Del 2024, 141 instituciones del Estado no presentaron su informe de rendición de cuentas, cuyo incumplimiento sería notificado a la Contraloría General del Estado.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció este 18 de diciembre de 2025 el monitoreo respecto del cumplimiento de informes de rendición de cuentas de instituciones del Estado y otras que reciben dineros públicos, así como de las autoridades de elección popular, del periodo fiscal 2024.
De los datos oficiales, hay un catastro de 3.318 instituciones que deben cumplir esta disposición y, hasta el 14 de agosto que terminó el plazo para que rindan cuentas del año anterior, 3.177 organismos sí cumplieron con la obligación, que corresponde al 95,75 %, en tanto que el 4,75 % no lo hizo, y es equivalente a 141 entidades.
En detalle, el informe de la Subcoordinación de Rendición de Cuentas del Consejo reseña que de 40 consorcios y mancomunidades, tres no presentaron su informe.
De la Función Ejecutiva, de 970 instituciones (del Gobierno central) 21 no lo hicieron; de 900 gobiernos municipales, 43 incumplieron; de 826 gobiernos parroquiales, 20 incumplieron; de 69 autoridades de las prefecturas, tres no lo hicieron.
En cuanto a los medios de comunicación, de 74 obligados, nueve no enviaron su documento.
Los análisis de la Secretaría reflejan que desde el 2013 (que viene aplicándose esta obligación) al 2024 hubo un aumento del 30,44 % en el cumplimiento de la rendición de cuentas.
No obstante, entre 2023 y 2024 hubo un “mínimo de decrecimiento” del 0,41 %.
Por otra parte, hay 6.875 autoridades de elección popular que están obligadas a detallar lo que hicieron en el 2024 y pertenecen a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), la Asamblea Nacional, el Parlamento Andino, el Consejo de Participación Ciudadana.
De ese número total, 5.615 autoridades electas en los comicios seccionales de 2023 y que ejercieron funciones en ese año y, en el 2024.
Mientras, 1.260 no presentaron ese documento.
En la plenaria del CPCCS que se desarrolló este miércoles, el informe final de rendición de cuentas se aprobó por unanimidad de los siete consejeros y se dispuso el envío a la Contraloría General del Estado.
Según la ley orgánica del Consejo, se envía a la Contraloría para que investigue la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio “de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información”.
La obligación de la rendición de cuentas está contemplada en el artículo 297 de la Constitución y dispone que “las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”.
Estos documentos deben cumplir requisitos —fijados por la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana— como el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos, la ejecución del presupuesto institucional, el cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad.
Así también, deben detallarse los procesos de contratación pública desarrollados, el cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y de la Procuraduría General del Estado.
El cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el caso de las autoridades de elección popular. Y, respecto de las empresas públicas y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos.
La revisión que hace el Consejo es al número de instituciones que entregaron su expediente, pero no a su contenido. (I)
