Malas noticias para el grupo de infraestructuras Sacyr y su pretensión de obtener una millonaria compensación de Panamá, una vez ejecutada la ampliación del Canal que atraviesa el país centroamericano, por lo que la empresa entiende como una violación del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá (APPRI). El tribunal arbitral Uncitral, con sede en Washington (EE UU), ha desestimado el arbitraje iniciado por la parte española.
El caso, en el que la solicitud de una indemnización podía rondar los 1.000 a 1.200 millones de dólares (entre 870 y 1.040 millones de euros), según estimaciones de la propia Sacyr, queda en vía muerta. Pero la constructora trata de tranquilizar a sus accionistas y se ha apresurado a indicar que “este laudo no tiene ningún impacto negativo” en sus cuentas. La desestimación tenía un efecto neutro, y Sacyr cuenta ahora con todo el fin de semana para que esta noticia adversa se enfríe y el golpe en Bolsa sea menor el próximo lunes.
La entidad que preside Manuel Manrique, socio principal del consorcio GUPC que ejecutó el macroproyecto, afirma que “seguirá defendiendo las reclamaciones que interpuso ante el ICC [Tribunal de Arbitraje con sede en Miami]”. Y añade que “cualquier resultado en el arbitraje de Miami tendrá un efecto positivo al estar todo el impacto provisionado en las cuentas de Sacyr”.
El tercer juego de esclusas del Canal de Panamá fue abierto en 2016, ampliando la capacidad de paso de grandes buques de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico, en lo que Sacyr califica como “una de las grandes obras de ingeniería del siglo XXI y caso de éxito tecnológico e innovador”.
La constructora y sus socios en GUPC mantienen reclamaciones por cerca de 3.000 millones de dólares a la entidad estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El caso se reparte en distintos arbitrajes en la referida corte de Miami por los sobrecostes en las obras. La demanda ante Uncitral, por el contrario, se produjo en solitario. La vista oral por esta última comenzó en junio de 2024 y en primer lugar se trataba de dirimir si había caso. El rechazo al mismo se ha producido con un voto particular en contra.
Al no pasarse de esta primera fase de méritos, no se ha llegado a fijar la cuantía de la indemnización que perseguía la autora de la ampliación de la vía marítima. Uncitral, órgano dependiente de Naciones Unidas, había fijado un preámbulo en 2022 que abría expectativas para Sacyr: las actuaciones de la ACP, operadora de la infraestructura y promotora del proyecto de ampliación, se podían atribuir al Estado panameño. Por esta razón, Sacyr se amparó en el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá, y albergaba esperanzas sobre un final positivo para sus intereses.
