La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) se aplicará previsiblemente a partir del próximo mes de marzo. Así se ha acordado en la reunión de la comisión técnica permanente de la mesa general de negociación de la Administración General del Estado, celebrada este martes. Se trata de una comisión preparatoria de la próxima cita de esa mesa, que se espera que tenga lugar a principios de marzo, y que aprobará de forma definitiva la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración pública estatal, según han informado fuentes sindicales. La jornada actual son 37,5 horas a la semana.
De acuerdo con la propuesta de modificación de la instrucción de jornada y horarios de la Administración estatal hecha este martes por el Ministerio de Función Pública, la norma afectará a unos 250.000 empleados públicos. Eso supone que se aplicará en la AGE (fundamentalmente, personal de los ministerios), las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de esta de esta Administración.
El actual planteamiento deja fuera de esta jornada de 35 horas al personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Instituciones Penitenciarias y de instituciones y establecimientos sanitarios o que presten servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia. Estas exclusiones no han sido bien recibidas por los representantes sindicales presentes en la comisión de este martes. Particularmente el caso de los trabajadores de prisiones y los establecimientos sanitarios o de centros docentes, dependientes todos ellos de la AGE.
Así, el sindicato de funcionarios CSIF ha exigido al ministerio que dirige Óscar López “que el texto definitivo de esta medida pase a ser normativa básica y que incluya su aplicación a todo el personal de la AGE sin exclusiones, así como el sector público”, en referencia a las empresas públicas españolas. En la misma línea CC OO considera esta exclusión un “verdadero escollo” para respaldar esta propuesta del Gobierno. También UGT peleará porque se incluya al personal de instituciones penitenciarias en esta jornada, si bien precisa que deberá hacerse a través de una instrucción específica que se adecúe a sus horarios especiales. Por todo ello, la comisión técnica permanente volverá a reunirse antes de la celebración de la mesa general de negociación la AGE para intentar que el texto final incluya a todos estos colectivos.
Posteriormente y a partir de que se celebre esa mesa general de negociación estatal, en una fecha que aún no está del todo cerrada pero se prevé que sea en marzo, este órgano dará las instrucciones pertinentes a los responsables de los diferentes departamentos del sector público estatal para su aplicación. Además, la Secretaría de Estado emitirá después una resolución con las instrucciones detalladas y, en todo caso, se realizarán las adaptaciones indispensables para la cobertura del servicio, en especial en atención a la ciudadanía y la organización de los turnos de trabajo, añaden estas fuentes. Después de todo esto, la instrucción de jornadas y horarios de la AGE quedará modificada y se publicará en el BOE. De esta forma, los plazos que manejan en el Ministerio de Función Pública y los sindicatos es que en marzo arranque la vigencia de esta jornada.
El ministerio comunicó a los sindicatos a finales de enero pasado que iniciaba los procedimientos para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado. Ya entonces el Ejecutivo esperaba poder ponerla en marcha antes de que terminara el primer trimestre, pero desde Función Pública advertían de que la complejidad del proceso podría dilatarlo algo más. En principio, tras el encuentro de este martes, y salvo problemas de última hora, estos plazos se cumplirán.
