El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse este viernes para conocer y calificar el proyecto de ley antimafias, impulsado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno (ADN). La iniciativa plantea reformas a tres cuerpos legales con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del Estado en la lucha contra el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en el país.
Dentro de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) existe respaldo para que la propuesta sea aprobada en dos debates en la Asamblea Nacional.
En cambio, en el sector de la oposición Revolución Ciudadana (RC) cuestiona el proyecto señalando que el contenido del proyecto es un “reencauchado” de los temas que se incluyeron en proyectos urgentes y que fueron declarados inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional.
La iniciativa legislativa de la asambleísta Mishel Mancheno contiene catorce reformas, de las cuales once se aplican al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial.
La ley antimafias busca cerrar los vacíos que actualmente permiten que las organizaciones criminales operen, se expandan, recluten personas, utilicen infraestructura, sostengan economías ilícitas, intimiden a víctimas y conserven su patrimonio criminal aun cuando algunos de sus ejecutores sean detenidos.
Esta propuesta parte de la premisa de que las organizaciones criminales no operan solas, sino que además de los cabecillas se incluyen financistas, reclutadores, transportistas, facilitadores de inmuebles y personas vinculadas al lavado de activos.
El asambleísta Luis Fernando Molina señaló que para la bancada Revolución Ciudadana (RC), el proyecto es un “reencauchado” de algunos temas incluidos en los proyectos de ley urgentes, pero que fueron declarados inconstitucionales y además su contenido respecto a una lógica.
Manifestó que esta propuesta responde a la lógica de populismo penal, porque se viene reformando cada seis meses el COIP, y que se elevan las penas como si eso resolvería los problemas de seguridad.
Insistió en que el problema no está en una reforma a la Ley, sino en la ausencia de una política pública preventiva, paliativa y reparatoria.
Por ejemplo, agregó Molina, el tema de la lucha contra las economías criminales ya fue objeto de debate de la primera reforma de urgencia económica.
El legislador Molina cuestionó la propuesta de reforma conocida como “ley antimafias”, al considerar que el incremento de penas para determinados delitos no resolverá el problema de la inseguridad mientras no exista una justicia independiente.
Señaló que, sin jueces probos, procesos penales adecuados y una Fiscalía enfocada en perseguir el delito en lugar de actuar contra opositores políticos, los resultados seguirán siendo insuficientes. Aunque afirmó que existe consenso en la necesidad de combatir el crimen organizado, recordó que, luego de dos años y medio de gestión gubernamental, no se observan avances significativos en esa materia.
Molina calificó la iniciativa como una nueva “cortina de humo” del bloque oficialista y advirtió que será necesario revisar con atención el contenido final del proyecto. A su criterio, ninguno de los ejes planteados aborda las causas estructurales del crimen organizado, problema que, según dijo, requiere una política pública integral, una actuación efectiva del Ministerio del Interior y una estrategia clara de seguridad. Además, criticó lo que considera una falta de resultados del denominado Plan Fénix y pidió al Gobierno evaluar sus políticas para enfrentar el aumento de la violencia en el país.
Respecto de la propuesta de suspender el ejercicio profesional de abogados vinculados mediante sentencia a estructuras criminales, Molina sostuvo que existe un “doble rasero” por parte del oficialismo. Argumentó que se intenta estigmatizar a los abogados que ejercen la defensa de personas procesadas, lo que, en su opinión, afecta garantías fundamentales y derechos humanos.
Recordó además que, cuando promovió una demanda de inconstitucionalidad relacionada con restricciones a abogados que defendieran determinados delitos graves, sectores del oficialismo respaldaron la normativa vigente y rechazaron cuestionamientos similares, lo que evidencia una contradicción en su postura actual.
Molina advirtió que la propuesta contiene disposiciones que podrían responder a intereses políticos específicos, particularmente en materia de infracciones vinculadas a hidrocarburos. Según manifestó, algunas reformas buscarían dar sustento legal a procesos que actualmente carecerían de base jurídica suficiente, con el objetivo de continuar acciones contra opositores políticos.
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