En el marco de las alertas del juez Carlos Serrano de amenazas en su contra así como en contra de la exdirectora de la Judicatura en Orellana, Samantha Lozada, el Consejo de la Judicatura (CJ) acordó instalar mesas de trabajo interinstitucional para gestionar apoyo internacional en materia de seguridad.
Este jueves, 8 de enero de 2026, el pleno del organismo mantuvo una reunión de trabajo con juezas y jueces de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, para evaluar mejoras en las condiciones de trabajo de los administradores de justicia que conocen este tipo de casos.
La Judicatura informó que en el encuentro, las autoridades reconocieron que existen limitaciones presupuestarias, pese a eso, señala la institución, “se trabaja en la optimización del talento humano, la rehabilitación de la infraestructura, la incorporación de tecnología y, de manera prioritaria, en reforzar las medidas de seguridad para los jueces y sus equipos técnicos».
En la reunión los vocales Magaly Ruiz, Damián Larco, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros expresaron sus observaciones sobre este asunto y plantearon, entre otras cosas, que se debe seguir trabajando con criterios técnicos y transparencia; garantizar las condiciones administrativas, técnicas y logísticas necesarias para que los jueces ejerzan su labor con independencia; así como fortalecer el uso de herramientas tecnológicas seguras y la capacitación continua.
El CJ precisó que, como parte de los acuerdos a los que se llegó, además de las mesas interinstitucionales sobre seguridad, se deberá optimizar la carga laboral, incluida la posible creación de una nueva sala provincial y un nuevo tribunal especializado.
Además, se coordinará con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) el cumplimiento efectivo de audiencias desde los centros de rehabilitación social, para evitar audiencias fallidas y la caducidad de la prisión preventiva.
En las últimas semanas se hicieron públicas las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano de una amenaza en su contra por parte del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, en el marco de la sentencia en su contra de diez años de cárcel por el delito de lavado de activos. Asimismo, la exfuncionaria judicial, Samantha Lozada, denunció que fue víctima de un ataque armado y persecución del crimen organizado en su contra, pero que la Judicatura no garantizó su seguridad, aunque el organismo aclaró que si lo hizo. (I)
