Los fondos soberanos son ya parte del panorama financiero mundial, aunque a menudo vuelan bajo el radar. En Madrid, dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad llevan el sello de uno de estos vehículos. Las llamadas originalmente Torres KIO —dos rascacielos inclinados en el norte de la capital, donde Santiago Segura esperaba la llegada del anticristo en El Día de la Bestia (Álex de la Iglesia, 1995)— fueron promovidas por la Kuwait Investment Office (KIO), un fondo soberano pionero protagonista, también, de varias tramas reales en la España de los años ochenta y noventa. Hoy, estos agentes económicos mueven en todo el mundo más de 13 billones de euros, de acuerdo con datos de la plataforma Global SWF.
Un fondo soberano es un vehículo financiero propiedad de un Estado que se utiliza para administrar e invertir los recursos del país a largo plazo. Su creación se remonta a los años cincuenta, cuando los países petroleros se plantearon qué hacer con el inagotable caudal de dinero procedente de la exportación del oro negro. El primer fondo fue el de Kuwait, pero ya hay más de un centenar de países y regiones que cuentan con un instrumento de este tipo.
David Cano, socio de la firma de asesoramiento Afi y director de su gestora de activos, recuerda que los fondos soberanos se crearon “para evitar la ‘paradoja de la abundancia’, es decir, la crisis económica que puede sufrir un país como consecuencia de la acumulación de desequilibrios derivados de un período de fuerte expansión”. El caso más paradigmático es el ocurrido con la economía de los Países Bajos. Allí, el maná del gas natural descubierto en los años sesenta provocó un fuerte incremento de los ingresos en divisa extranjera, lo que hizo que se revalorizase mucho la moneda local. Esto acabó perjudicando la competitividad de las exportaciones no petroleras del país y dañando a la economía. En su concepción inicial, “un fondo soberano sirve para garantizar la transmisión intergeneracional de los recursos, ante el riesgo de finalización de la materia prima o de corrección del precio de la misma”, recuerda Cano.
Es la filosofía del mayor fondo soberano puro, el de Noruega. Creado en 1997 con las regalías de las explotaciones petroleras, el vehículo ha invertido año a año en acciones de todo el mundo hasta alcanzar un volumen de dos billones de euros (el doble del valor conjunto de las empresas del Ibex). Su tenacidad inversora le ha convertido en uno de los mayores accionistas del mercado español, pero también de las grandes tecnológicas estadounidenses. La primera premisa de su actuación es que solo invierte fuera de Noruega. La segunda, que el fondo invierte bajo estrictos criterios profesionales, con el objetivo de maximizar el dinero de los noruegos.
No todos funcionan de este modo. El de Arabia Saudí, PIF, con 900.000 millones bajo gestión, invierte con mucha mayor discrecionalidad: controla el 10% del aeropuerto londinense de Heathrow, es primer accionista de la teleco saudí STC (dueña del 10% de Telefónica), tiene el 10% de la plataforma audiovisual DAZN y participaciones en múltiples cotizadas de Wall Street, Uber o Nintendo. También es dueño del equipo de fútbol del Newcastle United y del circuito de golf saudí. El fondo de Abu Dabi es un inversor clave, por su parte, en empresas de torres de telefonía (un activo de infraestructura de bajo riesgo), en otras gestoras de activos e incluso tiene bitcoins.
A partir de ese canon petrolero, empezaron a surgir nuevos vehículos de inversión como los de China o Singapur, “donde la fuente de ingresos ya no era la explotación de materias primas, sino la exportación de bienes manufacturados”, apunta Cano. Pero con un espíritu similar: buscar opciones de inversión preferentemente fuera de su país de origen, para desvincular esta fuente de riqueza de la economía nacional. En caso de crisis económica profunda, siempre se podría contar con esos fondos.
Herramienta de política industrial
En el caso del fondo soberano presentado el jueves por Pedro Sánchez, su origen y finalidad son bien distintos. El fondo —que se denomina “España Crece”—, va a utilizar como punto de partida los fondos europeos que aún no se han gastado del plan puesto en marcha por la UE para paliar los efectos económicos de la pandemia. A partir de ahí, el Gobierno espera atraer a inversores privados —valiéndose de avales, préstamos o instrumentos de capital— para que coinviertan en estos proyectos, y llegar a 120.000 millones de euros de recursos movilizados. De esta cantidad, aproximadamente la mitad se movilizará a partir del ICO, que prevé apalancarse sobre esos 10.500 millones iniciales, tal y como explicó Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Ignacio de la Torre, economista jefe de la firma de inversión Arcano, duda que se pueda levantar tanto dinero como el anunciado por Sánchez. Además, indica que, toda vez que la finalidad no es administrar el excedente de recursos ni diversificar las inversiones, “sino utilizarlo como una herramienta más de política industrial, puede entrañar importantes peligros, como ocurrió con las cajas de ahorros”. El economista recuerda cómo en la época previa al estallido de la burbuja inmobiliaria en España, entre 2002 y 2008, muchas de las cajas —totalmente cooptadas por políticos— acabaron entrando en proyectos y empresas para “dinamizar la economía de la región” y terminaron con estruendosos fracasos, como el aeropuerto de Ciudad Real.
No obstante, la política industrial es la norma en estos tiempos de retraimiento de la globalización, y España no es, ni mucho menos, el único país que ha recurrido en los últimos tiempos a esta figura. Irlanda, Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos han anunciado —e incluso han puesto en marcha— diversos vehículos soberanos de inversión en los últimos años. Con una u otra denominación, es difícil encontrar un Estado que no realice inversiones: si Joe Biden propuso la creación de un fondo soberano estadounidense, Donald Trump disparó la acción de Intel con la compra del 10% del fabricante de chips con dinero público. Francia dispone de su Programme d’Investissements d’Avenir dotado con más de 50.000 millones de euros.
La tendencia parece imparable. Los Estados quieren jugar un papel cada vez más relevante en la economía y los mercados financieros. Y, a la inversa, empresas y países cortejan a su vez a estos inversores con los bolsillos llenos, sobre todo a los que están respaldados por el petróleo. En 2023 se reunió en Madrid la principal asociación mundial de fondos soberanos, y las instituciones españolas no repararon en gastos para tenderles la mejor alfombra roja.
