Para muchos estudiantes, las prácticas laborales son sinónimo de precariedad: jornadas maratonianas, escasa tutorización, deficiente asignación de tareas, un coste económico que no es compensado… El Ministerio de Trabajo ha impulsado una normativa específica para evitar parte de estos problemas, el estatuto del becario, un anteproyecto de ley con pocas posibilidades de prosperar en el Congreso, dada la mayoría absoluta de la derecha. A la vez, sin necesidad de la luz verde legislativa, el Gobierno presenta este lunes una herramienta complementaria: el Ministerio de Juventud e Infancia lanza lo que llama “el Buzón de las Becarias”, en el que anima a los estudiantes en prácticas a denunciar de forma anónima si sufren explotación laboral.
“Este buzón permitirá a personas becarias y ex becarias denunciar posibles irregularidades durante su período de prácticas, como la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica”, explican desde el departamento que dirige Sira Rego.
Los becarios en esas situaciones ya pueden denunciar ante Inspección de Trabajo, pero con esta iniciativa específica Juventud busca aflorar posibles abusos que sin este llamamiento no se hubieran animado a denunciar. “El Instituto de la Juventud será el organismo encargado de recopilar estas denuncias y ponerlas a disposición de la Inspección de Trabajo para que se lleven a cabo las investigaciones y actuaciones correspondientes”, agrega Juventud. El buzón, que permitirá presentar las denuncias de forma online desde este mismo lunes, será presentado hoy por Rego y la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz.
Juventud sostiene, con datos de la Encuesta de Juventud de 2023, que el 42% de los jóvenes denuncia haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral. La memoria anual de Inspección de 2024 indica que estas experiencias apenas tienen traslado a las denuncias formales. A lo largo del año se efectuaron 802 actuaciones para detectar falsos becarios, lo que supuso el afloramiento de 187 empleos, 132 de ellos correspondientes a estudiantes en esa situación. El importe de cuotas a la Seguridad Social liquidadas por estas actuaciones ascendió a 457.000 euros.
Avanza el estatuto del becario
La iniciativa es presentada en sociedad un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe en segunda lectura el estatuto del becario, según confirman fuentes del Gobierno. Es el último paso necesario antes de que el anteproyecto de ley se enfrente al escrutinio del Congreso, donde tiene escasas opciones de prosperar. Al previsible rechazo del bloque de derechas que ya tumbó la reducción de jornada (PP, Vox y Junts) se suman las dudas de socios habituales del Ejecutivo. La iniciativa tiene el respaldo de los sindicatos, pero no de las patronales.
El Estatuto propone limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También plantea un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas.
Esta compensación no se aplica a los becarios con nómina, ya que con esa retribución ya se consideran nivelados los gastos. La normativa no obliga a retribuir al becario, una de las reclamaciones más insistentes de la izquierda política y sindical y que finalmente no formó parte del acuerdo que apoyaron las centrales pero no los empresarios.
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) valoró positivamente la compensación de gastos tras la primera aprobación del gabinete, pero a la vez expresó “preocupación” ante la posibilidad de que empresas y entidades públicas que acogen a los estudiantes no abonen esas cantidades. “No podemos obviar la preocupación por la viabilidad económica de estas medidas si no se garantiza de manera efectiva la corresponsabilidad de todos los agentes implicados”, dijo la presidenta de la CRUE, Eva Alcón. La organización que preside se muestra contraria al estatuto.
