El Gobierno ya había informado de que las pensiones subirán un 2,7% el año que viene, pero aún no había detallado cuánto crecerán las pensiones mínimas y las no contributivas, las que reciben los pensionistas más vulnerables. Un año más estas tipologías superan ampliamente a la revalorización general del sistema: las pensiones mínimas con cargas familiares subirán en 2026 un 11,4%, al igual que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las pensiones mínimas sin cargas familiares crecerán un 7%.
Así lo ha detallado este martes la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que además se ha estrenado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como portavoz del Gobierno. El gabinete también ha aprobado la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la prórroga del bono social eléctrico, fruto de un acuerdo con EH Bildu que el grupo vasco anunció este lunes. Además, el gabinete ha dado luz verde al mantenimiento de los incentivos fiscales para comprar vehículos eléctricos; a la prórroga de las ayudas para los afectados por la dana; y a la cotización adicional para que los agentes medioambientales y bomberos forestales anticipen su jubilación, entre otras medidas.
Todo ello, junto al incremento de las pensiones, es lo que el Gobierno denomina “escudo social”. Desde el Ejecutivo confirman que todas estas medidas irán de la mano en un solo proyecto, que necesita la convalidación del Parlamento en el plazo máximo de un mes. El PP había anticipado que apoyaría la revalorización de las pensiones si el Gobierno la presentaba sin mezclarla con otras medidas. Al no ir por separado, fuentes del PP no garantizan el respaldo a la iniciativa del Gobierno. Si los populares rechazan el paquete completo, el éxito de la propuesta volvería a depender de Junts.
La pensiones mínimas son las cuantías más bajas mensuales de las prestaciones contributivas (las generadas por las aportación en cotizaciones a lo largo de la vida laboral). Estos mínimos cambian en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, y siempre que no supere un límite de ingresos establecido. Es decir, las pensiones mínimas son el suelo contributivo, mientras que las máximas son el techo. Cuando un pensionista no llega a ese mínimo, una vez calculada qué prestación le correspondería, se activan los conocidos como complementos a mínimos, también determinados por las circunstancias del beneficiario. Según los últimos datos de la Seguridad Social hay 2,12 millones de pensiones complementadas a mínimos en España.
Según ha detallado Saiz, las mínimas con cargas familiares se elevarán un 11,4% y sin ellas lo harán un 7% con el objetivo de “seguir mejorando” la situación de estas personas con recursos escasos. La Seguridad Social precisa que la pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.107 euros anuales (frente a los 12.242 euros de 2025) y de 17.592 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2025 fue de 15.786 euros). Las de viudedad con cargas familiares también aumentarán un 11,4%.
En total hay 10,42 millones de pensiones contributivas en España, que reciben 9,42 millones de pensionistas. Hay más prestaciones que personas porque hay quienes reciben más de una pensión. Por sexos, hay 4,74 millones de hombres que reciben al menos una pensión y 4,68 millones de mujeres. Por tipo de pensión contributiva, las más altas son las de jubilación (1.511 euros al mes), que a la vez son las más numerosas (6,63 millones de prestaciones) y caracterizadas por una profunda brecha de género: ellos ingresan 1.728 euros de media y ellas, con carreras laborales más inestables, 1.209 euros. También hay 2,35 millones de pensiones de viudedad (926 euros mensuales en promedio) y un millón de prestaciones contributivas por incapacidad permanente (1.211 euros).
Para los mayores que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social a lo largo de su vida y que carecen de recursos suficientes, el sistema despliega la red de pensiones no contributivas, que se elevan un 11,4% en 2026. La Seguridad Social abona 471.000 prestaciones de carácter no contributivo. El 63% de estas pensiones corresponde a mujeres. El Gobierno también ha anunciado un incremento del IMV del 11,4%, la prestación estatal que intenta garantizar una cuantía de subsistencia para las personas más vulnerables. Esta prestación llegó en noviembre a 785.722 hogares en los que viven 2,4 millones personas, según la última estadística publicada por la Seguridad Social.
El incremento general del sistema, del 2,7%, es producto de la media interanual de inflación de los 12 últimos meses. El Gobierno consolidó en 2021 la ley por la que las prestaciones crecen por norma general conforme a la evolución de los precios, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones. El ministerio de Saiz aterriza este incremento en números: “Un pensionista que perciba una pensión de 1.512 al mes pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571 euros”.
En la reunión del Gobierno también se ha prorrogado el salario mínimo interprofesional (1.184 euros brutos en 14 pagas), a la espera del incremento retroactivo que Trabajo impulsará a la vuelta del parón navideño.
Incremento del gasto
Los incrementos de las pensiones anunciados este martes por el Gobierno coinciden con los que auguró recientemente el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Y, a partir de esos datos, estos especialistas anticiparon que la revalorización media efectiva del sistema sería del 3,44%. También calcularon hasta dónde llegará el gasto total del sistema: “Se estima que el gasto total en pensiones públicas se aproximaría a 229.491 millones de euros en 2026, un 5,81% más respecto a 2025″, indica el Ivie. Estos expertos indican que la revalorización eleva el gasto en 7.311 millones de euros, mientras que el número de pensiones y el efecto sustitución (las nuevas altas reciben mejores prestaciones de las que percibían los que fallecen) suma 5.299 millones de euros. “En términos macro, esto situaría el gasto en torno al 13% del PIB bajo un supuesto de crecimiento nominal del 5% en 2026″, agrega el Ivie.
El sistema de pensiones español se enfrenta un reto mayúsculo. La presión creciente de esta partida en el gasto público es muy cuestionada por distintas voces políticas y económicas, a más por la jubilación de la pobladísima generación del baby boom, la raquítica natalidad española y la mayor cuantía de las prestaciones de los que ahora acceden al retiro. Según las proyecciones de la Comisión Europea, España será el país de la OCDE que mayor proporción de su PIB dedique a pagar pensiones en 2050, un 16,8%. El Gobierno defiende que la demografía es tozuda y que hay margen para afrontar el subidón del gasto, pero crecen las voces críticas que sostiene que este esquema absorbe una porción demasiado alta de la tarta pública y que ello afecta negativamente al resto de ciudadanos
La posición del PP
La revalorización de las pensiones, junto al resto de medidas, se ha aprobado como un decreto ley en el Consejo de Ministros, así que exige la convalidación del Parlamento en el plazo máximo de un mes. En el Gobierno detallan que la revalorización se presentará en el Congreso justo al resto del “escudo social”, lo que pone en duda el respaldo del PP a la medida. Desde la dirección popular vienen sosteniendo que apoyarían la revalorización de las pensiones si se presentaba por separado. Con la misma lógica, el grupo mayoritario de la Cámara respaldó hace dos semanas la subida salarial de los funcionarios.
La discusión sobre la posición del PP conecta con la polémica que se dio a principios de este año. En enero, Alberto Núñez Feijóo ordenó tumbar el decreto ómnibus que contenía la revalorización de las pensiones para 2025 porque el Gobierno había incluido otras medidas como la cesión de un palacete de París al PNV. Tras el enorme vendaval político que provocó a los populares ese voto en contra, el líder PP se vio obligado a rectificar y de aprobar el segundo decreto que presentó el Gobierno, de características parecidas.
Pese al escuálido apoyo parlamentario al Gobierno y que el Presupuesto que rige es el de 2023, el Gobierno viene revalorizando las pensiones cada año conforme a la evolución de los precios. En este tema, el Ejecutivo siempre ha encontrado los apoyos necesarios, incluso tras el rechazo inicial del PP (y de Junts) en enero de 2025.
