La guerra en Oriente Próximo está trastocando el panorama económico global. Para España, lo que comenzó como un año de consolidación fiscal y crecimiento moderado se está transformando en un escenario de incertidumbre que podría restar 0,5 puntos porcentuales al PIB de 2026, según el sentimiento mayoritario de los expertos, directivos y empresarios consultados por PwC. Esta es la principal conclusión del Consenso Económico y Empresarial del primer trimestre del año, que refleja un claro empeoramiento de las expectativas macroeconómicas.
Antes de que las bombas cayeran sobre Teherán, el panel —compuesto por más de 450 expertos— proyectaba un crecimiento sólido de entre 2,2% y 2,4% para la economía nacional, es decir, en línea con las estimaciones de los principales paneles como Funcas o BBVA Research. Sin embargo, hoy el escenario es otro. Más de la mitad de los encuestados prevé un recorte de entre 0,2 y 0,5 puntos y existe un sector que, aunque minoritario, es aún más pesimista y que baraja una desaceleración que restaría hasta un punto porcentual al PIB, lo que dejaría el crecimiento anual en un rango de entre el 1,2% y el 1,7%. La tasa es incluso más pesimista que la dada a conocer este viernes por el Fondo Monetario Internacional, que recortó su previsión para España al 2,1%.
La clave reside en la duración de los combates y la amenaza constante sobre el estrecho de Ormuz, una arteria vital para el suministro energético global. El panel muestra una división de opiniones. Poco más de la mitad apuesta por una duración media de entre tres semanas y dos meses (lo que llevaría el caos petrolero hasta finales de abril), mientras que un 40% teme una guerra larga que supere los dos meses. De cumplirse este último pronóstico, la economía mundial se vería seriamente afectada, obligando a los gobiernos a intervenir con ayudas fiscales extraordinarias similares a las que ha desplegado España, lo que dispararía el déficit público.
La inflación es la otra gran víctima de la inestabilidad en Oriente Próximo. Los expertos ya dan por descontado que los precios no mantendrán la senda prevista antes del conflicto. Si a inicios de año confiaban en que el IPC se situara entre el 2% y 2,5%, ahora hay una amplia mayoría que añade entre medio y un punto porcentual a estas previsiones. Hay incluso quienes consideran un escenario de estanflación, es decir, bajo crecimiento y precios al alza, lo que se considera la peor situación posible.
El descontado repunte inflacionista ha frenado también las expectativas de una política monetaria más laxa. Inicialmente, más de dos tercios de los analistas esperaban que el Banco Central Europeo rebajara los tipos al 2% o incluso al 1,5% para diciembre de este año, pero ahora esa balanza se inclina por mantener el valor del dinero entre el 2% y el 2,5%. Existe también una minoría que vaticina un repunte del 2,5% actual hasta el 3% para contener la escalada inflacionista. Por el momento, la entidad ha decidido esta semana, por unanimidad, dejar sin cambios los tipos de interés por sexta vez consecutiva, a la espera de contar con más datos sobre el impacto del conflicto.
Más allá de la guerra
El informe destaca que el país afronta esta crisis geopolítica con desafíos estructurales importantes. Prácticamente uno de cada 10 expertos afirma que la red eléctrica española no está preparada para soportar el aumento de la demanda derivado de la construcción de nuevas viviendas, los centros de datos y las energías renovables. Por ello, hay una gran mayoría que considera que las infraestructuras energéticas y de redes eléctricas son las que precisan una inversión más urgente para sostener el crecimiento económico.
El otro frente abierto es la red ferroviaria, que ha estado en la mira desde el accidente de Adamuz. El 74% de los encuestados considera que los problemas actuales cuestionan la fiabilidad, capacidad y calidad del ferrocarril, lo que podría repercutir en una caída de viajeros. Esta erosión de la fiabilidad es especialmente grave en el servicio de Cercanías, donde casi el 80% de los consultados identifica un lastre directo para la productividad debido a las demoras. Existe además un consenso empresarial en la urgencia de reorientar la inversión hacia los núcleos urbanos para asegurar la movilidad laboral y proteger la imagen turística del país.
