Las reglas sobre las horas de vigencia de la ley seca para las elecciones seccionales de febrero de 2027 en Ecuador no se modificarán.
En esos comicios se elegirá a las autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la normativa se mantendrá intacta debido a que el proyecto de reformas presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, no fue tramitado en el Parlamento dentro del plazo legal establecido, es decir, antes de un año del proceso electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 14 de febrero, declaró el inicio del periodo electoral, y con ello, está prohibido realizar reformas electorales al Código de la Democracia. El periodo electoral comprende las etapas preelectoral, electoral y poselectoral. En esas elecciones se elegirá a prefectas y prefectos, alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales, vocales de juntas parroquiales rurales, así como a consejeras y consejeros del CPCCS para el periodo 2027-2031.
Reformas planteadas
La iniciativa legislativa de Niels Olsen planteaba reformar el artículo 123 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, a través de un proyecto denominado Ley de Regulación Equitativa del Consumo y Actividades Económicas en Procesos Electorales.
Actualmente, la norma dispone que durante el día de las elecciones, 36 antes y 12 horas después, no se permitirá la venta, distribución ni consumo de bebidas alcohólicas. La propuesta de Olsen buscaba reducir ese periodo a doce horas antes del inicio oficial de la jornada electoral y seis horas después de su cierre.
El proyecto fue ingresado a la Asamblea Nacional el 28 de noviembre de 2025 y, en un plazo de 48 horas, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificó y lo remitió a la Comisión Especializada de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno (ADN).
Posteriormente se inició una fase de socialización y comparecencias con representantes de gremios vinculados a los sectores gastronómico, turístico, hotelero, de bebidas y entretenimiento.
Durante esas sesiones, diversos actores expresaron su respaldo a la reforma, argumentando que la actual extensión de la ley seca genera impactos económicos significativos.
Según los justificativos para presentar el proyecto, cada jornada electoral representaría pérdidas aproximadas de $ 15 millones para los sectores de gastronomía, turismo, hotelería, entretenimiento y comercio formal, acumulando más de $ 112 millones en los últimos cinco años.
También se señaló que la medida afecta directamente a trabajadores cuya remuneración depende de comisiones, como meseros, bartenders, personal hotelero, guías turísticos, músicos y artistas, con especial incidencia en micro, pequeñas y medianas empresas.
Entre las comparecencias constaron representantes del sector productivo y turístico, quienes sostuvieron que la reforma permitiría armonizar el objetivo de garantizar el orden público durante las elecciones con la necesidad de mitigar los efectos económicos negativos de una restricción prolongada.
El proyecto avanzó hasta la etapa de socialización y se trabajaba en la elaboración del informe para primer debate, este documento está listo para que los miembros de la mesa legislativa lo conozcan y aprueben, tomando en cuenta que el plazo de los 90 días que tiene la comisión para presentar el documento para conocimiento de la Secretaría General de la Asamblea se terminará el 18 de marzo próximo.
En consecuencia, para las elecciones de febrero de 2027 regirá el texto vigente del artículo 123 del Código de la Democracia, manteniéndose la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas durante el día de los comicios, 36 horas antes y 12 horas después. (I)
