Como una iniciativa de buena aventura e incluso necesaria, pero con algunos problemas legales y constitucionales, los abogados y los analistas económicos describen el proyecto de ley urgente, que está buscando economía penal en relación con el conflicto armado interno en Ecuador.
El presidente Daniel Nemaa envió este proyecto a la nueva Asamblea Nacional este sábado 17 de mayo.
Tiene dos componentes: Los incentivos fiscales y el impuesto sobre la renta reducido para aquellos que donan a la violencia pública para trabajar juntos en la lucha contra el crimen organizado, así como las reformas criminales para fortalecer el concepto de conflicto armado interno y fortalecer el trabajo del bloque de seguridad.
ABOJOS ASÍES ASÍ QUE Julio César Cueva y Jorge Peñafiel ven algunos enfoques legales y las reformas destinadas al Código Orgánico Penal Integral (COIP) porque son inconstitucionales.
Entre ellos están que «la detención preventiva será la precaución útil y efectiva para garantizar la aparición del procesamiento del proceso y el cumplimiento del castigo» si son delitos cometidos durante un conflicto armado interno. También la tipificación como un delito que pertenece a un grupo criminal armado (GDA) a los 22 a 26 años de prisión; la opción gratuita para RAID sin comandos judiciales; Los primeros distritos presidenciales para miembros de violencia pública como parte de un conflicto armado y otros.
Peñafiel, quien estaba en el período legislativo 2023-2025Presente Afirma que la intención del proyecto es muy positiva, esto está «en contradicción con la Constitución», porque es principalmente una especie de excepción ordinaria, que consiste en la Constitución, con mayores poderes y protección para la policía y el ejército, que los principios de la inocencia, la igualdad apropiada ante la ley, ante la ley, los derechos fundamentales, los derechos de la ley, los derechos fundamentales, … …
Al ritmo esperado, señala que este número no existe, la apariencia si ya hay una oración, ya que no se sabe si una persona es condenada o no, esto es incoherente, pero la comisión o plenaria puede estropearla. «En la práctica, se pueden crear áreas de penalización», advierte.
En contraste, los incentivos que se plantean para fortalecer la economía consideran viable.
Peñafiel señala que esta iniciativa representa algunos riesgos políticos para el presidente, por ejemplo, el hecho de que el miedo se genere en grupos armados y puede enfatizar la violencia o podría tener fricción con el Tribunal Constitucional.
Para la cueva, «más de la mitad del proyecto es inconstitucional, discriminatorio y peligroso».
«La detención preventiva informal ya tiene dos sanciones en 2023/2024 (el Tribunal Intermericano de Derechos Humanos) contra México, que en diciembre de 2024 el catálogo de delitos con encarcelamiento preventivo informal aumentará», recuerda.
Cuando el crimen de la integración de una pandilla criminal, advierte: «Mañana un policía puede ir a una parte (y eso sucede ahora) que vengo de un grupo criminal y, por lo tanto, me lesioné todos mis derechos».
Con respecto a los indultos otorgados en las fases de investigación «desnaturalizó la ilustración».
Agrega que «nunca se puede realizar una búsqueda posteriormente.
Cueva señala que no se ocupa de medidas para combatir las economías ilegales de la economía, por ejemplo. «Los incentivos son dorar la píldora, que no siente todo el desprecio por la constitución y la ley. Todo ahora quiere hacerlo a través del decreto sin pasar por el control judicial», se queja.
De la aparición del analista económico Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis semanalPresente «Es un proyecto de ley importante porque quiere fortalecerse de manera multidisciplinaria, es decir, de diversos enfoques a las capacidades para combatir grupos irregulares».
«Por un lado, hay medidas económicas para dar a las áreas afectadas (con incentivos fiscales y alivio financiero) y para dar un tratamiento preferido sobre el otro comercio de drogas», dice.
Sin embargo, tenga en cuenta que la Asamblea Nacional tiene que verificar algunos detalles que podrían ser arriesgados. «(DA) Es importante que en esta lucha contra el tráfico de drogas, los ciudadanos no pierdan nuestros derechos», agrega. Por ejemplo, que los civiles están confundidos con los combatientes, las convulsiones de propiedad se llevan a cabo sin una sentencia de prisión fija. Los extranjeros están excluidos sin procedimientos legales, la expansión de la aplicación de la violencia y los posibles efectos en el procedimiento apropiado.
Hasta la publicación de esta nota ,, El presidente del legislador, el oficial de Niels OlsenNo había conjurado la Administración Legislativa (CAL) para conocer el proyecto y calificar.
La Asamblea Nacional tiene 30 días para procesar en asuntos económicos. (I)
