El discurso que dio Yolanda Díaz el 16 de febrero en el Ministerio de Trabajo sonó a epílogo. Entonces, durante el acto de firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda dijo: “No solo ha sido desde hace seis años el salario mínimo. Ha sido la reforma laboral, la ley rider, tantas y tantas normas… Frente a la adversidad”. También dijo, ante el presidente del Gobierno y secretario general del partido que ha gobernado España durante 28 de los últimos 44 años, que “por primera vez” el Ministerio de Trabajo “tiene vida propia, autonomía propia, sin dependencias de otros ministerios”. “Esto es muy importante para la vida política de este país”, agregó Díaz.
Ahora, nueve días después, Díaz ha confirmado que no volverá a presentarse como candidata a las elecciones generales. “Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno”, dice en una carta distribuida en redes sociales. La vicepresidenta se compromete a “seguir trabajando en el Gobierno para cumplir” con el “mandato de las urnas y avanzar en todo lo que queda por hacer”.
Anuncia esta decisión poco después de alcanzar su 25º acuerdo con los sindicatos, un nuevo incremento del SMI, rechazado por los empresarios. En la primera legislatura CC OO y UGT apoyaron 17 pactos con Trabajo, entre los que CEOE y Cepyme respaldaron 12. Cabe subrayar que la mitad fueron prórrogas de los ERTE, un salvavidas imprescindible para las empresas durante la pandemia. En la segunda, de los ocho acuerdos alcanzados la patronal solo ha apoyado uno, y se esforzó en diluir la importancia del mismo cuando fue presentado.
Estas son algunas de las medidas más importantes que ha aprobado Díaz en estos seis años al frente del Ministerio de Trabajo, primero durante una crisis sanitaria global y después durante un periodo económico expansivo que ha llevado la tasa de paro a su nivel más bajo desde 2008.
Las subidas del salario mínimo
El primer gran acuerdo de Díaz como ministra se dio en enero de 2020, cuando pactó con las patronales y los sindicatos subir el salario mínimo hasta los 950 euros brutos en 14 pagas. Ese incremento dio continuidad al anterior, cuando el PSOE gobernaba en solitario y acordó con Unidas Podemos el mayor acelerón histórico del suelo salarial, de 736 a 900 euros, tras años sin apenas subidas durante la Gran Recesión y los primeros compases de la recuperación.
Así, desde 2018 el SMI ha crecido un 66%. De 736 a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el mismo periodo los precios han crecido un 23%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial de unos 40 puntos.
Los impulsos por decreto del salario mínimo han incrementado las retribuciones más bajas en los últimos años, pero las subidas son inferiores en los deciles (una décima parte de los empleados, ordenados en diez grupos de menor a mayor y para los que se calcula su retribución media) superiores. Desde 2021, según la EPA, el decil más bajo ha avanzado un 25,4%, frente al 14,3% del quinto decil y el 12,9% del grupo con retribuciones más altas. La inflación acumulada de diciembre de 2021 al mismo mes de 2024 es del 12,1%, así que los salarios más bajos ganan mucho poder adquisitivo, pero apenas el resto.
La reforma laboral
Las subidas del salario mínimo se dan por decreto, sin necesidad de respaldo parlamentario. Pero los cambios legislativos sí exigen el refrendo del Congreso, como el que obtuvo en febrero de 2022 la reforma laboral. Lo logró por un solo voto y además equivocado, el de un diputado del PP. El resto de su partido votó en contra, pese a que CEOE y Cepyme apoyaban la normativa.
El cambio estructural más asociado a la reforma laboral es la caída de los contratos temporales, tras la eliminación del de obra y servicio y una mayor exigencia para suscribir otras modalidades temporales. En el último trimestre antes de que aplicase la reforma laboral (el cuarto de 2021) los asalariados con un contrato temporal eran el 25,6% del total, un año después eran el 18,2% y ahora rondan el 15%.
Esos puntos de caída se han ido principalmente a la contratación indefinida al uso, la que más garantías da al trabajador, que ha pasado del 72% al 81% en cuatro años. Pero hay otro modalidad que ha crecido con fuerza y que ha alimentado una gran polémica entre los expertos: el contrato fijo discontinuo.
