El Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) será la voz del personal en servicio activo en la discusión de una ley de seguridad social que se iniciará en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional, que elaborará el informe para primer debate del pleno.
“Yo soy la voz de todo el servicio activo aquí. Nosotros tenemos un instrumento que se llama el órgano regular, que no calla a nadie. Al contrario, da el espacio para escuchar las inquietudes del personal militar. Si no tomamos en consideración la cultura organizacional, rompemos la cultura de la jerarquización”, regañó José Fiallos, director del Issfa, al legislador Fernando de la Torre, en la presentación del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Loressfa).
“Las Fuerzas Armadas somos organizadas, disciplinadas y jerárquicas, quien habla, yo, general (José) Fiallo, que está aquí, es quien representa por disposición del señor ministro (Gian Carlo Loffredo), que es el presidente del Consejo Directivo, y por sus miembros, que son el jefe del Comando Conjunto y los tres comandantes de fuerza, yo soy la voz de todo el servicio activo aquí”, manifestó Fiallos.
Su declaración se dio en la Comisión del Derecho al Trabajo el miércoles anterior, a la que asistieron varios representantes del Estado para defender el borrador y para responder a una sugerencia que hizo el legislador Fernando de la Torre para que se invite a representantes de la tropa a exponer sus preocupaciones.
El general Fiallos anunció que desde este lunes empezará a recorrer los destacamentos militares en las provincias para socializar el nuevo articulado y así evitar las especulaciones y aclarar las dudas del personal en servicio activo.
Este proyecto borrador se abrió al debate en la Comisión después de catorce mesas técnicas —que se hicieron entre los legisladores y las autoridades de los dos seguros—, que fueron reservadas y que mantienen en expectativa al personal.
Su discusión en la Asamblea Nacional se espera desde hace cuatro años, luego que la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad parcial de la Loressfa, que se aprobó en el gobierno de Rafael Correa, en 2016, y que fue apodada “ley Patiño”.
La CC ordenó que se elaboren proyectos que garanticen la sostenibilidad de los seguros sociales de la fuerza pública para evitar su desfinanciamiento y que, para ello, se hagan estudios actuariales con el acompañamiento de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Bancos.
Lo que no declaró inconstitucional de esa ley es el incremento de años de servicio de 20 a 25 para acceder al retiro y, como tal, a la pensión.
Según explicó Fiallos, en la actualidad, el 33 % del personal en servicio activo que ingresó a las filas militares desde octubre de 2016 (cuando entró en vigor la ley aprobada en el correísmo) está obligado a cumplir 25 años para retirarse.
El argumento es que la expectativa de vida de los ecuatorianos creció en un 8 %.
No obstante, esta disposición no está en discusión, sino el régimen de transición que se propone aplicar para quienes tienen 20 años o menos en la institución una vez que se apruebe la nueva ley.
Un último texto borrador que aprobó el Issfa, el 3 de diciembre de 2025, contempla la creación de dos grupos: un régimen para los militares que tienen 20 años de servicio y otro para quienes tengan menos de 20 años y, al menos, 18 años de servicio activo.
Respecto del primer grupo, se propone que si un militar deja la fuerza por salida anticipada, su pensión se calculará con el promedio de los últimos 48 haberes, con el factor regulador del 80 % y la base reguladora del 70 %.
Por terminación de carrera se fijará con base en el promedio de los 48 haberes últimos, con el factor de retiro del 85 %.
El grupo dos integra al personal que haya obtenido el alta antes de la ley, con menos de 20 años y, al menos, 18 años de servicio.
En este caso, para el personal que cumpla con, al menos, 19 años de servicio, la pensión por terminación de carrera se calculará para quien tenga un mínimo de 21 años de servicio activo, con el factor del 85 %; y por salida anticipada, un mínimo de 22 años, con el factor del 80 %.
Para quien cuente con 18 años de servicio a la expedición de la ley, por terminación de la carrera la pensión se calculará con un mínimo de 22 años, con el 85 % del factor regulador; y por salida anticipada, un mínimo de 23 años de servicio, con el factor del 80 %.
El reclamo en el personal militar es que la CC no declaró inconstitucional la disposición 12, en la que se establece que aquellos que podrán acceder a la prestación del seguro, separándose del servicio, mediante la baja con un mínimo de 20 años, un promedio de los 60 mejores salarios y una base reguladora del 88 %.
A la sesión del miércoles último asistió Juan Francisco Martínez, que se presentó como subsecretario de Planificación del Ministerio de Defensa, enviado por el ministro Gian Carlo Loffredo; precisó que están “de acuerdo con el modelo” de seguridad social que se propone en este texto y pidió tranquilidad a la población militar porque se cumplirá con sus derechos.
En representación de la Policía Nacional asistió el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía (Isspol), Juan Silva Cabrera, que defendió el proyecto elaborado por el Consejo Directivo, aunque no ahondó en detalles del contenido de la propuesta.
El presidente de la mesa, el asambleísta Eckenner Recalde (ADN), comentó que en los próximos días se invitará a las organizaciones que estén legalizadas para que asistan a la discusión antes de la elaboración del informe para primer debate. (I)
