Figuras procedentes de la academia son las que estarían buscando las autoridades gubernamentales para que participen en el concurso público para seleccionar al titular de la Fiscalía General del Estado.
Entre académicos, abogados en el libre ejercicio y funcionarios estatales se abrió una discusión del perfil que debería acreditar aquella persona que aspire a ocupar la Fiscalía General, aunque el concurso público que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tiene fecha para iniciar.
En la Universidad Andina, en Quito, se realizó este 23 de junio de 2025, un foro promovido por el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Participación Ciudadana, en el que intervinieron tres abogados en el libre ejercicio, quienes señalaron las cualidades éticas, de transparencia y honestidad como las principales que debería tener un Fiscal General y, esencialmente, los miembros de la comisión ciudadana.
El objetivo fue alentar a que la comunidad docente se anime a participar del concurso
El presidente del CES, Pablo Beltrán, detalló que el objetivo es que participen como candidatos, tanto para formar la comisión, como para ser Fiscal.
“Regulamos, como CES, el sistema de educación superior y traemos a los docentes para que, aquellos que se interesen por la sociedad, puedan participar y elegir de entre los mejores el mejor cuadro para Fiscal”, afirmó Beltrán.
El viernes pasado, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó —con cinco votos a favor y dos abstenciones— el reglamento que será la base del concurso de méritos, oposición e impugnación que lo hará una comisión ciudadana, integrada por diez personas, las que también serán seleccionados por méritos e impugnación.
Esta instancia desarrollará las fases de admisibilidad, calificación de méritos, examen escrito y oral; y, la impugnación a la probidad y ética de los concursantes.
El informe final con las calificaciones de cada participante se enviará al pleno del Consejo para que, por votos de mayoría o unanimidad, se designe a aquel que alcance el más alto puntaje.
En tanto, a los comisionados ciudadanos, los eligen los siete vocales del Consejo con el apoyo de sus asesores.
La constitucionalista, Pamela Aguirre Castro, hizo un llamado al organismo para que estas diez personas estén preparadas y capacitadas para elegir al próximo fiscal de la Nación.
“No se puede permitir que personas neófitas (sin conocimientos o experiencia) estén eligiendo al Fiscal. Sería como ciegos guiando a tuertos”, comentó Aguirre, durante este foro.
Asistió también la penalista, María del Mar Gallegos, cuyo criterio fue que se elija a un abogado penalista especializado en derecho procesal, internacional y política criminal y demás: “No personas improvisadas”, enfatizó.
El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, destacó que en la reforma reglamentaria aprobada por una mayoría de los consejeros, se haya acogido las propuestas del gremio.
Como por ejemplo, la de eliminar la prohibición para que postulen los juristas que hayan patrocinado causas relacionadas con narcotráfico, asesinatos, delincuencia organizada y delitos conexos.
Eso “abriría la puerta” a que los abogados puedan postular, pero el Consejo tendría que revisar meticulosamente los ingresos de los candidatos y puedan ser impugnados de detectarse ante una probable irregularidad, lo que ayudaría a depurar a los malos elementos.
Estos procedimientos estarán a cargo de los comisionados ciudadanos, de los que las cinco personas son electas por méritos; y, los restantes, vienen de ternas enviadas por las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de Transparencia y Control.
A estos últimos les revisan sus requisitos y que no estén incursos en prohibiciones legales y constitucionales y, el escrutinio.
Adicionalmente, deben cumplir con los mismos requisitos que para ser vocal del CPCCS, es decir, tener título de tercer nivel y certificaciones.
Desde el 20 de mayo pasado, la Fiscalía la preside el fiscal encargado, Wilson Toainga, luego que la exautoridad, Diana Salazar, decidió terminar son su periodo de seis años en el cargo, pues desde el 9 de abril se encontraba en funciones prorrogadas, ya que su periodo terminó el 8 de abril. (I)
