Unos $ 8.566 millones fueron la afectación a las economías criminales que generaron operativos de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en minería ilegal y narcotráfico, durante este 2025.
Así lo informó el Gobierno nacional, en un balance que hizo sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado. De acuerdo con el Ejecutivo, en este año “el Estado reforzó de manera decisiva su capacidad operativa en materia de seguridad”.
En su lucha contra la minería ilegal, el régimen precisó que las FF. AA. incautaron 421 retroexcavadoras, 64 dragas y destruyeron 1.394 bocaminas, afectando a las economías criminales en más de $ 2.131 millones.
Esto a través de 336.056 operaciones militares, con el despliegue de 30.951 efectivos.
“Estas acciones protegen el medioambiente, recuperan territorios y debilitan estructuras delictivas que operan en zonas vulnerables”, puntualizó la Presidencia de la República.
Por otro lado, sobre las operaciones contra el narcotráfico y el control penitenciario, el Ejecutivo destacó que de enero a diciembre de 2025 se decomisaron 214,53 toneladas de droga, generando una afectación económica superior a $ 6.435 millones a las organizaciones criminales.
Como resultado de las operaciones estratégicas, dijo la Presidencia, en 2025 se capturaron 19 objetivos de alto valor, incluyendo la extradición y recaptura internacional de cabecillas criminales, en coordinación con fuerzas de seguridad de otros países.
En cuanto al equipamiento de la fuerza pública, el Gobierno detalló que se incorporaron vehículos tácticos y blindados, helicópteros, una aeronave Boeing 737-500, drones, uniformes, chalecos y cascos balísticos de alta tecnología, con inversiones que superan los $ 130 millones.
Mientras que sobre la Policía Nacional, las autoridades señalaron que hubo una inversión aproximada de $ 20,6 millones, que permitió la entrega de patrulleros, tecnología especializada, trajes antiexplosivos y nuevas Unidades de Policía Comunitaria.
A la vez, el Gobierno develó que este año, en materia de seguridad, entró en funcionamiento la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde ya se encuentran 650 personas privadas de libertad de alta peligrosidad, bajo un régimen estricto de control, reforzando la seguridad del sistema penitenciario.
En este contexto, Ecuador cierra 2025 bordeando los 9.000 homicidios intencionales, siendo el año más violento en la historia del país, que ha superado el número de asesinatos registrados en 2023 y 2024. (I)
