La investigación de la UE tratará de determinar si Google aplica o no políticas justas, razonables y no discriminatorias a las webs de los «publishers» en las búsquedas.
La Unión Europea (UE) sospecha que Google podría estar discriminando a los «publishers» y los medios de comunicación en los resultados de búsqueda de su famoso buscador, una práctica que, de confirmarse, quebrantaría legislación actualmente vigente en suelo comunitario. Por esta razón, la Comisión Europea ha decidido abrir una investigación para dirimir si la subsidiaria de Alphabet estaría incurriendo o no en prácticas deshonestas (y a la postre también ilegales).
Lo que Bruselas colocará específicamente bajo la lupa será si Google perjudica deliberadamente a los «publishers» en los resultados de búsqueda si sus páginas web procuran cobijo a determinados contenidos comerciales de terceros.
«Nos preocupa que las políticas de Google puedan estar impidiendo que los ‘publishers’ reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda», señala Teresa Ribera, vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea. La titular de la cartera de Competencia del Ejecutivo comunitaria insiste en que la investigación abierta contra Google pretende garantizar que los «publishers» no pierdan ingresos en un momento particularmente complicado para la industria mediática.
La investigación de la Comisión Europa tratará de determinar si Google aplica o no «políticas justas, razonables y no discriminatorias a las webs de los ‘publishsers’ en los resultados de búsqueda», tal y como está obligada la compañía en virtud de lo previsto por la Ley de Mercados Digitales (DMA).
Google insiste en que la investigación no implica el hallazgo de pruebas que incriminen a la compañía
De acuerdo con Bruselas, existen evidencias de que la «política sobre abuso de la reputación de un sitio» de Google podría interferir con la manera legítima en que los «publishers» y los medios de comunicación monetizan sus páginas web y sus contenidos. Google insiste, no obstante, en que es política pretende torpedear prácticas que puedan traducirse en una eventual manipulación en el posicionamiento en el motor de búsqueda homónimo.
La Comisión Europea desea examinar ahora si el hecho de perjudicar el contenido de los «publishers» en los resultados de búsqueda de Google menoscaba la libertad empresarial, la innovación y la colaboración con terceros de los medios de comunicación.
El Ejecutivo de Bruselas ha querido, por otra parte, poner de relieve que el inicio de su investigación no constituye prueba de infracción legal alguna por parte de Google. Bruselas prevé finiquitar en un plazo de aproximadamente 12 meses la investigación, que si determina que Google ha incurrido en efecto en acciones de naturaleza ilegal podría traducirse para la filial de Alphabet en una multa de hasta el 10% de su facturación global que podría aumentar hasta el 20% en el caso de infracciones reiteradas. Además, en aquellos casos particularmente graves la Comisión Europea puede reservarse del derecho de obligar a la empresa infractora a tomar medidas de naturaleza estructural (la escisión de la compañía, por ejemplo).
La Comisión Europea ha impuesto ya a Google y Alphabet diferentes multas por un valor global aproximado de 8.000 millones de euros desde el año 2018. La sanción más grande que Bruselas ha impuesto hasta la fecha a Google alcanzó un monto de 4.000 millones de euros y afectó a Android, el sistema operativo para móviles de la compañía.
