Desde que dedica menos tiempo a conseguir la paz mundial, el Presidente Sánchez se ha hecho más casero, hasta el punto de difundir un video por la red china (cómo no) TikTok enseñando el Palacio de la Moncloa y, ahora, contando las doce medidas, una por mes, aprobadas por el Gobierno para mejorar la vida de la clase media y trabajadora. Más allá de que el movimiento huela a elecciones, me permite una reflexión sobre cómo concibe este Gobierno la política económica, sobre todo, cuando coincide con otros titulares donde se señala que “la Bolsa española cierra su mejor año en tres décadas”.
Así se entiende que los analistas financieros y los bancos de inversión estén alabando a España: porque su Bolsa mira como posible este año un índice de 20.000 desde el 8.600 de cuando Sánchez ganó la moción de censura. Sin discusión, las empresas bursátiles son a las que más ha rentado este Gobierno, como prueba de lo bien que ha ido la economía española estos años de dificultades globales, en los que se han creado dos millones adicionales de puestos de trabajo y manteniendo una buena perspectiva para el nuevo año. Crecer se ha crecido. Ni la oposición lo duda. Pero veamos algunos rasgos de política económica que son, precisamente, los que definen la inclinación ideológica de un Gobierno.
Desde el 11% del PIB en que la pandemia situó nuestro déficit público en 2020, es seguro que cerraremos 2025 con un déficit ya por debajo del 3%. Una fuerte reducción que, en gran parte ha sido debida a la coyuntura alcista de la economía y en no menor parte a la decisión adoptada por el Gobierno de no ajustar los impuestos a la inflación, deflactando la tarifa, ni en el año en que esta se disparó hasta superar el 5% interanual. Distintas estimaciones sitúan el extra de ingresos públicos obtenidos por esta vía en unos 11.000 millones de euros que han recaído, sobre todo, en las clases medias.
A pesar de que el Gobierno ya hizo frente al alza de la inflación derivada del conflicto de Ucrania mediante un conjunto de medidas arbitrarias y populistas (rebajas del IVA, bonos sociales, ayudas al transporte…) su impacto no ha impedido constatar una realidad: la inflación acumulada desde 2020 (22,1%) ha superado las subidas salariales producidas en el mismo período (16,7%) por lo que la clase media y trabajadora ha perdido poder adquisitivo durante los años en que España iba como un cohete. En el año que cerramos, 2025, por primera vez, el salario del 80% de los trabajadores con convenio ha visto subir sus salarios igual o por encima de la inflación, aun manteniendo un poder de compra inferior al que existía antes de la escala de precios poscovid.
Dicho de otra manera, el año en que los bancos han duplicado en Bolsa el valor de sus acciones, la clase media y trabajadora todavía no ha recuperado el poder adquisitivo perdido. ¿Y qué hace el Gobierno? Regalos, como bono transporte, ampliación de permisos de nacimiento y cuidados o la más que aplazada subida parcial del sueldo de los empleados públicos.
De la misma manera, el año en que “la vivienda es ya el epicentro de la exclusión social” (Informe Cáritas) el Gobierno aprueba doce medidas cosméticas que no resuelven el problema, pero permiten abrir varios telediarios. O el año en que se constata que tener un trabajo no excluye de la pobreza (un 48% de quienes tienen empleo, lo tienen en condiciones precarias, según Cáritas) el Gobierno anuncia más subidas del salario mínimo, que es donde ya no está el problema. Y el año en que constatamos que 6,6 millones de mujeres viven en riesgo de pobreza o exclusión social en España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) el Gobierno ignora el problema, basado en la discriminación de género en el mercado laboral, centrando su lucha feminista en otros aspectos, también de mucha importancia, aunque seguramente que afectan a menos mujeres.
España está teniendo un desempeño económico envidiable que no le impide ser uno de los países con mayor desigualdad social de la UE, con la mayor tasa de pobreza infantil de Europa y un ascensor social averiado que estanca la movilidad social, debilita la cohesión social y hace que no solo la riqueza, sino también la pobreza, sean hereditarias. Y, como ya vimos en esta columna, el buen resultado económico de estos años se ha distribuido principalmente entre las rentas del capital, luego los impuestos y solo en tercer lugar y a mucha distancia, los salarios.
Un país que crece, pero que no redistribuye de manera equitativa, ni utiliza el crecimiento para mejorar la dotación de bienes públicos (sanidad, educación, infraestructuras, etc.), que crece, pero no reduce la pobreza de manera equivalente, es un país que no sigue políticas socialdemócratas. Y si lo suple con “regalos” como un bono transporte, es un Gobierno guiado por prácticas cercanas al populismo peronista.
Si, además, no aprovecha los años de crecimiento para corregir los problemas estructurales conocidos de su economía, como una baja productividad, un escaso número de empresas medianas o grandes o, la tendencia al deterioro de su competitividad exterior demasiado basada en el precio y mira hacia otro lado ante el hecho evidente de que su clase media está menguando a pasos agigantados o que los jóvenes desconfían del sistema, con razón, al tener una de las tasas de emancipación más tardía de Europa, parece lógico que muchos de sus ciudadanos empecemos a pensar si no estaremos utilizando mal los frutos y las oportunidades de la bonanza económica por razones más vinculadas a una concepción populista de la política.
Sin ninguna duda, el Informe Cáritas analizando 35 indicadores y realizado por los mejores expertos nacionales es demoledor para cualquier socialdemócrata. Sobre todo, cuando coincide con años de bonanza…para las empresas.
