A menos de un mes de que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Olavo Hernández decidió sobreseer a tres de los 24 procesados por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro, la Fiscalía concreta su apelación y aspira a que los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aisheng, exfuncionarios de la empresa Sinohydro Corporation, y la ecuatoriana Rocío Guerrero, relacionada con el coprocesado Conto Patiño, sean llamados a juicio.
Los tres fueron los únicos acusados por la Fiscalía contra quienes el magistrado nacional no encontró elementos que hagan pensar que habrían participado en la recepción de dádivas, beneficios económicos y pagos indebidos provenientes de la empresa estatal china Sinohydro, como consecuencia de la adjudicación, financiamiento, ejecución y supervisión del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Para el conjuez Hernández, los elementos que le hacían presumir de la intervención solo fueron encontrados en 21 casos, entre ellos, los relacionados con el expresidente de la República Lenín Moreno; su esposa, Rocío González; su hija Irina Moreno; dos hermanos y una cuñada del exmandatario ecuatoriano.
El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, confirmó que está presentado ya el recurso de apelación por las tres personas sobreseídas y aclaró que únicamente lo que se espera es que se señalen día y hora para en audiencia fundamentar el recurso en la Corte Nacional. Alarcón asegura que van por la apelación, pues tienen los elementos respectivos de que los 24 procesados fueron partícipes del delito de cohecho investigado.
El Dr. Alarcón menciona que #FiscalíaEc presentó el recurso de apelación al sobreseimiento de 3 personas en el #CasoSinohydro y que se espera fecha y hora para fundamentar el pedido en audiencia.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 31, 2025
En lo que tiene que ver con Lenín Moreno, el juez Hernández concluyó que el caudal de los elementos de convicción permite “presumir que el procesado tuvo la intervención esencial y decisiva en la obtención del financiamiento que viabilizó la ejecución del contrato adjudicado a Sinohydro y una participación relevante con el posterior flujo de dádivas canalizados a través de las empresas Recorsa e Ina Investment Corporation, con beneficiarios en su entorno familiar y con adquisiciones y entrega en el país y en el exterior”.
El conjuez en la lectura de su resolución sostuvo que existen elementos que generan la duda razonable para que el caso avance a que un Tribunal de la CNJ analice la prueba que se ha anunciado contra los 21 acusados. En total serían siete personas acusadas en calidad de autores directos y catorce como cómplices. La Fiscalía espera que luego de la audiencia de apelación, estas tres personas se sumen al grupo de 21 ya llamados a juicio.
Por ejemplo, lo que se deberá analizar en el juicio es el argumento de la Fiscalía de que existen transferencias superiores al millón de dólares a favor del núcleo familiar del exvicepresidente Moreno y más de $ 58 millones a favor de la familia del coprocesado y llamado a juicio Conto Patiño y sus empresas. Además de diversas sumas dirigidas a funcionarios de la Comisión Técnica y del directorio de Coca Coda Sinclair, quienes habrían intervenido en etapas decisivas del proceso de contratación y financiamiento.
El fiscal Alarcón ha defendido su dictamen acusatorio y pedido de que sean llamados a juicio los 24 sospechosos, explicando que el delito de cohecho tanto es activo como pasivo. Y, para el caso en concreto, el cohecho tiene un sujeto cualificado que es el funcionario público, pero también quién le cohecha a ese funcionario público, una tercera persona, y esas terceras personas no están como autores, sino como cómplices, es decir, ellos permitieron el delito efectivamente.
Por otra parte, el fiscal general encargado indicó que en este tiempo que lleva ejerciendo el cargo no ha tenido presiones verbales, aunque reconoció que sí ha observado muchas presiones mediáticas, en medios de comunicación y en redes sociales, que, refiere, le “dan mucho que pensar”.
David Meza, abogado del expresidente Moreno, quien fue llamado a juicio como autor directo, y su esposa, llamada a juicio como cómplice, cree que la decisión del juez de la causa es errónea; sin embargo, dice, la respetan y en audiencia demostrarán que su teoría del caso es mucho más sólida que la de Fiscalía. Reconoce que al ser este proceso penal un caso político y existir una presión mediática sobre el exmandatario, existía una alta probabilidad de que Lenín Moreno sea llamado a etapa de juzgamiento.
La defensa del exmandatario señala no estar de acuerdo con los argumentos planteados por el conjuez en su auto de llamamiento a juicio, principalmente por no haber tomado en cuenta varios de los descargos presentados a lo largo de la audiencia preparatoria de juicio. Incluso, anotó, se permitió que la Fiscalía ingrese elementos nuevos que nunca en su momento en la instrucción fiscal, en la formulación de cargos, la entonces fiscal general Diana Salazar los incluyó.
Uno de esos elementos incluidos a última hora de los que habla Meza sería un departamento ubicado en el sector del Quito Tenis, ubicado en el norte de la capital ecuatoriana.
“Es un absurdo jurídico. (…) Dicen que es parte de una dádiva de esta presunta red de cohechos. Sin embargo, está aprobado y existe dentro del expediente que ese departamento recién será cancelado en 2034 por el expresidente y fue obtenido con un crédito hipotecario de, si no me equivoco, a quince años, en el año 2012 o 2013”, indicó Meza, quien piensa que esta tergiversación responde a una errónea argumentación jurídica por parte del juez. (I)































