El accionar de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas durante el paro nacional marca un nuevo punto de fricción entre las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN), en la Asamblea Nacional.
Legisladores de la oposición y del oficialismo reaccionaron tras la movilización de organizaciones sociales e indígenas este domingo, 12 de octubre, en Quito, que fue disuadida por la Policía y las FF. AA.
El correísmo condenó la supuesta represión de la fuerza pública a los manifestantes, durante los veintidós días de las protestas en contra de la eliminación del subsidio al diésel.
En rueda de prensa, la asambleísta de la RC, Jahiren Noriega, sostuvo que es “indignante mirar como el Gobierno ha desplegado a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares, a lo largo y ancho del país” para contener las protestas.
“Solo en Quito, ayer la propia Policía Nacional reportaba que al menos existían siete mil efectivos para evitar que las movilizaciones lleguen a la ciudad (…)”, observó la asambleísta y rechazó también las agresiones a periodistas durante las coberturas de las movilizaciones.
En este marco, Noriega informó que la bancada de la Revolución Ciudadana solicitó la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo “para que se garanticen los derechos de los manifestantes”.
Por otro lado, Lucía Pozo, de la bancada de Gobierno, minimizó las manifestaciones y dijo que se tratan de protestas focalizadas. Recalcó que se trata de un “minúsculo número de pseudo líderes con intereses partidistas y personales que a veintidós días de paralización no buscan nada en beneficio de sus comunidades ni para el país”.
A la vez, la legisladora oficialista consideró que las protestas no han tenido el efecto que los dirigentes han querido y destacó que en el feriado hubo reactivación económica en la mayoría de provincias menos en Imbabura, que sigue paralizada. Esto dijo, gracias al despliegue de las fuerzas del orden.
“Lo que buscamos como Asamblea Nacional es respaldar la gestión del Gobierno Nacional con un presidente en territorio, que ha estado veinticuatro horas y siete días de la semana trabajando con la gente y entendiendo las realidades. Lo que no es aceptable es el nivel de violencia, que ha sido controlada; caso contrario, Quito estuviese incendiado como en años anteriores”, dijo Pozo.
Andrés Castillo, también de ADN, coincidió en que la marcha de este domingo en la capital no tuvo el número que los dirigentes sociales esperaban. Al menos, dijo, fue una jornada donde la ciudad quedó intacta y se pudo concluir el feriado con tranquilidad.
“Lo de 2019 y lo de 2022 aquí no se repitió y espero que no se repita”, enfatizó Castillo y criticó los actos de violencia durante las manifestaciones.
A la vez, el asambleísta por Pichincha recordó que la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, expresó su respaldo a los manifestantes. “Ellos ya no están detrás, ellos ya están de frente”, agregó.
En este marco, el oficialista anunció que en el pleno de este martes, 14 de octubre, la bancada de ADN presentará un cambio de orden del día para convocar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para que explique sobre el plan alternativo que tenía el Municipio para enfrentar las manifestaciones en la capital, pues dijo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hicieron un trabajo exitoso en el resguardo de la ciudad.
Este lunes, 13 de octubre, el paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumple veintidós días de protestas, que se han concentrado en la provincia de Imbabura, sin señales de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena. (I)
