteen terceros interesados o postulantes al concurso que sientan afectados sus derechos de participación.
Como por ejemplo, las prohibiciones establecidas en el reglamento de selección en el que se impide que los abogados en el libre ejercicio que hayan patrocinado a procesados en 36 delitos penales puedan participar.
Justamente, al interior del Consejo se analizan cambios a esta normativa, antes de que se convoque oficialmente a los abogados en el libre ejercicio a concursar. (I)
