La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros autonómicos del ramo se verán la cara este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por primera vez desde que se anunciará la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómico. La presentó la propia Montero el pasado viernes, después de que el líder de ERC Oriol Junqueras adelantara el día antes que su formación y el Gobierno central habían cerrado una propuesta que daría 4.700 millones más a Cataluña. Un modus operandi que ha causado recelos en el resto de los territorios tanto en el fondo como en la forma.
No solo las 11 comunidades del PP han mostrado su malestar. También dos autonomías del PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, se han mostrado disconformes. El consejero castellanomanchego, Juan Alfonso Molina, afirmó que la propuesta es “fruto de un acuerdo bilateral entre el Estado y los independentistas catalanes”, resultado de un “chantaje” para la “obtención de privilegios frente a los demás”. Su homólogo asturiano, Guillermo Peláez, ha zanjado que la reforma “no puede ser un contrato de adhesión ni el resultado de una negociación bilateral” y ha añadido que la aplicación de la ordinalidad supone “una línea roja”.
La propuesta de reforma es el resultado de un año y medio de negociaciones entre ERC y el PSOE. La financiación singular para Cataluña, que la formación independentista presentó en un principio como un concierto económico, ha acabado finalmente en una evolución del modelo existente y no en una ruptura. La propuesta de reforma aumenta los recursos a disposición del sistema en casi 21.000 millones, en gran medida a través de una ampliación del porcentaje de cesión de IRPF e IVA a las autonomías —de un 50% a un 55% y 56,5%, respectivamente—, pretende rebajar la brecha en la financiación por habitante ajustado, dar mayor autonomía fiscal a los territorios —aunque con límites— y garantizar la ordinalidad para Cataluña.
Ese principio, la ordinalidad, implica que las comunidades que más aportan al sistema, las más ricas, sean también las que más reciben. Es decir, que la posición que ocupan en el ranking a la hora de aportar al modelo se mantenga cuando reciben recursos. Esa simetría se cumplirá en Cataluña tras la reforma —será la tercera comunidad tanto en aportar como en recibir recursos—, una condición sine qua non para que ERC diera luz verde a la propuesta, pero que no ha gustado nada en el resto de territorios.
“Los territorios no son los que pagan impuestos, son los ciudadanos”, lanzan desde una comunidad popular. También Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda de Aragón (PP), ha rechazado la ordinalidad, y ha lamentado que el nuevo modelo es “profundamente injusto para Aragón”. Baleares, en cambio, ha reclamado para sí este principio —junto a Cataluña y Madrid es la otra aportadora neta al sistema—. “Pero desgraciadamente vemos que en la propuesta se han intentado encajar las piezas para que solo Cataluña, de facto, lo tenga», trasladan desde el Govern insular.
Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda de Murcia, ha lamentado que la reforma presentada por Montero “nace viciada porque está hecha por y para el independentismo” y que falta aún por conocer “la letra pequeña”. Extremadura y Cantabria no van a recibir ni un céntimo más de lo que reciben actualmente. Ambas han exigido un “reparto más justo” y el consejero gallego, Miguel Corgos, ha tachado la propuesta de “raquítica” e “inaceptable”. En todo caso, ha asegurado que acudirá al CPFF a “escuchar” y pedir explicaciones a la ministra.
Una postura parecida a la que traslada la Comunidad Valenciana, también gobernada por los populares. Acudirán a la reunión con la esperanza de conocer los detalles de la propuesta, sobre todo en cuanto a si se pondría a disposición un fondo transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo esquema para los territorios infrafinanciados como el suyo. La Comunidad Valenciana es la autonomía que en términos de incremento de recursos por habitante más se beneficiaría de la reforma. También desde Andalucía (PP), el territorio que más mejorará su financiación en volumen absoluto —y donde Montero se presentará como candidata a las elecciones autonómicas para el PSOE— dicen que llegarán a la cita sin conocer los detalles, y con la esperanza de que la ministra les aclare los elementos que “generan dudas”.
Cataluña, por su parte, acude a la reunión del CPFF consciente de que acaparará todos los focos, pero convencida de que el modelo es bueno para sí misma y para el conjunto de las comunidades autónomas. La consejera portavoz, Silvia Paneque, ha afirmado que la aspiración del Govern es que haya un debate en el que impere la “razón y las cifras”. “Queremos un debate sereno y si hay otros líderes que no les gusta el modelo que presenten alternativas”, ha afirmado tras la celebración del Consejo Ejecutivo en la comunidad. El Govern esgrime que el modelo beneficia a todas las comunidades -Andalucía recibe, por ejemplo, más recursos que Cataluña- y ha expresado su perplejidad de que haya algunas que lo rechacen pese a que las sumas pueden servir para fortalecer sus servicios públicos. “No sería de recibo no proponer una alternativa y no sentarse a negociar”, ha dicho.
La consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, que acudirá a la reunión, ha defendido en una entrevista en TV3 que el modelo trata a las comunidades como “adultas” y ha deslizado que le gustaría preguntar a los dirigentes del PP dónde está la “insolidaridad” y la “injusticia” cuando se ha pasado de un modelo en el que entre la comunidad que más recibe y menos recibe por habitante es de 1.500 euros y se pasará a otro en el que la diferencia sea de 490. Según el acuerdo pactado, a Cataluña le corresponderán ingresar casi 4.700 millones de euros adicionales para su financiación, en la que, por primera vez, se aplicará el principio de ordinalidad, esto es, que no perderá posiciones en el ranking de riqueza tras la aportación a la caja común. Cataluña aspira a que ese principio quede recogido en la ley y no al albur de un cambio de Gobierno.
No todo el mundo en Cataluña está de acuerdo con el pacto. Foment, la gran patronal catalana, lo considera insuficiente y el Govern confía en poder acabar seduciendo a Junts cuyos siete votos son cruciales para que el acuerdo prospere en el Congreso. “Esperamos que cualquier fuerza vinculada a la tradición del catalanismo entienda que es una oportunidad de mejorar los servicios públicos y estar e contra de la llegada de 4.700 millones”, ha agregado Paneque avisando de que la historia de Cataluña demuestra que cuando se ha apostado al todo o nada normalmente se ha saldado con el “nada”.
