Empezó como un cruce de disparos en forma de escaramuzas jurídicas, pero el conflicto entre la gran banca y la industria cripto en Estados Unidos ha escalado hasta convertirse en una guerra abierta con varios frentes. Este jueves, el Comité Bancario del Senado debía votar el Clarity Act, la legislación que define las reglas del mercado de activos digitales en el país, pero en vísperas del debate los legisladores se echaron atrás. La división entre las filas republicanas, con algunos senadores más cercanos al sector bancario, y las dudas de algunos demócratas, que quieren incluir más garantías para limitar los negocios cripto del presidente de EE UU, empezaron a encallar el proyecto. Y la decisión de Brian Armstrong, CEO de Coinbase, de retirar su apoyo a la nueva normativa ha dado el golpe de gracia, por ahora, a la nueva normativa, que pretendía ser bipartidista y conciliar los intereses de ambas industrias. El directivo no ha aceptado, entre otros, la prohibición del pago de intereses sobre las stablecoins, reivindicación de la industria a la que las entidades financieras se han opuesto ante el temor de que puedan desplazar los depósitos bancarios. La banca también pide frenar la avalancha de empresas cripto que solicitan la licencia bancaria para ofrecer más servicios.
El Genius Act, la ley sobre stablecoins aprobada el pasado julio, prohíbe a los emisores de monedas estables pagar intereses a los usuarios solo por mantener estos activos, pero no hace referencia a los intermediarios y corredores de Bolsa que actúan como canales de distribución de estas monedas estables, que sí pueden seguir ofreciendo recompensas. La gran banca ha sido muy crítica ante este atajo legal, alertando de que la competencia de estos activos podría drenar los depósitos bancarios y mermar la capacidad de crédito a familias y empresas. Un informe del Tesoro de EE UU estimaba en abril que el auge de este mercado podría llevar a una salida de 6,6 billones de dólares de los depósitos hacia las monedas estables. Así, en los últimos días, los legisladores cedieron a la presión y extendieron a los intermediarios la posibilidad de pagar rendimientos, dejando solo la posibilidad de pagar recompensas por el uso como medio de pago de estos activos.
Para la industria cripto, se trata de una línea roja. “Preferimos no tener ningún proyecto de ley a tener uno malo”, insistió Brian Armstrong, CEO de Coinbase, causando un terremoto político que contribuyó a paralizar la tramitación de la normativa, al menos por ahora. Para la compañía, las recompensas son una cuestión clave. El exchange posee una pequeña participación en Circle, emisora de la stablecoin USDC, y comparte los ingresos por intereses generados por las reservas que respaldan este activo: por cada moneda estable emitida, de hecho, se guarda el valor equivalente en una reserva, que tiene que estar compuesta por dólares, depósitos o invertirse en activos líquidos como letras y bonos del Tesoro a corto plazo de EE UU, que generan rentabilidad al emisor.
Coinbase, además, incentiva a sus usuarios a mantener esta stablecoin en su plataforma ofreciendo rendimientos. Pero sin la posibilidad de ofrecer intereses, el atractivo para los usuarios es mucho menor. Coinbase no es la única en haber alzado la voz. Desde el exchange OKX explican a este periódico que la ley Genius fue un hito, pero si el nuevo marco normativo prohíbe los rendimientos a las stablecoins, sería retroceder en los logros alcanzados.
Buscar un equilibrio entre los intereses de las grandes entidades financieras y la industria cripto que, pese a ser emergente, estaba entre los mayores donantes de la última campaña electoral de Donald Trump, es misión imposible, pues ambas partes buscan el mismo pastel. Los legisladores han anunciado que siguen negociando y, según fuentes de Bloomberg, un compromiso podría ser permitir solo a las entidades con licencia bancaria o a las instituciones financieras ofrecer rendimientos sobre las stablecoins. Una medida que beneficiaría a una parte de la industria cripto, especialmente a los actores más grandes, que en los últimos tiempos han solicitado licencias bancarias, abriendo otro frente de conflicto con la gran banca.
El gran viraje de las firmas cripto
La industria vive atrapada en la montaña rusa del mercado: los altibajos en el precio de las criptomonedas han provocado explosiones del negocio seguidas de periodos de sequía. No obstante, una parte de este mercado no ha hecho más que crecer: el de las stablecoins, que en 2025 han vivido un auge exponencial y su valor ha superado ya los 309.000 millones de dólares. La industria ha entendido que se trata de un negocio millonario en el que incluso la gran banca busca entrar, apostando por lanzar sus propias monedas estables.
