La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) consideró que la sentencia emitida este lunes por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales, en el caso de la desaparición de cuatro menores del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, “confirma el crimen”, pero pidió que se investiguen responsabilidades políticas y de la cadena de mando.

En un pronunciamiento público, la Conaie —cuyo presidente es Marlon Vargas— señaló que el fallo “ratifica lo que desde el inicio denunciaron las familias y las organizaciones de derechos humanos”, al considerar que el Estado ecuatoriano “permitió graves violaciones a los derechos humanos en el marco de una política de seguridad militarizada”.

El comunicado se difundió el mismo día en que el tribunal condenó a once militares a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada, impuso multas y medidas de reparación integral, y dictó penas reducidas a otros cinco uniformados que colaboraron con la Fiscalía, mientras que un oficial procesado como cómplice fue declarado inocente.

No obstante, el Consejo de Gobierno de la Conaie sostuvo que la decisión judicial “no responde plenamente a la demanda de justicia sostenida por las familias y por la sociedad”, al afirmar que permanecen fuera de investigación “los responsables políticos y los altos mandos militares que diseñaron, autorizaron o toleraron una política que expuso a niños, adolescentes y comunidades enteras a la violencia estatal”.

Según el pronunciamiento, el caso se inscribe en “una estructura de poder y de decisiones políticas que normalizaron la militarización de la seguridad interna, debilitando el control civil y vulnerando derechos fundamentales”, especialmente en territorios y barrios populares. En ese contexto, la Conaie consideró “indispensable que las investigaciones avancen hasta establecer responsabilidades políticas y de cadena de mando”.

La organización concluyó que las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven “tienen derecho a verdad, memoria y reparación integral” y advirtió que, “sin verdad completa y sin responsabilidades de fondo, la herida que dejaron estos hechos seguirá abierta”. (I)



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