Las pretensiones imperialistas de viejo cuño del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han centrado todas las miradas del Foro Económico Mundial de Davos y han dejado en segundo plano otros temas habituales que suelen rodear al evento, como el impacto de la desigualdad en el mundo. Davos nació como un encuentro para reunir a los principales líderes empresariales y políticos internacionales y, desde hace varias décadas, diferentes organizaciones no gubernamentales y activistas aprovechan la cita para intentar sacar a relucir las vergüenzas del mundo económico entre aviones y helicópteros privados y hoteles de lujo con vistas a pistas de esquí.
Mirar a España desde esa óptica permite comprobar hasta qué punto el crecimiento económico de los últimos años ha ido acompañado de un proceso de concentración de la riqueza y, en consecuencia, de un aumento de la brecha. Los ricos son cada vez más numerosos y tienen más músculo financiero que antes. Por eso, los expertos piden no mirar solo cuánto mejora la economía desde el enfoque macroeconómico tradicional, sino cómo se acumula el patrimonio y quién se beneficia de ese acopio. La concentración de la riqueza no es un fenómeno coyuntural, sino estructural, y sus efectos se extienden mucho más allá de las estadísticas.
Uno de los mejores termómetros para observar el fenómeno en España son los datos del impuesto sobre el patrimonio que recopila la Agencia Tributaria. No es una fotografía perfecta ―hay bonificaciones, mínimos exentos y estrategias de planificación fiscal―, pero sí una de las pocas fuentes oficiales que permiten seguir la pista a la evolución de la riqueza declarada por los más ricos del país.
Entre 2011 y 2023, último año con datos, el número de declarantes ha repuntado un 75%, hasta las 228.000 personas, mientras que la riqueza conjunta ha pasado de los casi 450.000 millones hasta los 934.000 millones de euros, una subida del 107%. Es un crecimiento relevante, pero mucho más moderado en los tramos bajos que en la cúspide. El grupo más acaudalado, con ricos que reconocen cada año tener más de 30 millones de euros, ha pasado de 352 a 865 personas y multiplica casi por cuatro su patrimonio: de 37.331 millones en 2011 a 146.818 millones en 2023. Es, de lejos, el salto más marcado entre todos los grupos analizados, a razón de casi 170 millones de euros por cabeza.
Los datos fiscales encajan con lo que muestran las estadísticas que analizan el conjunto de la riqueza, y que también muestran la realidad de los tramos de la población con menos músculo económico. El Laboratorio Mundial de la Desigualdad, con sede en París, sitúa a España entre los países europeos con mayor desigualdad patrimonial, sin visos de corregirse a juzgar por la evolución vivida en los últimos años. El 10% más rico acapara ya más del 57% de la riqueza total y, dentro de ese grupo privilegiado, el 1% acumula alrededor de una cuarta parte del total, una proporción que se ha incrementado desde la crisis financiera.
El colofón lo pone Oxfam Intermón con sus estimaciones presentadas con motivo del foro celebrado en Suiza, que cifran en 33 los milmillonarios que había en España en 2025. A juzgar por las estadísticas, su fortuna conjunta, de 197.500 millones de euros, no habría pasado en su totalidad por los ojos de Hacienda.
Todos estos números, reflexiona Nuria Badenes, investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales, dan pie a poner sobre la mesa el concepto de polarización económica, “que tiene una relación más estrecha con el surgimiento de conflictos sociales que la desigualdad”. Esa polarización, marcada por el aumento de la brecha y la paulatina desaparición del constructo de la clase media, intensifica el conflicto social y político al dividir a la sociedad en grupos con intereses contrapuestos, “generando desconfianza en las instituciones y alimentando posturas extremas”.
La Encuesta Financiera de las Familias (EFF), del Banco de España, refuerza este diagnóstico. Aunque la riqueza media de los hogares ha aumentado en los últimos años, la mediana ―correspondiente al hogar que se sitúa justo en el centro de la distribución― crece con menos intensidad, lo que indica que el grueso del incremento se aglutina en una minoría.
Olga Cantó, catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá e investigadora en Equalitas, pone el acento en la evolución histórica de esa brecha. Según explica, la mitad de la población más pobre ha perdido riqueza respecto a los niveles que tenía a comienzos de siglo, mientras que las ganancias se han concentrado en el 5% más rico y, en particular, en el 1% de arriba. A su juicio, este proceso está estrechamente ligado a la crisis financiera de 2008, primero, y a las crecientes dificultades de acceso a la primera vivienda y a la pérdida de capacidad de ahorro de una parte importante de la población, después.
Durante la crisis de 2008 aumentó notablemente la desigualdad de la riqueza. Miguel Artola, investigador en la Universidad Carlos III de Madrid, lo achaca a que la caída en el precio de la vivienda afectó en mayor medida a las familias de clase media, “mientras que los más ricos, con patrimonios diversificados, pudieron sortear mejor la crisis” de 2008.
Más tarde, esa composición desigual de la riqueza entre unos hogares y otros también ha sido clave. Mientras que los de rentas medias y bajas concentran su patrimonio en la vivienda habitual, ahora cada vez más inaccesible, los más ricos diversifican en activos financieros, empresariales e inmobiliarios de diversa índole. Esa diferencia explica por qué la desigualdad patrimonial es mucho mayor que la de la renta y por qué tiende a perpetuarse en el tiempo, beneficiando a los situados en la cúspide.
El cambio de los últimos años, prosigue Cantó, tiene que ver con la “financiarización de la economía y con la distinta composición de los patrimonios”. Los hogares mejor posicionados concentran cada vez más activos financieros y empresariales, capaces de generar rendimientos elevados, mientras que el resto dispone de menos margen para diversificar. La fiscalidad, que grava más las rentas del trabajo que los ingresos del capital o el patrimonio, tampoco ayuda.
Riesgo de captura del poder
Las consecuencias sociales y políticas de esta concentración son profundas. Cantó advierte de que la acumulación extrema de riqueza no es solo un problema distributivo, sino también democrático. Cuando una minoría muy reducida concentra una parte creciente del patrimonio “aumenta su capacidad de influir en las decisiones políticas y económicas, lo que genera un riesgo de captura del poder”, asegura.
A la vez, la pérdida de riqueza neta de amplias capas de la población reduce la resiliencia social cuando vienen mal dadas. La riqueza actúa como un colchón fundamental ante los golpes económicos. Si una mayoría carece de activos para sostener su consumo en periodos de crisis, la sociedad en su conjunto se vuelve más vulnerable. Esta fragilidad tiene efectos políticos: la percepción de que los más ricos acumulan cada vez más mientras tributan relativamente menos erosiona el apoyo al sistema fiscal y genera desafección entre las clases medias y bajas. A largo plazo, “esta percepción de inseguridad económica futura alimenta dinámicas de polarización y puede favorecer el avance de la extrema derecha”, recuerda Cantó.
Los expertos piden utilizar las herramientas que brinda el sector público para corregir el agujero, o al menos diluirlo parcialmente. Las administraciones, al diseñar impuestos, “tienen la responsabilidad de atender a otros principios además del recaudatorio, como la disminución de la desigualdad”, sostiene Badenes. Eso, por el momento, no está sucediendo. Y entre otras cosas es por falta de ambición. Cantó asegura que acabar con la brecha de riqueza a través de los impuestos es inviable, pero que con políticas tributarias bien diseñadas es posible ir reduciendo paulatinamente la desigualdad. No hacerlo, advierten, implica asumir que la concentración siga avanzando.
