El Ingreso Mínimo Vital (IMV) disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales, reduce en 0,6 días mensuales el trabajo en promedio y el incentivo al empleo no corrige estos problemas. Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que analiza cada año la primera prestación estatal para personas vulnerables. El diagnóstico de 2025, cuando se cumplen cinco años de la en vigor de la medida, dedica una amplio apartado al efecto del IMV en la participación laboral de los beneficiarios, un asunto que no había abordado en los análisis previos.

“Son resultados que no nos sorprenden”, ha dicho la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, en la rueda de prensa en la que el organismo que preside ha presentado los resultados. “La literatura académica ya señala que las prestaciones de último recurso pueden afectar a la oferta de trabajo, al elevar el salario mínimo por el que una persona está dispuesta a aceptar un empleo”, ha explicado.

Esa circunstancia conecta con los efectos positivos sobre el empleo que Herrero identifica en el IMV, pese a los problemas anteriores. “El IMV aumenta la probabilidad de tener un contrato indefinido, facilita rechazar empleos precarios, un mejor emparejamiento entre formación y empleo y ofrece posibilidades de recualificación profesional”, ha subrayado la presidenta de la Airef.

Dado este diagnóstico, con los efectos negativos y positivos sobre el empleo en cuenta, la Airef recomienda una “reformulación completa del diseño del incentivo al empleo”, el instrumento con el que el Ministerio de Seguridad Social buscaba evitar esa menor participación en el mercado laboral. El organismo reclama que esta vía sea “visible para los potenciales beneficiarios, transparente en su duración y modulable según el momento de incorporación laboral y la intensidad de la jornada”.

La Airef también dedica una parte importante del último análisis, con datos hasta el cierre de 2024, a estudiar la permanencia en la prestación. Concluye que el 90% de los beneficiarios recibe el IMV más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses y el 60%, más de tres años. “Esta permanencia, junto con los efectos en el empleo identificados, plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de transición hacia el empleo que incluye actualmente la prestación”, reflexiona la Airef.

El organismo que preside Herrero también subraya que no mejora la tasa de non take up, es decir, la proporción de potenciales beneficiarios que no la solicitan. Se mantiene en cifras similares a las del último análisis, con un 55% entre los beneficiarios del IMV y un 72% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). La Seguridad Social considera ambas prestaciones como IMV a efectos estadísticos, mientras que la Airef diferencia entre ellos.

En su opinión del año pasado la Airef destacó que más de la mitad de los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital que no lo solicitan reciben otras prestaciones, principalmente rentas mínimas autonómicas. La Autoridad Fiscal reclama una mejor coordinación entre el ministerio y las autonomías para afrontar esta derivada.

Reacción de la Seguridad Social

El Ministerio de Seguridad Social considera que esta esta evaluación del incentivo al empleo es “temprana” porque “solo se dispone de datos del primer año de aplicación (2023); sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios para hacer una evaluación más fiable”.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]



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