Para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica y evitar una posterior nulidad, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Olavo Hernández (ponente), Manuel Cabrera y Marco Aguirre decidieron no instalar la audiencia de ejecución de pena solicitada por la Procuraduría General del Estado contra el excontralor Carlos Pólit, quien fue sentenciado por el delito de concusión.
La diligencia estaba convocada para la mañana de este martes, 17 de marzo, ante los jueces y conjueces nacionales que integran el Tribunal de Juzgamiento, transformado en Tribunal de Ejecución, pero la audiencia no pudo concretarse debido a que el abogado del excontralor, quien se encuentra detenido al ser juzgado en Estados Unidos por conspiración para lavado de activos, no contaba con la procuración respectiva para representar legalmente a Pólit.
El juez ponente reconoció que la defensa del ejecutado Carlos Pólit compareció a la audiencia, pero al no haberlo hecho en la forma que determina la ley, es decir, con la procuración o autorización para actuar legalmente, no se puede instalar ni desarrollar la presente audiencia.
Gonzalo Guilcapi, abogado defensor de Carlos Pólit, al ser consultado por el juez Hernández sobre si tenía procuración respectiva para actuar en esta diligencia, reconoció que tenía una autorización por escrito, pero no una procuración como tal. Explicó que no es fácil designar un documento como tal, pues su cliente está detenido en Estados Unidos. “A lo mucho me dio un escrito de autorización que fue presentado a su autoridad en febrero de 2026 con la finalidad de estar presente en esa audiencia”.
“De llevarse a efecto la audiencia, pese a esta falencia, esto podría significar que no está legitimada. Para curarnos en sano se adopta lo que manda la ley. En base a la disposición legal invocada mediante providencia notificaremos señalando el nuevo día y hora en que se lleve a efecto esta audiencia en términos indicados, es decir, con o sin la presencia de dicho sujeto procesal”, concluyó el presidente de la Sala de Ejecución.
La Procuraduría en 2025 registró el embargo de valores a favor del Estado ecuatoriano por la suma de $ 4.093,97, correspondiente al sentenciado excontralor general del Estado, Carlos Ramón Pólit Faggioni, en uno de los casos de corrupción Odebrecht abiertos en el Ecuador.
En junio de 2018, los jueces de la Corte Nacional Marco Rodríguez e Iván Saquicela, mediante una resolución de mayoría, sentenciaron por el delito de concusión a seis años de cárcel al excontralor en calidad de autor.
En octubre de 2025, la Procuraduría General informó que, con la orden obtenida por el Tribunal de Ejecución de la Sala Penal de la CNJ, embargó bienes inmuebles del excontralor Pólit. Esto se dio como parte de la causa en la que, además de la pena de cárcel, se le dispuso al exfuncionario público el pago de una indemnización al Estado de $ 40,4 millones.
“Este logro es resultado directo de la investigación patrimonial y financiera impulsada por la PGE en la fase de ejecución de sentencia. Tras la negativa del sentenciado a cumplir con la obligación pecuniaria de la reparación integral, la Procuraduría activó los mecanismos de ejecución forzada previstos en el marco legal vigente”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Se explicó que el embargo garantiza que los activos serán destinados a su posterior remate y monetización conforme a la ley, asegurando, dijo, la restitución de los recursos del Estado para cubrir en parte el valor de la reparación integral material impuesta en la sentencia. No se han especificado los bienes que han sido embargados, el costo que aproximadamente tendrían estos ni cuánto de la deuda cubriría.
Los jueces Rodríguez y Saquicela aseguraban al sentenciar que Carlos Pólit se aprovechó de su cargo y mediante “exigencias” y “amenazas” logró entre 2010 y 2015 conseguir de Odebrecht $ 10,1 millones por eliminar glosas y entregar informes favorables. Además, explicaron, parte de esos dineros fueron colocados en dos empresas por John Pólit, simulando préstamos. En la etapa de casación, Pólit hijo quedó fuera del caso y la sentencia solo fue ratificada para el excontralor.
Actualmente, Carlos Pólit se encuentra en Estados Unidos, país en el que fue condenado por parte de estos hechos ocurridos en Ecuador y debe pagar una millonaria indemnización para ese país. (I)
