La mayoría de derechas formada por el PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados ha tumbado este martes una proposición de ley presentada por Sumar para prohibir los despidos colectivos (ERE de extinción) a las empresas que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la UE o el Espacio Económico Europeo. Además de la prohibición de despidos, la propuesta legislativa de Sumar pretendía obligar a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos, aparte de permitir la participación de los sindicatos en las discusiones y acuerdos que se alcancen en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas.
“Basta de trampas, basta de fraude con dinero público. El dinero público, el dinero de todas y de todos ha de estar para proteger el empleo y para sostener y crear industria, no para financiar cierres y deslocalizaciones”, ha indicado desde la tribuna Begoña Barbero, portavoz de la formación a la que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sin embargo, para la diputada del PP María Isabel Prieto, cuyo grupo votó en contra, la propuesta es “desproporcionada” para las empresas, supone una “injerencia” en la capacidad de organización de las empresas y “más obligaciones y cargas burocráticas” en su funcionamiento. Asimismo, Prieto ha enfatizado que una reforma como la presentada requiere de un acuerdo dentro del diálogo social: “Lo que tienen quehacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorarlos derechos de los trabajadores”, ha remachado la diputada. Mientras que el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha apuntado que aunque el objetivo de la propuesta puede ser “loable”, esta incluye instrumentos que pueden introducir “rigideces que acaben debilitando al tejido productivo que buscaba proteger”.
La parte más criticada por el diputado de Vox, ha sido la que obliga a estas empresas que se deslocalicen a devolver las ayudas públicas, pues considera una medida “muy amplia” que puede penalizar decisiones empresariales legítimas, y ha criticado que la iniciativa sólo contemple el caso de deslocalizaciones a terrenos fuera de la UE: “Para un trabajador gallego cuya fábrica cierre, el perjuicio será idéntico si la producción se traslada a China o si lo hace a Alemania, Polonia o cualquier otro estado miembro del mercado interior”, ha argüido.
Mientras que, por parte de Junts, el diputado Josep Maria Cervera ha deslizado la idea de que su grupo no apoyará la admisión a trámite de la propuesta por los “incumplimientos” del Gobierno con Cataluña. Asimismo, ha criticado a Sumar por tener la “mirada miope” a la hora de defender al trabajador, de manera que “con el comodín de la protección del trabajador”, hacen que el marco normativo “sea más rígido”.
Un apoyo insuficiente
La toma en consideración de esta propuesta sí ha tenido los votos favorables del PSOE, PNV, Bildu, ERC, Podemos Y BNG, durante el debate de la iniciativa, pero han sido insuficientes para lograr su tramitación. Así, la diputada que ha intervenido en nombre del PSOE María Luisa Sanz Martínez ha asegurado que valora “favorablemente” la proposición de ley, pero ha apuntado que la Ley de Industria del Gobierno va “mucho más allá” del contenido de la iniciativa de Sumar. En su opinión, la propuesta del Ejecutivo que lleva pendiente de aprobación desde la legislatura pasada y que el Gobierno ha sacado de la lista de normas imprescindibles para recibir fondos europeos no solo pretende paliar los efectos de la deslocalización, sino que también busca mantener y proteger la actividad ya existente y atraer nuevos proyectos, favoreciendo así el empleo y la cohesión social y territorial.
La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha avanzado su apoyo a que se debata la propuesta en el Parlamento alegando que en Francia y Alemania hay medidas similares y comparten el espíritu de que cuando se destruyen puestos de trabajo el Estado “no puede ser un espectador pasivo”.
El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, también ha avanzado su apoyo a la iniciativa, pero ha instado a ser más ambicioso con la devolución de ayudas públicas y que las empresas que abandonen un territorio devuelvan las ayudas que hayan percibido en la última década, no cuatro años como la propuesta de Sumar. A esta petición de más severidad con las empresas que deslocalicen su actividad se han sumado los diputados del BNG Néstor Rego, y el de Podemos JavierSánchez Serna. Por su parte, el portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicana(ERC), Jordi Salvador, se ha mostrado a favor de tramitar esta iniciativa para terminar con el “abuso de poder” y el “feudalismo moderno” queejercen las empresas en estos casos.
