El Real Decreto 893/2024, que regula el nuevo derecho de las trabajadoras de hogar a que sus empleadores evalúen sus riesgos laborales, establece varios plazos que el Ministerio de Trabajo ha incumplido. En marzo, hace ya ocho meses, terminaba el límite que el departamento de Yolanda Díaz se había dado para desarrollar una plataforma formativa en prevención de riesgos para las empleadas de hogar. También incumple el plazo que se había dado para la elaboración de un protocolo de actuación contra las situaciones de acoso y violencia que sufran estas profesionales y para completar una guía técnica para la prevención de riesgos. Ambos documentos debían estar disponibles en septiembre y no hay rastro de ellos.
Estos retrasos se dan pese a que desde este viernes será exigible a los hogares que hayan evaluado los riesgos laborales de sus domicilios, con la posibilidad de sanciones a los incumplidores. La web gratuita que permite realizar esa evaluación de riesgos de las empleadas de hogar, disponible desde hace seis meses, no funcionó en toda la tarde de ayer, ni durante la noche del miércoles al jueves, ni operaba a primera hora de esta mañana. En torno a las 10.00 horas de este jueves volvió a funcionar.
El artículo quinto del decreto subraya que “las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir una formación en materia preventiva en el momento de su contratación”. “Dicha formación será única, aunque presten servicios por cuenta de varias personas empleadoras y deberá estar centrada en los riesgos asociados a la realización de las tareas del hogar”, añade el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, que también especifica que esa formación “deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, fuera de ella y compensándolo con tiempo de descanso equivalente al empleado”. A la vez, subraya que esa formación se desarrollará a través de “la plataforma formativa prevista en la disposición adicional quinta”.
Esa disposición adicional establece que esa formación “se desarrollará a través de una plataforma formativa cuya gestión corresponderá a la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae)“. También especifica que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) debía elaborar la resolución que regulase esta herramienta, y que la misma se debía dictar en seis meses desde la entrada en vigor del decreto. Es decir, como tarde en marzo, hace ya ocho meses. ”Estas actividades de formación deberán contemplar un proceso de autoevaluación y serán certificables”, agrega el texto de Trabajo.
El ministerio reconoce el retraso, señala que la resolución del SEPE está lista y que el servicio estará operativo a principios del año.
Las disposiciones adicionales del decreto agregaban otros compromisos que el ministerio tampoco ha cumplido. “En el plazo máximo de un año [en septiembre, hace dos meses] desde la publicación de esta norma, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) elaborará un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar”, indica el texto. No hay rastro de tal protocolo, que se debía publicar en las páginas web del Ministerio de Trabajo y del de Igualdad. “Estará a disposición de personas empleadoras y trabajadoras en las sedes de las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social”, añade el texto.
El ministerio se daba el mismo plazo, hasta septiembre, para que el INSST elaborase “una guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en el servicio del hogar familiar”. El documento, como el protocolo contra las situaciones de violencia y acoso, ya debería estar disponible en las sedes provinciales de Inspección.
El ministerio confirma que ni el protocolo ni la guía técnica están disponibles.
Plataforma para evaluar riesgos
Por otro lado, este viernes 14 de noviembre se cumplen seis meses desde que Trabajo lanzó la web prevencion10.es. Esta herramienta es el “instrumento de prevención, gratuito y de acceso libre” que, según explicó el ministerio en su lanzamiento, “permite a las personas empleadoras cumplir con sus nuevas obligaciones legales”. Es decir, en esta web las personas que contratan a empleadas de hogar pueden completar la autoevaluación de los riesgos laborales en sus domicilios. Al cumplirse este viernes un semestre completo desde el lanzamiento de la web, lo contemplado en materia de prevención será exigible para los empleadores de trabajadoras de hogar.
La no realización de la autoevaluación o no informar a las empleadas de hogar de las medidas preventivas adoptadas puede llegar a ser catalogado como una infracción grave. El castigo más alto que recoge la legislación con esta consideración es de 49.180 euros en su grado máximo. El departamento de Yolanda Díaz subraya que ese tipo de sanciones solo se darán si hay agravantes. Sin ellos, lo más común, el incumplimiento se consideraría leve y la sanción sería de un máximo de 2.450 euros.
