La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García, que fije una fecha y hora para recibir el testimonio anticipado de José, C., una de las personas que presentó la denuncia con la que se inició el caso Goleada.
A través de un escrito presentado este miércoles, 3 de junio de 2026, el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Dennis Villavicencio, pidió al juez de la causa que se oficie a la Unidad de Peritaje Integral de la Fiscalía de Pichincha o a la Coordinación del Complejo Judicial Norte de Quito para que se facilite la cámara de Gesell, donde se recibirá el testimonio.
Fiscalía también aclaró que José C. tiene calidad de testigo protegido a través del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), al cual se solicitó su ingreso.
En el denominado caso Goleada es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y su círculo familiar por una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
Actualmente en esta causa existen 26 personas naturales y jurídicas (empresas) procesadas por el delito de lavado de activos.
De acuerdo con la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, el que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos”.
Cuando la Fiscalía reformuló cargos de delincuencia organizada por lavado de activos, el 14 de mayo pasado, repasó que este caso se inició a partir de una denuncia que señaló que un grupo de personas estaría conformando una estructura delictiva que operaría desde 2021, cometiendo, presuntamente, delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y testaferismo, entre otros, ocasionando un gran perjuicio al Estado ecuatoriano.
Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de instrucción fiscal. (I)
