La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido a Telefónica que no aplique la subida prevista para sus servicios de línea de telefonía fija no empaquetada –denominada línea 1P- al considerar que no cumple con la obligación de asequibilidad prevista en la Ley General de Telecomunicaciones (LGTel).
En octubre de 2024, Telefónica notificó su intención de subir el precio mensual de la línea fija telefónica 1P, cuyo precio vigente es 17,40 euros al mes (IVA incluido) y no incluye las llamadas. La subida propuesta, que aún no se ha aplicado, no se conoce porque Telefónica ha declarado el dato confidencial, como figura en el expediente.
Las líneas de telefonía fija 1P tienen una representatividad reducida en el mercado y, además, su número disminuye progresivamente, porque hay ofertas empaquetadas (de telefonía fija e Internet) a un precio más asequible, que además incluyen llamadas ilimitadas a números nacionales.
En este sentido, la CNMC ha constatado que los clientes de este servicio presentan unas características que les confieren un perfil particularmente vulnerable: casi el 92% son mayores de 65 años, más del 80% se considera de perfil socioeconómico bajo o medio-bajo y, de manera mayoritaria, se dedican a las labores del hogar o están jubilados. Residen, además, en zonas rurales y su nivel educativo es básico. En realidad, gran parte de estos abonados lo son porque no disponen de información suficiente sobre otras ofertas en el mercado más completas mucho más baratas, como aún sucede con otros servicios que se pagan por inercia como el alquiler de un teléfono fijo que ya no tienen sentido en el mercado actual.
La CNMC argumenta que aunque los precios minoristas están liberalizados, Telefónica tiene la condición de operador prestador del servicio universal, pues fue designado como tal por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta condición le obliga, entre otras cosas, a ofrecer la línea de telefonía fija en todo el territorio nacional y a un precio asequible. Conforme a la LGTel, la CNMC es la encargada de supervisar que esta obligación de asequibilidad se cumple.
Subida por encima del IPC
En cumplimiento de esta función, la CNMC ha verificado que la subida de precios no se alinea con la evolución general de los precios de los servicios de comunicaciones, que se han reducido un 7,4% desde 2013, año de la última subida de la línea de telefonía fija 1P, desde 16,90 euros a 17,40 euros (IVA incluido). Desde ese año, la telefonía fija (que se comercializa de forma mayoritaria empaquetada con banda ancha) ha reducido sus precios en un 65%, según las cifras de la CNMC. El precio actual de la telefonía fija 1P de Telefónica ya es superior al de otros operadores, que ofrecen precios entre 12,95 y 14,60 euros, incluyendo llamadas nacionales.
Además, el segmento de consumidores con menores recursos económicos –donde se sitúan la mayoría de clientes de telefonía fija 1P– se ha beneficiado en mucha menor medida de las reducciones de precios debidas a la competencia de los últimos años. La subida comunicada por Telefónica no se justifica por los costes asociados a la prestación del servicio, que se han reducido debido a la generalización del acceso fijo radio como tecnología para prestar la telefonía fija 1P, añade el regulador.
Además, el abono social (reducción del 90% de la cuota de abono) ha mostrado una efectividad limitada para los clientes de telefonía fija 1P, pues sólo un 4,5 % de los usuarios potencialmente afectados por la subida se benefician de él. Las circunstancias anteriores llevan a la CNMC a concluir que la subida de precios comunicada no es compatible con la obligación de asequibilidad a la que encuentra sujeta en tanto operador prestador del servicio universal. En consecuencia, la CNMC insta a Telefónica a no implementar el incremento de precios comunicado.
Contra el aumento de los conductos
El asunto de los precios que cobra Telefónica a otras compañías también trae cola. La Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (Aotec) estudia emprender acciones legales contra el encarecimiento aprobado por la CNMC de la oferta MARCo, que regula el precio que otras compañías tienen que pagar para acceder a las infraestructuras físicas de Telefónica (conductos, arquetas y postes, por ejemplo), según ha apuntado la entidad en un comunicado.
El incremento del precio de la oferta MARCo está vigente desde comienzos de este mes y supone un encarecimiento de entre el 11% y el 14,6%. La entidad afirma haber realizado un «análisis en profundidad» de la decisión de la CNMC y que se plantea acudir a la Audiencia Nacional para «presentar el conflicto sobre el incremento de costes», dado que, en su opinión, supone un «ataque a la capacidad de competir del resto de las empresas del sector». A pesar de que el encarecimiento final se redujo en comparación con la propuesta inicial de la CNMC, la asociación considera que sigue siendo «excesivo», al tiempo que esgrime que la legislación permitía que la revisión de los precios se realizara más adelante, por lo que cree que la medida es «extemporánea».
Tanto MasOrange como Vodafone ya expresaron su intención de recurrir este aumento tanto por la vía administrativa como judicial. En el otro lado, Telefónica considera insuficiente la subida (solicitaba un aumento del 20%) y también podría plantearse acudir a los tribunales. Actualmente, unas 370 compañías utilizan este servicio para acceder a más de 120.000 kilómetros de subconductos o más de dos millones de arquetas. Una infraestructura fundamental para el despliegue de las redes de fibra óptica.
