Luis Alfonso Miño Morales, exdirector de Responsabilidades de la Contraloría General Estado (CGE), fue sentenciado a doce meses de cárcel como autor directo del delito de tráfico de influencias en el denominado caso Celu, en el que también es procesado el excontralor general subrogante Pablo Celi.
La decisión la adoptó el juez ponente Fernando Cantos Aguirre en la audiencia de procedimiento abreviado, que se instaló la tarde de este lunes, 6 de abril de 2026, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito.
En contra de Miño también se dispuso una multa de doce salarios básicos unificados, equivalente a $ 5.640.
La reducción de la pena para el exfuncionario de la Contraloría se resolvió luego de un acuerdo entre las partes, es decir, la Fiscalía General del Estado y Miño Morales.
En la audiencia, el fiscal Carlos Leonardo Alarcón solicitó al juez que se acepte la aplicación del procedimiento abreviado por este caso, cuyo delito tiene una pena de tres a cinco años de prisión.
El delito de tráfico de influencias se habría configurado por acción de los dos sospechosos indagados al desvanecer una responsabilidad administrativa (glosa) por derechos de concesión por un monto de $ 111′906.514 para beneficiar a una operadora de servicios telefónicos, perjudicando a los intereses del Estado.
En su testimonio anticipado, el exdirector de Responsabilidades de la Contraloría señaló que el 28 de junio de 2019 el entonces contralor Pablo Celli lo llamó a su despacho, donde se encontraban otras autoridades de esa institución. Habría dispuesto que a la cita lleve el expediente de la glosa de la operadora de telefonía móvil analizada, en la que se establece una responsabilidad civil por alrededor de $ 111 millones y que el entonces contralor general y ahora uno de los dos procesados habría ordenado el desvanecimiento inmediato de dicha glosa.
“Señaló que los auditores y los subcontralores presuntamente acordaron que se debía establecer que no existía un perjuicio al Estado por parte de la empresa telefónica, por ello debía emitirse una resolución que desvaneciera la responsabilidad civil. El entonces contralor solicitó que esta gestión se ejecutara lo más pronto posible”, refirió Miño Morales.
Luis Alfonso Miño Morales resaltó que ‘conocía las graves consecuencias si no se cumplía con esa orden’, pues la institución podía gestionar la suspensión de su partida. “Sospeché que podía salir de la institución”, dijo el exservidor tras afirmar que fue ‘coaccionado para ejecutar el desvanecimiento de esa glosa’.
Lo que resta en el caso Celu es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se debata la posible existencia de nulidades procesales y, de declararse la validez de todo lo actuado, el dictamen fiscal contra el excontralor Pablo Celi. (I)
