El Gobierno dio el primer paso este martes para regularizar por decreto a miles de inmigrantes que ahora viven sin papeles en España. Es una medida de gran calado laboral, dada la cantidad de trabajadores foráneos en la economía sumergida que ahora podrán acceder a un contrato y a los derechos laborales aparejados. CC OO y UGT se han manifestado muy a favor de la medida, con sendos comunicados públicos, posición que difiere de la de CEOE y Cepyme. Los dos actores empresariales del diálogo social, que venían defendiendo la regularización masiva mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ahora critican que no pase por el Congreso y consideran que eso le resta validez ante la ciudadanía. Sin embargo, otras voces patronales de carácter sectorial, precisamente las que emplean a más inmigrantes, sí apoyan la propuesta del Gobierno y no critican el instrumento normativo escogido.
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, no se ha pronunciado públicamente, pero fuentes de la organización que dirige muestran su rechazo a que se haga “de espaldas al Congreso”. Es una reflexión parecida a la que ha hecho este miércoles la presidenta de la patronal de las pymes, Cepyme, integrada en CEOE. Ángela de Miguel ha dicho que el acuerdo del Gobierno con Podemos no se ha hecho de la “forma adecuada”, ya que se está haciendo por un pacto político “cuando debería ser una cuestión de Estado”, en declaraciones recogidas por Europa Press.
A juicio de De Miguel, se debería hacer con el consenso de todos o con el mayor número de los grupos políticos posibles y en el Parlamento, “con una discusión y de una manera transparente”. Es una reflexión crítica que choca con la que emiten varias patronales sectoriales consultadas por este periódico, que no expresan problemas con que la medida no pase por el Parlamento.
“Valoramos la medida anunciada por el Gobierno sobre el proceso de regularización extraordinario de personas que se encuentran ya residiendo en nuestro país pero no tienen documentación para trabajar”, dice Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. “Es una demanda desde hace mucho tiempo de esta organización agraria, sobre todo ante la falta de mano de obra que tenemos”, añade. Es un mensaje parecido al que emite Juan José Álvarez, de la patronal agrícola Asaja: “Esta medida de regulación de personas extranjeras nos parece positiva. Queremos que haya una regulación que sea eficaz y correcta, que se hagan las cosas bien para que evitemos los problemas de falta de mano de obra”.
El campo es uno de los sectores con mayor proporción de trabajadores inmigrantes, en torno a un tercio del total. En la construcción, donde son uno de cada cinco empleados, hacen la misma lectura. “Necesitamos la mano de obra y la regularización de los que están aquí. Eso favorecerá la lucha contra la economía sumergida. Poner el centro en el arraigo es una forma de racionalizar el proceso y ofrecemos la Fundación Laboral para dar formación reglada a todo aquel que necesite incorporarse al mercado de trabajo”, indican desde la Confederación Nacional de la Construcción.
José Miguel Guerrero, presidente de Confemetal, también hace una lectura favorable: “Valoramos de forma positiva este primer paso desde el punto de vista del empleo y las necesidades de profesionales cualificados, considerando que una medida de este carácter puede ayudar a solucionar la falta de mano de obra que requieren nuestras empresas”. También considera que “la integración de los trabajadores regularizados debe ir acompañada de un seguimiento formativo para que estos obtengan los certificados formativos y las cualificaciones necesarias para trabajar en los oficios regulados de la industria, servicios y comercio del metal”.
La patronal del transporte en carretera, Confebus, ve “positivo” el anuncio del Gobierno porque el sector “se ve gravemente afectado por la escasez de profesionales, especialmente en las zonas turísticas y rurales”. “No obstante”, continúa, “es importante subrayar que necesitamos perfiles muy específicos, con la cualificación y habilitación necesarias para el desempeño del puesto”. Algo más crítica es la visión del transporte de mercancías. La principal patronal, CETM, cree que “esta regularización no resuelve el problema estructural que tiene el transporte de escasez de profesionales; lo que realmente necesita el sector es que se agilicen los trámites relacionados con la homologación de permisos de conducción, CAP…”.
Por su parte, la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos considera que esta medida permitirá ganar derechos a las empleadas de hogar: “Una regulación de estas empleadas permitirá en principio que las familias que ahora no pueden contratarlas por estar sin papeles podrán hacerlo, regularizando así su situación. Esta medida puede conllevar un afloramiento de la economía sumergida”. A la vez, indica que esto supondrá una “barrera económica” para muchas familias y que ello recomienda la adopción de “políticas complementarias que fomenten las contrataciones”.
Apoyo de los sindicatos
El jefe de CC OO, Unai Sordo, ha apoyado este miércoles con entusiasmo la regularización. “En la derecha son perfectamente conscientes de que las personas sin papeles son vulnerables. Y no quieren ciudadanos, quieren esclavos. Es más fácil explotar a un temporero cuando no te puede denunciar”, ha indicado el dirigente sindical. Ha considerado que algunas patronales están de acuerdo con este tipo de regularizaciones porque “saben que pueden ser una herramienta para tirar a la baja los salarios”. “Esto hay que evitarlo y se puede evitar. Hay que garantizar la aplicación de convenios colectivos y esto se hace mejor si están legales que irregulares. Es un desafío de país que requiere intensas políticas públicas”, ha agregado Sordo.
Por su parte, UGT dice valorar “positivamente” la propuesta del Gobierno. “Desde el punto de vista humano y de derechos, ninguna persona es ilegal”, indica el sindicato liderado por Pepe Álvarez en un comunicado. “La regularización es un paso para afrontar la gran bolsa de empleo irregular que existe en nuestro país, que es estructural, parte del sistema de acumulación de beneficios en algunos sectores y genera espacios de explotación laboral”, agrega UGT, que reclama dotar de recursos extraordinarios a los servicios públicos de extranjería. “Las oficinas de extranjería se encuentran en un punto de saturación por los centenares de miles de expedientes pendientes desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería el pasado 20 de mayo”, indica UGT.
