El primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial se consumó en el pleno de la Asamblea Nacional este miércoles, 27 de mayo de 2026.
La discusión sobre este paquete de reformas judiciales se retomó esta tarde luego que el pasado 20 de mayo la sesión plenaria 094 fue suspendida.
El debate continuó con la exposición de Rosa Torres (ADN), presidenta de la Comisión de Justicia, mesa que tramita estas reformas, quien resaltó las principales características de los nueve ejes que abarca el proyecto de ley.
Torres enfatizó que esta propuesta plantea una transformación integral al sistema de la administración de justicia, con cambios que incluyen pruebas de confianza, controles patrimoniales y mecanismos de vigilancia ética para áreas sensibles del sistema judicial.
“Quiero decir algo con absoluta claridad: esta reforma no es contra los buenos jueces, esta reforma es para proteger a los buenos jueces de quienes han manchado el nombre de la justicia. Porque también hay jueces buenos, porque también hay jueces honestos, hay fiscales valientes, servidores judiciales correctos que hoy trabajan bajo amenazas, bajo presión y bajo un sistema judicial profundamente debilitado”, enfatizó la legisladora.
Su compañero de bancada Juan José Reyes (ADN) destacó que el espíritu de la propuesta es corregir fallas estructurales, mejorar la evaluación de jueces y fiscales, modernizar procesos y combatir redes de corrupción que tanto daño le han hecho al país.
“No podemos permitir que la delincuencia gane terreno por culpa de vacíos legales o falta de decisiones dentro del sistema judicial. Ecuador debe recuperar la confianza en sus instituciones”, afirmó Torres.
Los asambleístas de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Steven Ordóñez, Nathaly Farinango y Paola Jaramillo, también intervinieron en el debate y respaldaron la propuesta de su coidearia Rosa Torres. Los oficialistas coincidieron en que los cambios en el Código Orgánico de la Función Judicial son necesarios y urgentes para una transformación integral del sistema de justicia ecuatoriano.
Por su parte, Roque Ordóñez, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), observó que “el debate sobre estas reformas no puede reducirse a una estrategia de propaganda o a un discurso mediático de modernización”.
El verdadero desafío, dijo, es cómo se debe fortalecer la institucionalidad judicial del país.
“Lamentablemente, la forma en que se estructuró este informe deja serias dudas sobre su verdadera intención. En la propuesta de reforma nos ofrece una gran transformación en el papel; el discurso, el papel aguanta todo. Sin embargo, la implementación de las nuevas unidades al servicio judicial que deberían estar en plazos y ya listos para el aplauso. Pero hablemos con realismo: ofrecer infraestructura y tecnología sin el financiamiento real es demagogia pura”, sostuvo el legislador.
En las sesiones del 20 y de este 27 de mayo, de este primer debate en el pleno, participaron 22 asambleístas de las diferentes fuerzas políticas del Legislativo como ADN, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC), quienes reconocieron la importancia de una reforma estructural en la Función Judicial y, a la vez, examinaron algunos puntos que se deben mejorar en el proyecto de ley.
Tras finalizar las exposiciones de los legisladores, la presidenta de la Asamblea Nacional encargada Sade Fritschi dispuso que el informe vuelva a la Comisión de Justicia para que se recojan las observaciones realizadas en el primer debate y elabore un informe para segundo y definitivo debate en el pleno.
¿Qué plantean las reformas al Código de la Función Judicial?
El proyecto de ley propuesto por Rosa Torres apela a una reestructuración profunda del sistema de justicia, a través de nueve ejes que proponen:
- Blindaje ético del Poder Judicial: régimen integral del combate a la corrupción.
- Transparencia y democratización de la justicia.
- Tratamiento técnico y transparente de las medidas cautelares: unidades de servicios judiciales.
- Creación de los procedimientos para los concursos de la Función Judicial.
- Rediseño de la arquitectura administrativa del Consejo de la Judicatura.
- Rediseño del régimen disciplinario.
- Gestión tecnológica judicial y expediente electrónico.
- Transformación integral de la escuela judicial.
- Repotenciar a los jueces de paz.
Los cuatro primeros ejes buscan enfrentar problemas como la corrupción interna en el sistema judicial, la opacidad procesal, el abuso de medidas cautelares y la incapacidad sistemática para efectuar concursos dentro de la Función Judicial.
En tanto que los cinco últimos ejes abordan aspectos centrales del esquema funcional de la justicia para potenciar la efectividad institucional. (I)