Así, exchanges o emisores de stablecoins buscan mudar su piel y aspiran a pasar de un modelo de negocio basado en el cobro de comisiones —limitado y expuesto tanto a los vaivenes del mercado como a la guerra de precios— a asumir funciones propias de los bancos tradicionales. Por eso buscan convertirse en bancos fiduciarios: un fenómeno exclusivo de EE UU, ante la postura permisiva de la Casa Blanca, que aunque no permite a las empresas captar depósitos ni otorgar préstamos, sí pueden custodiar reservas y activos de sus clientes. Es decir, pueden guardar y proteger el dinero y los activos que respaldan sus productos financieros. Y cuando estas reservas se remuneran o se emplean para generar un rendimiento, se replica en parte la función de un depósito.
World Liberty Financial, la firma cripto vinculada a los Trump, no ha querido perderse esta carrera, y ha aplicado para una autorización de banco fiduciario, para emitir y custodiar su stablecoin ligada al dólar (USD1). Coinbase también la ha solicitado. Circle y Ripple (emisor de XRP, el cuarto activo más valioso) ya recibieron luz verde por parte de la Oficina del Controlador de la Moneda para convertirse en bancos fiduciarios. Obtener una autorización bancaria es una mina de oro para estas empresas que a menudo se han quejado de la reticencia de los bancos a la hora de ofrecerles acceso a servicios básicos como abrir cuentas corrientes. Así, aunque la legislación estadounidense no exige una licencia bancaria para emitir stablecoins, una autorización de este tipo les simplificaría la vida, limitaría su dependencia de las entidades financieras, y podrían ofrecer otros servicios, como sus propios métodos de pago.
Así, mientras los bancos tradicionales buscan ofrecer activos digitales, las empresas cripto se mueven a contracorriente y viran hacia el mundo tradicional del que habían renegado. Aquel espíritu rebelde y la aspiración de quedar al margen de los engranajes financieros ha quedado atrás: ahora persiguen integrarse en ellos. Es más, quieren serlo todo: proveedores cripto, bancos, redes sociales, plataformas de pago… Algunas ya han lanzado sus ofertas; otras aseguran que buscan transformar sus servicios en superapps capaces de concentrar múltiples funciones en un solo lugar para atraer a más usuarios y retenerlos en su ecosistema. Paso a paso, han logrado democratizar la inversión en cripto y su aceptación apoyándose en las múltiples vías de las finanzas tradicionales.
Este movimiento inquieta a la gran banca estadounidense, que teme que éste sea solo el primer paso, y que emitir y gestionar las reservas de stablecoins, por ejemplo, les permitiría captar funciones que hasta ahora eran exclusivas de los bancos. Por ello, los lobbies bancarios se han mostrado contrarios a la aprobación de estas primeras licencias y consideran que la avalancha de peticiones demuestra que buscan los beneficios de una licencia bancaria estadounidense sin cumplir con todo el conjunto de regulaciones bancarias de EE UU, lo que amenaza a los consumidores y al sistema financiero, afirma la patronal nacional de pequeños bancos (Independent Community Bankers of America). Alegan que estas compañías no están obligadas a cumplir con los mismos estándares regulatorios y de capital que se aplican a los bancos tradicionales y que esto puede acabar mermando la estabilidad económica de la región.
Una tendencia en EE UU
Por ahora, la licencia bancaria parece ser un deseo limitado a los grandes actores de la industria y concentrado en EE UU. Varios expertos consultados reconocen que no hay movimiento en este sentido en Europa, donde obtener una autorización bancaria es más complejo y costoso. Por ello muchas empresas prefieren optar por obtener la autorización de proveedor de servicio de pago. “El nivel de compliance y el coste de autorización es infinitamente menor que el de un banco”, afirma Cristina Carrascosa, CEO de ATH21.
Gonzalo Navarro, director del área regulatorio financiero de Ontier, coincide con esta lectura y ve más probable que, si no piden la licencia, lleguen a acuerdos con terceras entidades de servicios de pago o de dinero electrónico. “El core business de una entidad de crédito es captar depósitos, dinero fíat, y no lo es para los proveedores cripto. Entonces no veo que la vayan a pedir ni por su negocio, ni por los requisitos regulatorios que conllevan», insiste.
La entidad bancaria europea ha exigido a los proveedores cripto que quieran operar con stablecoins la autorización para prestar servicios de pago. Las entidades tienen tiempo hasta marzo para obtenerla, aunque algunos grandes actores como Bitpanda o Kraken ya la habían obtenido. Gloria Hernández Aler, cofundadora y socia de finReg360, recuerda que se trata de empresas muy “poderosas y escalables” y recuerda que una vez que obtienen la licencia MiCA para operar con criptos en la UE, pueden hacerlo en los 27 países. “En cambio, hay muy pocos bancos que operen en los 27 estados de la Unión. Si el negocio principal de la entidad no es captar depósitos ni si se financia con ellos, basta una licencia de empresa de servicios de inversión y de entidad de dinero electrónico para ofrecer estos servicios”, concluye.