Esta modalidad no la inventó la reforma laboral, pero su uso se ha ampliado en actividades estacionales como la hostelería o la logística. El empleado sigue contratado en temporada baja, pero inactivo, así que no cobra y tiene derecho a recibir la prestación por desempleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la proporción de estos asalariados respecto al total fue del 4% en el segundo trimestre, en plena temporada alta turística, el doble que antes de la reforma laboral.
La ley de repartidores
También tuvo el respaldo de la patronal la ley rider, que buscaba reconocer el carácter laboral de la relación entre las plataformas de reparto de comida y sus empleados. Aunque la posición que acababa de marca el Tribunal Supremo dejaba poco margen a la interpretación, el Gobierno quiso reforzar la constatación de que los repartidores eran asalariados con un cambio normativo. Fue aprobada por el Congreso en junio de 2021.
La norma no fue suficiente para que las empresas principales cambiaran su modelo, ni tampoco la actuación de Inspección y las sanciones que llevaba aparejada. Viraron después de que el Gobierno aprobase un cambio en el Código Penal que amenazaba a los dirigentes de esas empresas con penas de cárcel. Glovo completó el cambio en julio del año pasado y Uber Eats lo comunicó en enero. Pese a ello, modelos parecidos se expanden en otras plataformas que no se dedican al repartido de comida.
El subsidio de paro
Díaz también ha logrado una reforma del subsidio por desempleo, una normativa cuyo camino fue fiel reflejo del cambio de época de la segunda legislatura frente a la primera. La modificación fracasó en el Congreso por el voto en contra de Podemos, poco después de la ruptura entre el grupo de Ione Belarra y Sumar. Aquel texto ni siquiera fue negociado con sindicatos y patronales, lo que enfadó a ambas partes del diálogo social. Sí fue tratado con gran dificultad con el Ministerio de Economía, otro clásico de la trayectoria de Díaz: primero con Nadia Calviño y después con Carlos Cuerpo, ambos departamentos han chocado frecuentemente. También ha habido roces con Hacienda y María Jesús Montero, pero menos habituales.
Trabajo rectificó, acordó el cambio con CC OO y UGT (sin las patronales) y accedió al cambio que pedía Podemos, que los beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 52 años siguieran cotizando por el 125% de la base mínima de cotización. Más allá de este detalle, la normativa elevó las cuantías de los subsidios, con un reducción progresiva con el paso del tiempo, en función de la prestación y de la situación del beneficiario. También reformuló la compatibilidad con el empleo y amplió la prestación a nuevos colectivos.
Otras medidas
Durante los crisis sanitaria del coronavirus, Trabajo capitaneó las negociaciones sobre las prórrogas de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esta herramienta supuso la práctica nacionalización de millones de salarios y sirvió como dique para evitar despidos. Por entonces, también en relación con la pandemia, el Gobierno sacó adelante con apoyo empresarial una norma para regular el teletrabajo.
En 2020, sin CEOE y Cepyme, también prosperó la norma para impulsar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. De nuevo con todo el diálogo social, Díaz acordó en 2023 la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral y en 2024, el decreto contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+. Ese es el último pacto de Díaz con los empresarios.
Lo que fracasó o está pendiente
La gran promesa del Gobierno de coalición para la segunda legislatura, la reducción de jornada a 37 horas y media, fracasó en el Congreso en septiembre. PP, Vox y Junts unieron sus votos contra el recorte del tiempo de trabajo, después de que Díaz solo lograse acordar el cambio con los sindicatos. Para compensar el fracaso, su departamento está impulsado un refuerzo del registro horario que obligue a las compañías a que sea digital y a que Inspección pueda consultarlo cuando estime oportuno.
Hay otras normas con difícil recorrido parlamentario que se encuentran en distintas fases de tramitación, todas ellas con respaldo sindical pero no patronal: es el caso del estatuto del becario, de la reforma de la prevención de riesgos laborales y la ampliación del permiso por fallecimiento de familiares a diez días.
Trabajo también pretende reformar la indemnización por despido improcedente y regular el acceso de los sindicatos a los consejos de administración de las empresas. El primer proyecto se encuentra en fase de negociación con los agentes sociales, pero sin la patronal porque han anunciado que no participarán más, y el diálogo para el segundo se abrirá en breve.
