El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este lunes, 22 de diciembre de 2025, devolver a las áreas técnicas el expediente disciplinario relacionado con una posible medida preventiva de suspensión contra dos jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a la espera de un pronunciamiento pendiente de la Corte Constitucional (CC).
La decisión se adoptó durante la sesión convocada desde las 10:30, en la que se analizaba la imposición de una suspensión contra los jueces Ivonne Núñez, exministra del Trabajo, y Francisco Morales, actual presidente de la Corte del Guayas.
Durante el debate, se expuso que dentro de la acción extraordinaria de protección existe un recurso de aclaración y ampliación aún en trámite ante la Corte Constitucional, lo que —desde el punto de vista procesal— impediría avanzar de forma inmediata con una medida preventiva.
Según se explicó en el pleno, si bien la de la Corte Constitucional establece que la declaratoria previa de error inexcusable constituye una condición suficiente para que la Judicatura inicie un sumario administrativo, la imposición de una suspensión preventiva requiere verificar su necesidad, lo que en este caso estaría condicionado a que la sentencia quede ejecutoriada.
Ante este escenario, y considerando la recomendación técnica inicial de emitir la suspensión, las vocalías coincidieron en que lo procedente es devolver el expediente a las áreas técnicas, para que esperen el pronunciamiento de la CC y, una vez finiquitado ese trámite, se adopten las medidas correspondientes. La moción fue aprobada sin objeciones.
El expediente disciplinario se abrió luego de que la Corte Constitucional notificara la declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable contra Núñez y Morales, dentro de una acción extraordinaria de protección presentada por Correos del Ecuador EP en liquidación.
El caso se originó por una sentencia emitida en 2021 por la Corte Provincial del Guayas, en la que ambos magistrados integraron un tribunal que aceptó una acción de protección planteada por la empresa de transporte Halcotransa. Según lo señalado, los jueces habrían introducido documentos de forma extemporánea o los habrían sustituido, además de presuntamente extraer piezas del proceso, sin que ello implique necesariamente favorecer a una de las partes.
La Judicatura aguardará el pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional antes de retomar el análisis sobre la eventual suspensión de los magistrados del Guayas. (I)
