El Ministerio de Hacienda ha presentado este viernes una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto que estaba pendiente desde 2014. El nuevo esquema supone más bien una evolución del modelo actual que una revolución: habrá más dinero para todas las autonomías, una mayor cesión de impuestos y una reducción de las brechas de financiación entre territorios.
Cataluña, voz cantante en la negociación de la propuesta, que se ha debatido de forma bilateral entre el Gobierno y ERC, saldrá beneficiada, pero no se le reconocerán todas sus pretensiones. Ni habrá cupo como se planteó en un principio, razón por la cual Junts ha manifestado su rechazo al nuevo modelo, ni se blindará del todo el principio de ordinalidad, aunque sí se garantizará para Cataluña en el arranque del nuevo modelo. Estos son algunos de los puntos clave de la propuesta de reforma.
Ajustes en el criterio de reparto
Hacienda plantea ajustes metodológicos en el cálculo de la población ajustada, la principal variable de reparto de los recursos del sistema. Este indicador se corresponde a la población real de cada territorio, ponderada por variables que influyen en el coste de prestar los servicios públicos básicos —tarea encomendada a las comunidades—, como el envejecimiento o la dispersión geográfica.
Entre las novedades, en las variables educativas se introducen dos nuevos criterios, el número de habitantes de entre 18 y 24 años y los alumnos universitarios desplazados; en la de servicios sociales habrá dos tramos, la población mayor de 65 años —hasta 79 y mayores de 80— y el número de parados sin prestación. También se prevén mejoras para las comunidades más despobladas.
Aumenta la cesión de impuestos
El modelo vigente se basa en una cesta común de recursos que se nutre de transferencias estatales y parte de la recaudación de las comunidades, que tienen cedido el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Esos porcentajes subirían al 55% y al 56,5% para los dos primeros tributos, y se mantendrán en el 58% para el tercero. Se incorporarán a la caja compartida también el 100% del impuesto sobre el patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos. La modificación brindará, según los cálculos presentados este viernes por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, unos 16.000 millones adicionales para el primer año de funcionamiento del nuevo sistema, 2027. La aportación del Estado se elevará hasta los 19.000 millones en el mismo ejercicio, frente a los cerca de 13.000 de 2023. En total, el modelo contará con unos 21.000 millones adicionales.
El ministerio no ha ofrecido datos sobre cuánto crecería en cada comunidad la financiación por habitante ajustado, pero ha detallado el incremento absoluto en comparación con el modelo actual. La mayor subida se registraría en Andalucía (4.846 millones más), seguida por Cataluña (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669) y Madrid (2.555).
Simplificación en los fondos
Esa cesta común (denominada en el modelo vigente Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) se reparte actualmente en función de la población ajustada, pero después entran en acción otros compartimentos que, según expertos y académicos, son poco transparentes y distorsionan la distribución.
Estos fondos de cierre desaparecerían con la reforma, y el nuevo modelo garantizaría una disminución de la brecha de financiación por habitante entre comunidades a través de una nivelación horizontal y otra vertical —de los 1.500 euros actuales a los 700—. La primera nivelación, entre comunidades, tiene el objetivo que todos los territorios alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado; la segunda, entre Estado y autonomías, pretende reducir en dos tercios la distancia de cada región respecto a la que tiene más recursos.
Ajustes adicionales
La reforma contempla ajustes adicionales. Por un lado, permite a las comunidades recaudar parte del IVA generado por las pymes en su territorio, calculado en función de la diferencia entre el peso relativo del IVA liquidado y el índice de consumo. También se incorpora un fondo climático dotado con 1.000 millones de euros. Dos tercios de ello se repartirán en función del criterio de población ajustada entre las comunidades mediterráneas, las más expuestas a fenómenos climatológicos extremos; el resto se distribuirá entre las demás en función de la población ajustada.
Por otro lado, se introduce una cláusula de statu quo, para que ninguna comunidad pierda recursos con el nuevo modelo. Es así que Cantabria y Extremadura, de los territorios mejor tratados por el actual sistema y que no mejorarían su financiación con la reforma, recibirán igualmente una inyección extra de recursos.
Ordinalidad a medias
El polémico principio de ordinalidad no estará blindado por el nuevo sistema. El Gobierno sí ha cuadrado las cuentas para que se aplique a Cataluña, tal y como había pactado con ERC. La ordinalidad implica que si una comunidad es la que más aporta al sistema, debería ocupar la misma posición en cuanto a recursos recibidos. Cataluña, aportadora neta junto a Madrid y Baleares, recibía una financiación por habitante en torno a la media. Ahora se ha garantizado que, al menos en el arranque del nuevo esquema, sea la tercera autonomía que más aporte y también la tercera que más reciba, pero esta correspondencia no se aplicará a las demás. La configuración de un cupo catalán, como plantearon en un principio las formaciones independentistas, queda en cambio en saco roto.
