Los candidatos a las prefecturas de las provincias de Guayas y Pichincha son los que más recursos propios podrán gastar en la campaña de las elecciones seccionales del 29 de noviembre próximo.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, la noche del pasado viernes 10 de julio, el límite de gasto electoral privado para los próximos comicios.
Este se calcula en función del número de electores de cada jurisdicción y sirve para costear mítines, recorridos, consultorías políticas, material promocional, entre otros.
Esta es una de las dos formas de financiamiento para las campañas electorales que prevé el Código de la Democracia.
La otra es el presupuesto que otorga el Estado para pagar solamente la pauta en los medios de comunicación social, el cual todavía no se ha determinado porque depende del total de aspirantes que se inscriban para cada dignidad.
Según el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen plazo hasta el próximo 18 de julio para concretar alianzas electorales; con ello, el número de candidatos que surgieron de los procesos de democracia interna realizados semanas atrás podría reducirse.
El ‘top 10′ de las provincias en las cuales los aspirantes a prefectos podrán gastar más lo conforman:
Guayas: $ 975.500,40
Pichincha: $ 722.634,00
Manabí: $ 396.474,90
Los Ríos: $ 213.546,60
Azuay: $ 186.586,80
El Oro: $ 163.518,00
Tungurahua: $ 138.137,10
Esmeraldas: $ 130.923,00
Chimborazo: $ 123.349,50
Loja: $ 120.952,80
En el caso de los cantones, los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil son los que tienen un tope de gasto más alto, con $ 827.136,00 y $ 807.863,20, respectivamente.
Seguidos de las jurisdicciones de Cuenca, con $ 179.344,80; Portoviejo, con $ 103.626,40; Santo Domingo, con $ 139.635,60; Ambato, con $ 118.977,60; Manta, $ 87.397,60; Machala, con $86.798,40; Riobamba, con $ 83.780,40, y Loja, con $ 78.785,20.
Respecto de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCC), el Pleno del CNE recordó que la normativa vigente prohíbe la recepción o utilización de financiamiento privado de cualquier naturaleza para su promoción. (I)
