En una estación de tren neerlandesa, el juez Nicolas Guillou se detiene ante un cartel colgado en la ventanilla: no se admite efectivo. Debajo, se suceden los logos de los medios de pago aceptados, todos estadounidenses y chinos. Para la mayoría de los pasajeros es un detalle más. Para él, un recordatorio de que ha sido desconectado del sistema financiero. Desde hace meses, Guillou está sancionado por Estados Unidos por su labor como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) al investigar la actuación de Israel en Palestina. Al presidente estadounidense Donald Trump no le gustó que un juez hiciera sus pesquisas sobre un Estado aliado y le sancionó económicamente. Desde entonces, las empresas estadounidenses rechazan sus operaciones de pago. No puede tener una tarjeta de crédito, ni pagar con el móvil, ni comprar ese billete de tren.
“Cuando me impusieron las sanciones, descubrí que todas las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos son solo de Visa y Mastercard. Lo que ocurrió es que perdí cualquier posibilidad de tener una tarjeta de crédito, lo que a menudo significa que en la práctica no puedo pagar. Vuelves a la prehistoria”, lamenta el juez.
Guillou no es el único. Otros jueces del Tribunal Penal Internacional también han sufrido sanciones por investigaciones similares. Pero su caso refleja una de las grandes preocupaciones del Banco Central Europeo (BCE) por el dinero del futuro: la vulnerabilidad que sufre Europa al depender de sistemas estadounidenses en el sector de los pagos digitales. En cada transacción existen múltiples intermediarios que pueden bloquear un pago si están bajo jurisdicción de EE UU. Porque, por debajo de cada operación, el dinero pasa por varias capas, desde la tarjeta o monedero digital al banco emisor, al banco comercial, pasarelas de pago, sistemas de compensación y redes de liquidación. Solamente si uno de estos proveedores es estadounidense, la transacción puede ser rechazada. Por eso las sanciones tampoco dejan comprar en Amazon o hacer una reserva en Booking.
“Cualquier empresa, cualquier persona estadounidense o filial puede estar obligada a aplicar las sanciones y bloquearán inmediatamente las transacciones porque, si no lo hacen, se enfrentan a procesos penales en Estados Unidos”, explica Guillou.
No es una cuestión solo de Visa y Mastercard. En el mundo digital las cadenas de pagos están tan interconectadas que es casi imposible no encontrar obstáculos, aun con empresas europeas. Si, por ejemplo, el juez quisiera hacer una reserva en un hotel italiano y los sistemas de pago de ese hotel dependen de alguna empresa estadounidense, aunque el establecimiento sea una empresa europea, la operación sería rechazada.
Esta dependencia estructural es uno de los motivos por los que el BCE impulsa el proyecto del euro digital. Una moneda pública emitida por el banco central permitiría a cualquier ciudadano europeo realizar pagos cotidianos sin depender de intermediarios extranjeros, reduciendo el riesgo de que decisiones políticas externas interrumpan el acceso a medios de pago. El propio supervisor bancario reconoce que uno de los principales argumentos del proyecto es la soberanía europea en medios de pago.
“El Eurosistema reconoce los riesgos de una dependencia excesiva de un número reducido de grandes proveedores de pagos no europeos, cuyos intereses pueden no alinearse con los de los grandes agentes europeos. Esta concentración puede reducir la competencia y facilitar el abuso de poder de mercado, en perjuicio de los consumidores y los comercios”, detallan portavoces del BCE.
La divisa digital sería una forma de actualizar el efectivo a la economía del siglo XXI y asegurar que los ciudadanos no queden desconectados del sistema. “En los medios de pago es muy fácil que haya situaciones de falta de competencia. Si ese servicio además es provisto por entidades que no son europeas, estás en manos de empresas extranjeras para un sector esencial para el funcionamiento de tu economía y puede llevar a una dependencia de un tercer país que lo puede utilizar con propósitos distintos a tus intereses”, detalla José Manuel Marqués, el jefe del departamento de innovación financiera del Banco de España.
No obstante, el debate es intenso. En general, el sector privado reconoce los riesgos de depender de estructuras extranjeras, pero cuestiona el coste de desarrollar una nueva infraestructura cuando ya existen soluciones privadas europeas, como Bizum, que cuentan con una infraestructura europea y que se están expandiendo a varios países. La plataforma trabaja en la interoperabilidad transfronteriza para que cualquier ciudadano pueda pagar en Europa a través de este medio, y las entidades argumentan que el sistema financiero ya ha invertido miles de millones en modernizar los pagos. Duplicar estructuras, creen, puede resultar ineficiente.
Otro de los problemas del proyecto es la dificultad de explicárselo a la población. El argumento de la soberanía europea y el riesgo de las tensiones geopolíticas resultan demasiado abstractos para un ciudadano que busca pagar de forma cómoda y segura. Y también es complicado para la ciudadanía entender qué le va a aportar el euro digital que no pueda hacer ya con las tarjetas bancarias y con Bizum.
Pero para Guillou, la amenaza se ha hecho tangible. “La soberanía económica, los pagos y la infraestructura digital tienen que ir de la mano. Si el sistema se basa en los sistemas estadounidenses, no hay autonomía. La infraestructura que acompañe al euro digital tiene que ser europea porque, en cuanto haya una empresa de EE UU en la cadena, podrán bloquear la transacción, que es lo que me pasa a mí”, urge.
El calendario tampoco da una solución inmediata. Si los plazos avanzan según lo previsto, el euro digital podría ser una realidad en 2029. Mientras tanto, Guillou tendrá que seguir comprando o viajando solo cuando se admitan billetes y monedas.
