Los ministerios de Función Pública y Hacienda no han logrado este lunes que los tres sindicatos más representativos del sector público (CC OO, UGT y CSIF) respalden en bloque su propuesta para subir el salario de 3,5 millones de empleados públicos un 11% entre 2025 y 2028 (ambos años inclusive), por lo que se han emplazado a seguir negociando el miércoles. El principal escollo es que el Gobierno se mantiene firme en una condición: los sueldos públicos solo podrán subir un máximo del 4% acumulado en 2025 y 2026, según ha confirmado el secretario general del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo.
De esta forma, para garantizar la capacidad adquisitiva en el presente ejercicio, las retribuciones de estos trabajadores deberían de subir de forma retroactiva un 2,5% (aproximadamente el incremento promedio de la inflación en el año), lo que limitaría el incremento para 2026 a solo el 1,5%. Esto abocaría casi con toda seguridad a una pérdida de poder de compra el próximo año, lo que ha impedido a los sindicatos respaldar el acuerdo plurianual. Según la secretaria de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, los sindicatos han propuesto pasar medio punto del incremento del 7% que correspondería a 2027 y 2028 al 2026, pero los negociadores del Ejecutivo lo han rechazado. Aunque, en el lado positivo, Araque ha destacado que Función Pública ha aceptado que no se vincule ninguna parte de la subida salarial al cumplimiento de condiciones variables como el IPC o el PIB, con lo que el alza del 11% al cabo de cuatro años quedaría garantizada en su totalidad.
Por su parte, desde el sindicato de funcionarios CSIF ha insistido en la necesidad de prorrogar las negociaciones más allá de este lunes y cree que “hay margen de mejora” por lo que “aspiran al mejor acuerdo posible”. Esta central asegura que se han logrado mejoras en el texto en materia de permisos, promoción interna, mejora de la asistencia en Muface, empleo o clasificación profesional, así como el compromiso de la eliminación total de la tasa de reposición. CSIF consultará a sus órganos de dirección sobre su postura respecto a este acuerdo.
Fuentes de la negociación han indicado que la intención del Gobierno era lograr el visto bueno de las centrales a esta oferta salarial para aprobarla este mismo martes en el Consejo de Ministros y poder abonar ya la subida de 2025 de forma retroactiva con efectos a 1 de enero en las nóminas de diciembre. Sin embargo, a los sindicatos rechazan de plano la limitación del 4% en 2025 y 2026 y creen que hay margen para seguir negociando y alcanzar un acuerdo que se apruebe en un Consejo de Ministros posterior. Pero, la presión gubernamental fue tal que los responsables gubernamentales llegaron a instar a los representantes sindicales a que, si hiciera falta, lo consultasen a lo largo de la noche con sus órganos de dirección para dar respuesta antes de la reunión del Gabinete de este martes.
La alternativa del Ejecutivo a su oferta, según se ha barajado en la reunión de este lunes era no subir nada (ni en 2025 de forma retroactiva) los sueldos públicos y fiar futuros incrementos retributivos a unos Presupuestos Generales del Estado cuyas probabilidades de ser aprobados son muy escasas. En ese caso, los sindicatos ya avisaron de que, en ausencia de mejoras salariales, convocarían una huelga general en todo el sector público en diciembre.
El pasado viernes, a última hora de la tarde, reinaba el optimismo entre algunos de los negociadores del Gobierno y los sindicatos para alcanzar un nuevo acuerdo de salarios y empleo. Sin embargo, dicho optimismo no se ha cristalizado de forma sencilla en un pacto. El ministerio de Función Pública ya había dado un ultimátum a CC OO, UGT y CSIF el jueves de la semana pasada: la subida salarial entre 2025 y 2028 sería del 11% acumulada y habían emplazado a las centrales a que este lunes fijaran su posición. La respuesta de la mayoría sindical ha sido negativa en cuanto al reparto de los incrementos a lo largo de los cuatro años del acuerdo y confían en seguir negociando para modificar esta cuestión.
