La propuesta presentada este viernes por la ministra de Hacienda combina elementos claramente positivos con otros que van a dificultar su éxito.
Lo primero que destacar es que se trata de una reforma del sistema actual y no una ruptura como la que suponía la literalidad del acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. España no necesita más sistemas de conciertos ni fragmentación de la Agencia Tributaria. Afortunadamente, la propuesta despeja esto y nos vuelve a situar en una senda federalista. Un alivio.
El plan también es positivo porque reduce la dispersión en la financiación por habitante ajustado que provoca el sistema actual y que genera agravios comparativos. Todos ganan, pero mucho más quienes están peor tratados por el sistema actual (Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía) y mucho menos los que se situaban en las primeras posiciones (La Rioja, Cantabria y Extremadura).
En el terreno de la transparencia y la operativa se divisan luces y sombras. Es verdad que se eliminan fondos que complicaban el modelo, pero se crean otros; es un paso adelante que las comunidades reciban el dinero que les toca sin tener que esperar por las liquidaciones que se producen con un retraso de dos años, pero no es evidente que lo sea el tratamiento diferenciado del IVA que recaudan las pymes.
La dificultad fundamental que va a plantear la propuesta se sitúa en el avance del llamado criterio de ordinalidad. Al margen de las infrafinanciadas, las comunidades que más ganan en términos per cápita son, muy destacadamente, Cataluña, a la que se suman Aragón, Madrid y Baleares. Todas ellas están hoy en la media o por encima de ella en financiación por habitante ajustado. Si la propuesta se aplica, aumentará la correlación positiva entre capacidad fiscal y recursos de los gobiernos autonómicos. Este resultado es defendible, a la luz de la experiencia comparada. Pero también lo es, y seguramente con mayor fundamento constitucional, una solución en la que todas disfrutasen de una misma financiación por habitante ajustado.
Es inevitable que este cambio de norma en el grado de nivelación vaya a ser percibido como una concesión a la posición de una de las comunidades autónomas y no el resultado de un proceso de negociación multilateral y un acuerdo político amplio. Cierto que Cataluña siempre ha desempeñado un papel singular en las reformas. Pero nunca se había traducido en una propuesta tan cerrada y precisa para todos. Es previsible que veamos un frente de comunidades autónomas en contra, lo que reforzará la posición del PP y complicará el futuro de la propuesta, a pesar de sus aspectos positivos.
Finalmente, hay que destacar el elevado coste que supondría para el Gobierno central la aplicación del acuerdo: más de un punto del PIB en un escenario de ralentización de la actividad económica y presiones sobre el gasto en competencias estatales, como defensa o pensiones.
