La OTAN presiona a España para que eleve su gasto militar y la Autoridad Fiscal (Airef) advierte de que este aumento tendrá un impacto real e inequívoco en las finanzas públicas. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que con llegar al 2,1% del PIB es suficiente para cumplir los compromisos de defensa, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, estima que España debería llegar al menos al 3,5%. Otros países, como Estados Unidos, exigen incluso un 5% del PIB. Las diferencias entre unos objetivos y otros son más que notables, pero si algo está claro es que, sea cual sea la meta definitiva, España tendrá tres opciones para alcanzarla: aumentar ingresos para financiar la inversión, recortar en otras partidas para compensar la subida del gasto o, simple y llanamente, endeudarse.
La Airef señala que el incremento del gasto militar que se está considerando en España hasta la fecha, del 2% del PIB, puede encajar dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, actualmente prorrogados. Pero a la vez avisa de que será imprescindible aumentar los ingresos o reducir otros gastos para evitar un impacto negativo en la contabilidad nacional.
Así lo ha subrayado este martes Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal, durante su participación en el XLII seminario de economía, organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander. El aumento de aproximadamente 10.000 millones de euros en defensa, destinado a alcanzar el 2% del PIB anual, se encuentra contemplado en los presupuestos prorrogados y es posible ejecutarlo. Sin embargo, ha aclarado, en línea de lo que ya había dicho en ocasiones anteriores, que esta ampliación acarreará un impacto fiscal tangible.
Herrero ha recordado que, inicialmente, el Gobierno afirmó que este aumento se financiaría mediante la reasignación de partidas presupuestarias ya existentes, lo que implicaría un impacto cero. No obstante, ha proseguido Herrero, aunque presupuestariamente pudiera parecer así, en términos de déficit y deuda esta premisa no se cumple. El motivo es que la referencia real para medir el impacto no es el presupuesto inicial, sino la ejecución presupuestaria prevista. Es decir, como el aumento de la inversión se financia mediante la activación de créditos no ejecutados previamente, se genera un incremento real en el gasto y, por tanto, más déficit y deuda.
El impacto fiscal, sin embargo, no tiene efectos inmediatos, sino que se verá en el medio plazo. Independientemente de si España se ajusta al 2,1% del PIB propuesto por el Gobierno, al 3,5% solicitado por la OTAN o al 5% exigido por Estados Unidos, Herrero ha destacado que la contabilización de estas inversiones ―como la compra o construcción de fragatas, submarinos, aviones o defensas antiaéreas o antidrones― se realiza de forma diferida en el tiempo, dado que solo afectan al déficit cuando se reciben los equipos, maquinaria o infraestructuras contratadas, lo que puede demorarse entre cuatro y cinco años. Por ello, el efecto fiscal a corto plazo es limitado. Es decir, “habrá más deuda y déficit, lo que no sabemos es cuándo”, ha resumido la presidenta de la Airef.
Los efectos de la inversión en defensa ya se están haciendo ver. Según la Autoridad Fiscal, el crecimiento del gasto primario neto se situará en el 4,1% en 2025, superando el 3,7% comprometido inicialmente por España con Bruselas. Esta desviación se debe, en gran parte, al aumento de las partidas miliares, que el Gobierno no pretende reflejar en el cómputo de la regla de gasto, argumentando que se trata de algo excepcional. Sin embargo, España no ha solicitado formalmente la aplicación de la cláusula de escape prevista en el nuevo marco fiscal europeo, que permitiría excluir ciertos desembolsos extraordinarios bajo condiciones muy concretas.
Además, parte de este gasto se estaría canalizando a través de una cuenta de control, un instrumento presupuestario que permite registrar compromisos sin que tengan impacto inmediato en el déficit. La Autoridad Fiscal advierte que este recurso contable no elimina el efecto real sobre las finanzas públicas, ya que el gasto acaba impactando en el déficit cuando se materializan los pagos.
En abril, al presentar el plan para incrementar en 10.000 millones la partida de defensa y alcanzar el 2% del PIB, el presidente Sánchez aseguró que no se recortarían recursos destinados a servicios públicos ni sostener el Estado del bienestar. La semana pasada, Sánchez alcanzó un acuerdo con la OTAN que le eximía de aumentar el gasto hasta el 5% del PIB. El presidente argumentó que subir el gasto militar a esos niveles sería incompatible con la protección social y obligaría a aumentar los impuestos o reducir prestaciones y pensiones.
