Juez da paso a un segundo testimonio anticipado en caso contra excomandante Tannya Varela; coronel procesado pasó a ser testigo protegido | Política | Noticias

Pese a que ya concluyeron los noventa días de instrucción fiscal abierta contra una ex comandante general de la Policía, la general (s. p.) Tannya Varela, así como contra el capitán (s. p.) Rodney Rengel y el coronel José Luis Erazo, ambos de la Policía Nacional, por el delito de divulgación de información de circulación restringida, el próximo 1 de abril, a partir de las 15:30, se desarrollará una audiencia en la que el procesado Erazo rendirá su testimonio anticipado.

El pedido fue realizado el 24 de marzo pasado por la fiscal provincial de Pichincha, Alexandra Zurita, y se transforma en el segundo testimonio que se solicita dentro del proceso penal que investiga la filtración de información que se habría dado en una causa declarada reservada desde altos mandos policiales. La Fiscalía explicó que la filtración analizada tiene que ver con un informe reservado, por orden judicial, en una investigación del año 2021 por el delito de narcotráfico, parte de la causa denominada León de Troya.

El primer testimonio anticipado que se receptó en este caso fue el de Rengel. El exoficial de la Policía habló bajo juramento de lo que conocía en la causa el 24 de marzo pasado, cinco días después de que se completaron los tres meses de instrucción fiscal ordenados por la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, María de los Ángeles Montalvo.

El 18 de diciembre pasado se produjo la detención en Quito (Pichincha) de la excomandante Varela y del excapitán Rodney Rengel, y en Manta (Manabí) se apresó al coronel José Luis E. Las detenciones se cumplieron dentro de cinco allanamientos en estas dos provincias, como parte de lo que hasta diciembre de 2025 era una investigación previa por el delito de difusión de información restringida.

“La información que fue producto de una investigación penal y que posteriormente fue difundida y divulgada claramente no provino de fuentes abiertas, sino del núcleo institucional que tuvo acceso a la investigación previa número (…), configurándose así una conducta que se adecúa al delito de difusión de información de circulación restringida, afectando el bien jurídico de la administración de justicia y exponiendo a operadores judiciales y policiales que intervinieron en una investigación vinculada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización”, explicó la entonces fiscal provincial, Mayra Soria, en su formulación de cargos.

Los tres procesados por intervenir en tres eventos que configurarían para la Fiscalía la divulgación de información de carácter restringido recibieron la medida cautelar de presentación periódica.

En relación con Erazo, la fiscal Zurita no solo pidió una fecha para tomar el testimonio anticipado, sino que también informó al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha y juez natural de la causa por el fuero que existe, Luis López Guzmán, que el procesado actualmente se encuentra ingresado en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos manejado por la Fiscalía.

Se informó que el oficial deberá concurrir a la diligencia que se dará en la cámara de Gesell de la Fiscalía de Pichincha, ubicada en el norte de Quito, con su abogado defensor. Se dispuso que el día de la diligencia señalada la Fiscalía presente la justificación que acredite la calidad del testigo protegido, que en el testimonio esté presente el psicólogo de turno y se autorizó la grabación de esta actividad a la Fiscalía, contenido que deberá reposar en la cámara de Gesell hasta que sea retirado conforme a los protocolos establecidos en la ley.

Según la Fiscalía, los hechos se iniciaron el 13 de mayo del 2021, cuando se abrió la investigación previa por el presunto delito de tráfico de drogas, la cual se encontraba a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional número uno (Fedoti número uno) en Manta. La indagación estaba a cargo del fiscal Rubén Balda, y dentro de ella se solicitaron autorizaciones judiciales para la aplicación de técnicas especiales de investigación, como escuchas y seguimientos, además de otras técnicas especiales de investigación que son usadas en esta clase de delitos.

“Primero existió un pedido de Fiscalía para que las técnicas en la reserva de la investigación estén blindadas. Los jueces lo aceptaron y así se concedió. Pero posteriormente, aunque esta causa terminó en archivo, existió un señor juez que doblemente blindó la investigación y dijo que no se podía divulgar ni difundir ningún tipo de información de esta investigación. (…) Evidenciamos claramente que la investigación número (…) por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que llevaba la Fedoti uno, a cargo del doctor Rubén Balda, fiscal de Manta, se encontraba bajo reservas judiciales”, insistió la fiscal provincial de Pichincha de ese momento.

Tres eventos investigados por la Fiscalía que hacen parte de la divulgación ilegal

Pese a la advertencia jurisdiccional, la difusión de la información que estaba restringida ocurrió en tres eventos claramente identificados por la Fiscalía.

El primer evento: Pese a la orden judicial expresa que existía, el 7 de julio de 2021, la general de policía Tannya Varela, ex comandante general de la Policía, junto con el teniente coronel en este momento José Luis Erazo, jefe de la UCTCI, habrían acudido al Palacio de Carondelet y solicitaron una reunión con el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso. Según el relato fiscal, a él le habrían entregado la información de la investigación previa relacionada con el caso León de Troya.

Principalmente se habría dado la entrega de información que arrojaron las escuchas y seguimientos de esta investigación previa que tenía doble declaratoria de reserva.

Segundo evento: El 12 de febrero de 2023 habría ocurrido una segunda difusión de la información reservada. En esta se habrían divulgado contenidos de mayor detalle, incluidos elementos propios de informes integrados, progresivos de escucha y referencias internas por parte de Rodney Orlando R. Q., investigador de la UCTCI, desde su número telefónico, a través de una aplicación de mensajería instantánea, a otro número registrado como María Cobeña, pero que en sus contactos tenía registrado como “amigo Bryan”.

La Fiscalía presume que se trata del periodista Andersson Boscán. Esta presunción llegaría en razón de que en los contactos que poseía en otra plataforma el oficial, con otro número, lo tenía registrado como “amigo Bryan”.

Tercer evento: Con fecha 13 de febrero de 2023 existe una tercera difusión de la información. La consolidación de la exposición pública de información sensible se habría dado cuando se pasó a través de redes sociales en el medio digital La Posta, con esto, a decir de Fiscalía, ampliando el alcance de la información reservada y afectando directamente la reserva judicial dispuesta por la autoridad competente. (I)